Casi diez años después del incendio intencional a la Alcaidía Mayor en Rosario, donde fallecieron Miguel Ángel «Sapo» Saboldi, Darío Escobar y Guillermo Benavente, la fiscalía federal a cargo de Javier Arzubi Calvo pidió indagar a cuatro uniformados que, en aquel entonces, cumplían funciones en la dependencia policial, a lo que el juez federal Marcelo Bailaque accedió.
Se trata del comisario principal Carlos Rubén Arce, el comisario inspector Omar Dal Lago -quien se encuentra condenado por un caso de gatillo fácil-, el oficial principal José Alfredo Soria y el oficial inspector Gerardo Héctor Malpassi, quien acaba de firmar un abreviado a tres años de cárcel por connivencia con narcos.
El hecho
El 12 de abril de 2013 se produjo un incendio intencional en el pabellón 3 de la Alcaidía Mayor. De los 38 internos, 11 terminaron con lesiones y 3 de ellos fallecieron. Saboldi y Escobar murieron por asfixia por enrarecimiento con gases tóxicos y disminución de oxígeno, mientras que Benavente sufrió una falla multiorgánica por disminución del oxígeno en el aire respirado. El resto de las víctimas fueron identificadas como Cristian Chiasa, Lucas Sandoval, Elías Cáceres, Jonatan Balmada, Nelson Díaz, Sergio Roldán, Walter Ascencio, Carlos Mingolo.
La investigación recayó en la Justicia provincial, más precisamente en el Juzgado de Instrucción 8ª. Tras un largo peloteo entre el fuero ordinario y la Justicia federal, la Cámara de Casación Penal resolvió que sea el último fuero el que intervenga en el caso. En 2016 el caso quedó en manos del Juzgado Federal 4°, a cargo de Marcelo Bailaque.
El informe pericial de Bomberos Zapadores determinó que el incendio fue intencional y, según la fiscalía federal, hay elementos para sospechar que existió falta al deber de cuidado y a la observancia de la guarda, seguridad y preservación física de los internos por parte del personal policial, por lo que pidió la indagatoria.
De la investigación surgió que las llamadas entrantes y salientes registradas no coinciden con los horarios declarados por el personal interviniente, por lo que no se pudo establecer con certeza cuál de las llamadas avisó sobre la existencia de una reyerta y la solicitud de auxilio del celador al comisario principal y el pedido de asistencia de bomberos y el entonces Grupo Especial Antimotines (Geam)
A ello, sumaron que un mes después, cuando se hizo la inspección, el lugar estaba modificado por tareas de remoción, limpieza y reparación, y que la causa del incendio pudo estar relacionada un foco iniciado con un encendedor o fósforos sobre colchones.
El informe pericial sumó que en los pasillos además había elementos que no debían estar ahí y propiciaron el fuego, como freezer, anafe eléctrico, colchones, ropa. Las instalaciones eléctricas eran muy precarias y los colchones eran de poliuretano o goma espuma, material que liberan químicos que ocasionan consecuencias trágicas en la población carcelaria y el personal penitenciario. Dijo que no solo el fuego es mortal sino también la combustión que el fuego genera en este tipo de colchones.
A lo que agregó que la red de incendios no funcionó correctamente, no eran suficientes los matafuegos, no había registros sobre la capacitación al personal sobre el uso de matafuegos, ni de simulacros de evacuación de pabellones en caso de incendios. El penal además no cumplía con las normas técnicas penitenciarias homologadas por Iram.
La fiscalía entendió que independientemente del modo en que el fuego se inició, la responsabilidad que se atribuye a los uniformados radica en las conductas que éstos debieron haber desarrollado con anterioridad al evento para prevenir el siniestro.
Arce y Dal Lago estaban citados para prestar declaración indagatoria ante Bailaque este miércoles 8, mientras que los otros dos fueron citados para el jueves 9. Pero, según dijo la viuda de Saboldi, Norma Acosta, en el programa Trascendental que se emite por LT8, Dal Lago se negó a ser trasladado desde su lugar de detención, mientras que Arce no se presentó.
Gatillo fácil
El 6 de enero de 2014 Michel Campero fue asesinado en Granadero Baigorria. Omar Guillermo Dal Lago y su hijo Omar Jesús fueron condenados en 2021 a 15 años de prisión por el crimen durante una persecución ilegal luego del robo de una moto donde lo balearon y montaron un falso enfrentamiento. La Cámara Penal confirmó la sentencia a fin del año pasado.
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Por su parte, Malpassi fue apresado en 2021, cuando era jefe de la comisaría 10a, junto con cinco subalternos, y el pasado lunes aceptó su responsabilidad penal como coautor de abuso de autoridad, falsedad de documento público y privación abusiva de la libertad, por lo cual fue penado con tres años de cárcel por connivencia con la banda narco de zona norte conocida como Los Pimpis.
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