Jorge Bragulat**
La pandemia puso sobre la mesa el tema del cuidado, especialmente de las personas adultas mayores. El envejecimiento de la población mundial es visible. La esperanza de vida aumentó 5,5 años en el mundo entre los años 2000 y 2016.
En Argentina, en 1969 era de 66,22 años y pasó en 2019 a 76,9 años según la OMS. Pero este organismo señala que los años vividos con plena salud son de 68,4 años. Por lo tanto, sin hacer grandes estudios, la deducción lógica es que, entre los 76,9 años de la esperanza de vida y los 68,4 de estar en plena salud, las personas necesitarían teóricamente del cuidado.
A ese dato lo tenemos que combinar con otra situación: la baja del índice de natalidad. ¿Y esto qué tiene que ver? Que el cuidado de la persona mayor dejó de estar en manos de la familia, que es la que históricamente lo hizo, especialmente en las grandes ciudades porque las familias son menos numerosas y no hay quién se haga cargo.
Convengamos que ese cuidado familiar recaía en la mujer, como un trabajo no remunerado y no visibilizado. La conquista de derechos y la incorporación masiva de la mujer al trabajo en general, acelera la reformulación del cuidado transformándolo rápidamente en una actividad ajena al grupo familiar, sobre todo en las familias de ingresos medios y altos.
Aparece, entonces, el cuidado como una actividad que se mercantiliza de varias formas comenzando, como en muchos casos, a través de un trabajo informal del tipo “cuentapropismo” en el domicilio de la persona mayor y que es realizado, casi siempre (por no decir siempre), por una mujer en condiciones laborales precarias.
Al Estado le impacta este fenómeno desde distintos ángulos. Por un lado, debe preguntarse qué es lo que debiera hacer por aquella persona jubilada que necesita del cuidado. Y esto lo debe pensar como un tema de salud pública.
Es decir: ¿qué es lo que debería promover y acordar con las obras sociales cuando cualquier afiliado necesita del cuidado? Pero, por otro lado, le impacta también desde el derecho laboral.
Debe proteger a los trabajadores que ejercen esa actividad del cuidado, además de reglamentarla y profesionalizarla para poder así desarrollar una buena capacitación y educación de forma de garantizar la mejor calidad del trabajo.
Ese cuidado “artesanal” va pasando del espacio domiciliario al espacio compartido a través de las llamadas residencias.
Formas de atender el cuidado
1–A cargo del Estado, cuando forma parte de la atención de la salud pública. En este caso el ciudadano tiene un derecho a partir de una legislación y está cubierto, presuntamente, por los aportes que ha venido haciendo a la Seguridad Social (u obra social) que le da esta prestación; como ocurre en Italia, aunque aquí el Estado, en general, no lo hace en forma directa con empleados públicos sino que contrata esos servicios a través de una licitación.
Y es en Italia donde las cooperativas tienen una incidencia importante y son adjudicatarias de muchas licitaciones. Son las llamadas Cooperativas Sociales que se dedican al cuidado de personas adultas en domicilio o mediante residencias. También al cuidados de niños y niñas en la primera infancia (de 0 a 3 años).
2–A cargo de personas individuales o de empresas privadas, cuando ni el Estado (ni las obras sociales) cubren este tipo de prestaciones. La forma privada puede organizarse, a su vez, de tres maneras diferentes.
Mediante un contrato particular entre cuidador/a – cuidado/a. Esto da lugar a una relación “despareja” entre quien contrata el servicio y quien es contratado.
En este caso existe mucha informalidad laboral y un servicio que puede tener discontinuidad por ausencia momentánea de quien cuida. Esto hace que las familias estén permanentemente pendientes de situaciones imprevistas que deben resolver. Intentando superar esta dificultad y sabiendo que el cuidado es una actividad económicamente rentable, “el capital” se organiza entonces en empresas lucrativas.
Quien trabaja en ellas tiene una relación de dependencia con la empresa, la que se compromete a dar un servicio de cuidado con continuidad. La distribución geográfica dispersa de todos estos trabajadores en domicilios privados hace difícil la defensa de tipo gremial, como lo señala la asesora para asuntos internacionales de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Adriana Rosenzvaig.
No es lo mismo la defensa de trabajadores que están dentro de una fábrica que la defensa de los trabajadores dispersos. Y esa precariedad laboral influye en la calidad de atención que tensa una relación y que termina en maltrato.
Como este espacio económico “es un negocio”, se desarrollaron empresas multinacionales que prestan el servicio e invierten en residencias cuyo precio sólo puede ser soportado por familias de altos ingresos.
En esta pandemia, en España ha salido a la luz que la atención de estas empresas no se adaptó para enfrentar situaciones de emergencia: toda mejor atención implica un incremento de los costos que disminuye los beneficios.
La empresa francesa Domusvi factura anualmente 1374 millones de euros, el 40% de esa recaudación proviene de España. Allí posee 156 residencias de ancianos y opera, además, en la atención domiciliaria, salud mental y discapacitados.
3–A cargo de cooperativas de trabajo. En este caso las personas trabajadoras son las dueñas, por lo que prestarán más atención a las tareas porque trabajan para sí y para el grupo al que pertenecen.
Aquí no hay dueños ni tampoco relación de dependencia. Se trata de un trabajo autogestionado y de responsabilidad grupal. El reparto de los ingresos será equitativo y el conjunto decidirá en asamblea la forma de la redistribución a cada uno.
Quien se enferma y no puede hacer su tarea será reemplazado por otro asociado. En este tipo de cooperativas están asociadas mujeres que pasan de una situación laboral precaria a tener una organización propia.
Pasar de una relación sumisa a tener la protección de la entidad cooperativa a la que pertenecen no es algo menor en cuanto a la autoestima que eso genera, transformando su ocupación precaria en un trabajo digno.
En Argentina este tipo de emprendimientos cooperativos tiene mucho futuro, especialmente en las ciudades pequeñas y medianas. Por un lado, genera ocupación posible ya que hay mucha demanda y genera ingresos en sectores que están precarizados.
La conformación de estas cooperativas no es complicada, no se requiere capital monetario al inicio, sino conocimiento del tema y calidez para atender. Hay un movimiento interesante de cooperativas y grupos pre-cooperativos ya existentes, que se estima podrían ser un poco menos de 50, que han constituido una red para coordinar e intercambiar saberes.
Como ejemplo se puede mencionar a la más antigua, organizada en 2001 por un grupo de mujeres en Resistencia, Chaco, llamada Soltrecha y otra, la más grande, de Mar del Plata, donde están asociadas 125 personas que son las dueñas y todas trabajan.
Al conversar con las dos presidentas, cualquiera podría darse cuenta del sentido de pertenencia que tienen, del trabajo digno que hacen, de la autoestima que desarrollaron, de la protección que les da la cooperativa, de la excelente calidad del servicio que brindan, de la evolución económica que efectuaron.
Quien tiene relación de dependencia en su trabajo se autolimita por el condicionamiento que tiene, lo cual termina impactando en su forma de ser. En la cooperativa todos expresan su pensamiento y su voto decide en la misma proporción que todos.
Un plan de acción
Es el momento de crear este tipo de cooperativas en Argentina. En la provincia de Chubut y en la de Buenos Aires, por ejemplo existen. En esta última, la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos (de la que participan alrededor 140 cooperativas que brindan el servicio de electricidad en sus pueblos o ciudades), está promocionando a las cooperativas de cuidados para la atención de sus asociados.
Lo hace con el apoyo técnico de la Federación de Cooperativas de Trabajo y con el soporte académico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. A todo ello se suma que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) implementó una política pública para la promoción de este tipo de cooperativas lo cual debería dar como resultado una expansión visible su número.
Hay que dejar en claro que no sólo éste es el momento sino que es necesario que se lo haga antes de que el cuidado esté sometido al negocio del capital y sea visto como una gran oportunidad de ingresos porque hay mercado seguro.
Hay que defender el trabajo digno que sólo lo dará la cooperativa de trabajo y evitar que esos ingresos sean transferidos fácilmente al capital o, peor aún, transferidos al capital extranjero que está al acecho buscando oportunidades de inversión, en especial cuando el tipo de cambio lo favorece.
**Director del Centro de Estudios de la Economía Social. Untref
