A casi diez años del comienzo del primer juicio tras la caída de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y al cumplirse el 40° aniversario del Golpe de Estado de 1976, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó las estadísticas del proceso de verdad y justicia, que muestra entre sus principales saldos la condena para 669 personas y la absolución de otras 62 en 156 sentencias dictadas desde 2006. En porcentajes, ello significa que los sentenciados han sido 31 por ciento de todos los imputados (28 por ciento de condenados y 3 por ciento de absueltos). El 25 por ciento de todos ellos tiene sentencia firme.
Los datos, cerrados al 1° de marzo, fueron relevados por la Procuraduría, que está a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky, en base a la documentación remitida por los fiscales federales de todo el país que intervienen en estos procesos.
El informe se titula “A 40 años del Golpe, 10 años de justicia” y precisamente destaca la década de juicios ininterrumpidos, desde el comienzo del primero, en La Plata, el 20 de junio de 2006, en el que se juzgó y condenó tres meses más tarde al ex comisario Miguel Etchecolatz, y el celebrado a partir del 28 de junio en la Capital Federal, en el que resultó condenado Julio Simón, “el turco Julián”. Fue en la causa “Simón/Poblete”, en la que la Corte declaró por primera vez inconstitucionales las leyes de impunidad en 2005.
El proceso, destaca la Procuraduría en el informe, “ha logrado importantes avances en la atribución de responsabilidad por los delitos cometidos, pero también en la reconstrucción histórica de los hechos”.
También refiere que aunque los juicios “cuentan con un amplio apoyo social y han sido reconocidos a nivel internacional, algunos sectores de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del arco político han criticado la legitimidad pero también la legalidad de los procesos penales en curso”.
En ese sentido, subraya que los datos relevados “muestran que la mayoría de las críticas al proceso penal por estos crímenes, tal como han sido formuladas, no tienen correlato con un análisis exhaustivo del trámite de las causas y otorgan mensajes erróneos sobre el funcionamiento de este proceso”.
En cárcel, casa y calle
En efecto, de los 2.354 imputados –en 526 causas activas– se encuentran detenidos el 48 por ciento (1065 en total). Pero en la cárcel hay 590, otros ocho están en dependencias de fuerzas de seguridad, nueve en hospitales y de otros doce se carecen de datos, en tanto 446 cumplen la prisión en su domicilio.
“Estas cifras contrastan con algunas afirmaciones relativas a que se detiene a los imputados sin ningún criterio y sin excepción”, sostiene la Procuraduría, y añade al respecto: “La proporción de detenidos en el servicio penitenciario y en el resto de los lugares es 55-45 por ciento. A la luz de estas cifras no es correcto sostener que la detención en cárceles se produce automáticamente sin tomar en cuenta las circunstancias del caso”.
En libertad hay 909 personas imputadas, es decir, el 36 por ciento; otras 57 están prófugas (3 por ciento); 312 fallecieron (13 por ciento) y sobre 11 casos se carece de información (1 por ciento).
Por otro lado, explica la Procuraduría, “no todo imputado llega a ser procesado”, pues la estadística demuestra que en el 13 por ciento de los casos investigados en la etapa de instrucción (132), los jueces no encontraron mérito para dictar el procesamiento y en otro 3 por ciento (28 casos) decidieron excluir completamente a los imputados de la investigación, lo cual “parece indicar que la investigación sólo continúa en aquellos casos para los que existen indicios claros de su participación en los hechos delictivos”.
Los juicios que vendrán
Entre tanto, 370 causas aún no han obtenido sentencia. En ellas hay 876 procesados, a 132 se les dictó falta de mérito, 28 fueron sobreseídos, 26 han sido recientemente indagados y 250 están denunciados/imputados por su presunta participación en los crímenes.
De aquellas 370 causas, 113 esperan juicio oral y público, de las cuales sólo cuatro tienen fecha de inicio programada para abril, mayo, septiembre y octubre en los tribunales federales de Resistencia, Tucumán, Paraná y la Capital Federal, respectivamente.
Uno de los diagnósticos reiterados por la Procuraduría tiene que ver con que el ritmo de sentencias por año “tiende a ralentizarse”, pues entre 2012 y 2013 se registró un pico de 25 sentencias en cada uno de esos años y en 2014 y 2015 la cifra bajó a 21 y 20, respectivamente. Este año se registraron, hasta ahora, dos.
No obstante, el ritmo de las investigaciones no parece detenerse, puntualiza, pues “entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 registramos 77 imputados nuevos”, lo cual “continúa ampliando el universo de sujetos imputados en primera instancia” y “es un indicio más de que debe acelerarse el ritmo de celebración de los juicios”.
Judiciales y empresarios
El juzgamiento de civiles representa un “desafío”, plantea la Procuraduría. Mientras se aguarda el próximo lunes el desenlace del juicio al empresario transportista Marcos Levin en Salta, otros 18 empresarios están siendo investigados en todo el país. Sólo dos de ellos han sido condenados en Olavarría (por aportar su quinta como centro clandestino de detención), hay otros nueve procesados y a otros cinco se les dictó sobreseimiento o falta de mérito, entre ellos al dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y el director de La Nueva Provincia, Vicente Massot.
La categoría de “civiles” también está compuesta por funcionarios judiciales: en todo el país, 54 personas integran por ahora ese universo: “Más de la mitad de los imputados se encuentran actualmente procesados (54%), mientras que un número significativo (34%) se encuentra bajo las primeras medidas de investigación”, señala el informe. Sólo dos fueron condenados, el ex secretario Víctor Brusa (luego juez) y el ex juez Manlio Martínez.
