Por: Ivy Cángaro / www.dataclave.com.ar
Un hijo llama por teléfono a su madre anciana. Ella no contesta. Él insiste. Nada. Entonces recurre a la policía, que entra a la casa. La mujer está tendida en el piso del patio, sobre un charco de sangre y con un puñal atravesado en su garganta. En una de las paredes se lee una frase escrita con lápiz labial: «Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”.
La escena, que parece tomada de una película de terror, sucedió hace pocas horas en Córdoba y fue el epítome -o aún no- de una escalada de violencia que hace sinécdoque en una familia desde hace casi medio siglo.
El 25 de septiembre de 1979 una patota del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba secuestró, torturó y asesinó a Ricardo Fermín Albareda Kalemberg, un subcomisario de la misma repartición. Estaba casado con Susana Beatriz Montoya, la mujer apuñalada este fin de semana. La historia, a veces, se ensaña con volver.
En la casa de Susana no faltaba nada. Había desorden, como si buscaran algo o como si quisieran mostrar ira, pero el crimen no tiene que ver con un robo y, además, un ladrón de poca monta que asalta a una jubilada no se toma el trabajo de escribir amenazas con carmín, casi del mismo modo que lo hacían las patotas de la Triple A o las paraestatales de la dictadura. Tampoco hubo cerraduras forzadas: los tipos tocaron timbre y ella abrió, desprevenida, como haría cualquier jubilada en su casita de barrio humilde, sin pensar demasiado en que el mal andaba rondando desde hacía rato.
El hijo de Susana y Ricardo, el que llamaba por teléfono y no tenía respuesta, es Fernando Albareda, un militante de H.I.J.O.S Córdoba que desde la agrupación bregó por justicia por su padre y tantos más que corrieron la misma suerte. En 2012 el TOF1 de Córdoba condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez; al jefe de la policía de Córdoba, coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos; al subdirector de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, comisario César Armando Cejas; y al ex agente Hugo Cayetano Britos; a 16 años de prisión fue condenado el ex cabo de policía Miguel Ángel Gómez por ser responsables del asesinato del subcomisario Ricardo Fermín Albareda en el Centro Clandestino Casa de Hidráulica a la vera del Lago San Roque.
En el juicio un testigo que esa noche de horror ofició de guardia en «Casa de Hidráulica» narró que luego de someterlo a sesiones de torturas físicas y psíquicas el jefe del D2 Rául Pedro Telleldín, «Sacó un bisturí, le cortó la bragueta del pantalón y le dijo a Albareda: ´Usted camina por el peso de las ´bolas. Se las voy a cortar. Y te vas a ir al cielo’. Y le cortó los testículos” le introdujo los testículos seccionados en la boca de la víctima y se la cosió.
El testigo siguió contando que tras la sesión de torturas, golpes y humillaciones, donde “pusieron música a todo lo que daba para tapar los gritos”, Telleldín, los hermanos Carabante, Britos y Romano comieron un asado fuera del Chalé, mientras Albareda se desangraba. Luego de dos horas, el testigo manifestó que vio que arrastraron el cuerpo de Albareda, a quien no conocía pero que luego los Carabante se lo comunicaron, “como una bolsa de papas” hasta un auto. Antes de irse, Telleldín le ordenó que limpiara “la sangre bien con lavandina”. “Y cumpli”, recordó el testigo, quien reconoció haber “visto muchos detenidos y muchas cosas que la mente humana no puede creer. La gente no valía nada, que no fuera nada”.
«Te vamos a juntar con tu papito»
Fernando Albareda, además de integrar H.I.J.O.S es parte del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende de Derechos Humanos de la Nación y de la Organización Internacional de Migrantes (OIM) de Córdoba, órgano dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Durante los últimos años se encargó, entre otras cuestiones, a dar charlas y seminarios al personal policial provincial acerca de la defensa de los DDHH.
Fernando se encontró con Adriana Britos, la hija de Hugo Cayetano Britos, uno de los asesinos de su padre. Ambos se conocieron durante el juicio y en agosto de 2023 se juntaron en el espacio donde funcionaba el centro clandestino de detención D2 . En esa sala del infierno es donde la vida de estas personas confluye dejaron un testimonio conmovedor de encuentro y comprensión que puede verse aquí:
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No fue la primera vez que recibió aprietes, pero si fue el más contundente, sobre todo por la reivindicación de la dictadura que hacen algunos militantes e integrantes del gobierno. “Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, sobre todo, durante el juicio oral que llevó a la cárcel a los asesinos de su padre.
“Nos metimos en el nido de víboras de la Policía de Córdoba, el temible D2, pero esta amenaza cobra otro tenor. Las balas y el tipo de mensaje le hacen presumir que esto viene de un lugar mucho más cercano de lo que podía imaginar. Viene de la Policía”, dijo en diciembre.
Menéndez, que murió en prisión en 2018, fue condenado a perpetua junto a Ernesto «El Nabo» Barreiro por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino «La Perla», muy cerca de Villa Carlos Paz y del sitio lindero al Lago San Roque, donde fue visto Ricardo Albareda por última vez.
La esposa de Barreiro, Ana Maggi, es una de las firmantes de la carta que en diciembre de 2023 publicó el diario La Nación pidiendo por el indulto a los genocidas presos, tal como aseguran les prometió la vicepresidenta Victoria Villarruel. La acompañaron con sus firmas Cecilia Pando y Lucrecia Astiz, la hermana de Alfredo, el «Angel Rubio», a quien seis diputados visitaron en prisión la semana pasada.
Además, el 23 de marzo y el en Círculo Militar Maggi, una activa militante por la libertad de los criminales, estuvo junto a Cecilia Pando y otras mujeres familiares de genocidas, se fotografió en camaradería con el Ministro de Defensa, Luis Petri. Por lo que pensar que hay un aval para cierta metodología de la dictadura en algunos integrantes de este gobierno no pareciera ser un disparate.
El 24 de marzo, un día después del encuentro de Petri con las familiares de represores, en Córdoba se realizó un homenaje a Ricardo Albareda, en el que se le otorgó un «ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior», le restituyeron el legajo laboral a su esposa, Susana Beatriz Montoya y a su hijo Fernando Albareda, y el pago del 100% del “subsidio por fallecimiento” que dispone la Ley.
Cuatro meses después, Susana Montoya apareció asesinada en su casa, un mediodía de sábado, y bajo un cartel que decía: «Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”. Pensar que la violencia de estos tiempos es solo digital y promovida por cuatro adolescentes que no tienen nada que hacer, es minimizar un universo de rotos y nostálgicos que tienen o sienten que tienen zona liberada para pasar a la acción directa. Los discursos de odio del mismo presidente; los millones provistos como gastos reservados a la nueva SIDE -con todo el peso simbólico de esa sigla recuperada-; la propuesta de Patricia Bullrich y Luis Petri para que las Fuerzas Armadas procedan en tareas patrullaje, control de personas y de vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia; no ayudan a pensar que los tiempos de violencia son cosa del pasado y que el crimen de Susana Montoya es cosa de «locos sueltos».
