Por Ricardo Ragendorfer
Muy contenta lucía, el 17 de junio de 2017, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca, cuando anunció el decomiso de dos toneladas de cocaína y el arresto de 13 personas (siete mexicanos y seis argentinos). Junto a ella posaban, con sendas sonrisas de oreja a oreja, su segundo, Eugenio Burzaco, y el jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia. Allí justamente se mostraba a la prensa la prueba de la infamia: 1.800 ladrillos de droga, embalados en ocho cilindros de acero. Este detalle hizo que el operativo fuera bautizado con el criterioso nombre de “Bobinas Blancas”.
Luego saltó a la luz que semejante hazaña era en realidad una “entrega vigilada” –tal como se le llama al acto de monitorear a hurtadillas la ruta de un cargamento hacia su destino final– y que detrás de la misma se encontraba la Drug Enforcement Agency (DEA). Tampoco fue un dato menor que el enlace entre dicho organismo y las autoridades argentinas fuera el agente polimorfo Marcelo D’Alessio, ahora procesado por espionaje ilegal y extorsiones varias.
A tales peculiaridades se le sumó una insólita derivación: el asesinato de un procesado, tras obtener su excarcelación por razones médicas. Se trataba de Rodrigo Alexander Naged Ramírez, de 59 años, quien fue fríamente ejecutado –al igual que su hijo, John Naged Aguilar, de 30– por un killer cuya identidad continúa siendo un misterio.
Al respecto, en la actualidad se desarrolla el juicio a la única sospechosa por el doble crimen. Ella es la abogada Julieta Bonanno, quien ejercía nada menos que la defensa de don Rodrigo.
El minutero de una pesadilla
Corría la mañana del 11 de mayo pasado cuando arrancó, en forma virtual, la sexta jornada del juicio a Bonanno, por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) Nª 8. Su rostro –el único, entre los presentes, con barbijo– se asomaba desde uno de los rectángulos del zoom sin otra gestualidad que un leve parpadeo.
Quizás, mientras declaraban los testigos, su mente repasara la cadena de eventos que la habían anclado en semejante situación. Esa mujer tenía 26 años a fines de 2015, cuando obtuvo su diploma en la Universidad de Morón. A partir de ese momento se volcó al Derecho Penal, atendiendo a dealers de poca monta desde el estudio que improvisó en la casa de su madre, situada al oeste de Ituzaingó.
En tales circunstancias, a través de un cliente que cumplía una condena en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) 1, de Ezeiza, se contactó con los muchachos de “Bobinas Blancas”. Y tres de ellos –Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y el ya mencionado Naged Ramírez– terminaron por contratar sus servicios.
Éste último, sindicado por la prensa como “cabecilla” del grupo, era un colombiano con años de residencia en México (y pasaporte de ese país), quien en realidad fue enviado a la Argentina para acondicionar la droga en aquellos cilindros, tanto en Bahía Blanca como en un playón del pueblo mendocino de Perdriel, al sur de Luján de Cuyo, para su posterior traslado hacia Canadá.
A tal efecto, había llegado a Buenos Aires el 12 de mayo de 2017, acompañado por dos cómplices. Su detención ocurrió casi cinco semanas después en un departamento alquilado en la calle Olga Cossettini al 1100, de Puerto Madero. El siguiente paso del tipo fue designar a Bonanno para su defensa.
Tal salto en su incipiente carrera, hizo que ella acariciara el cielo con las manos. De hecho, en los pasillos del Departamento Judicial de Morón empezó a darse dique por ser “abogada de un importante cártel mexicano”, aunque en este punto acostumbraba a ser imprecisa, dado que a veces decía que era el de Jalisco y otras, el de Sinaloa. También exhibía dos celulares –un iPhone 6 y un iPhone 8 Plus dotados con un sistema de encriptación muy sofisticado–, no sin afirmar que tales aparatos se los habían facilitado los mismísimos jerarcas de tal organización.
Meses más tarde comenzó a rumorearse que Naged Ramírez amasaba la idea de acogerse a la figura del arrepentido, algo muy de moda por entonces en las causas impulsadas por el régimen macrista.
Pero no pudo ser: el 16 de enero de 2018 aquel hombre sufrió un ACV. Internado primero en el Hospital Penitenciario de esa unidad penal, los buenos oficios de Bonanno lograron que fuera trasladado a una clínica privada. Allí, una junta médica estableció que, debido al daño neurológico que presentaba, su capacidad cognitiva le impedía entender la razón de su procesamiento. De modo que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, suspendió la imputación en su contra y lo dejó en libertad, aunque sin poder salir del país.
En vista de tal situación ocurrió el arribo desde México de su hijo, John, para velar por él. Y alquiló un departamento en el décimo piso de un edificio situado sobre la avenida Cabildo al 2600, del barrio de Belgrano.
El 4 de junio se precipitaron los acontecimientos.Ese lunes, Bonanno fue a allí para prestarle al cliente unos 20 mil pesos, porque él no había recibido aún un giro desde México.
Eran las 21,33 –según las cámaras de seguridad que había en el hall– cuando ella trató por primera vez de comunicar su llegada por el portero eléctrico. Pero en vano.
Al minuto, repitió el intento. También en vano.
Entonces, se dirigió hacia la cochera donde había dejado el auto para buscar su celular. Detrás de ella caminaba un individuo que lucía una campera gruesa con capucha. Eran las 21,35.
Dos minutos después, celular en mano, la abogada volvió para esperar otra vez en la puerta. Al cabo de unos segundos, se produjo la reaparición del encapuchado, quien se detuvo detrás de ella, sin tocar los timbres del portero eléctrico. Bonanno tampoco lo hizo. Ni dio indicios de advertir esa presencia a sus espaldas. Simplemente manipuló el teléfono para hacer una llamada.
Así permanecieron por cinco minutos. Hasta que, del edificio, salieron dos siluetas. La primera se desplazaba dificultosamente con un andador; era Naged Ramírez; más atrás estaba su hijo.
Mientras ellos saludaban a Julieta, el encapuchado se les adelantó para entrar al pallier e ir hasta el ascensor, el cual no se movió de la planta baja hasta el ingreso de los otros tres.
A las 21, 46, la cámara del pallier registró al encapuchado cuando salía del elevador para ir hacia el portón vidriado del edificio.
Los tres minutos transcurridos entre su ingreso y ese instante le habrían bastado para reducir a los Naged, antes de liquidarlos en el departamento –con dos certeros tiros en sus cabezas–, además de–presumiblemente– encerrar a la abogada en el lavadero.
Pero, en el momento del repliegue, se topó con un problemita: no tenía las llaves para salir del edificio. De manera que regresó al décimo piso.
Dos minutos después apareció nuevamente en el pallier con unas llaves entre los dedos. Sin embargo, no eran las que necesitaba. Aquel impedimento precipitó su segunda vuelta a la escena del doble crimen.
Lo cierto es que el sicario recién pudo abandonar el edificio a las 22,30. El motivo que demoró su salida por 41 minutos aún no ha sido establecido por los investigadores.
No menos cierto es que, al rato, un operador del 911 atendió la llamada de Bonanno. Se la oía titubeante; así soltó:
–No sé. Entraron y empezaron a los tiros. A mí me encerraron…
–¿Hay alguien más ahí?
–Sí… Están muertos. Ay… ¡Por favor! –dijo, antes de romper en llanto.
–¿Qué pasó, señora? –insistió el operador.
–Fui a ver a mis clientes. Entró uno y empezó a los tiros. Están muertos los dos –fueron sus palabras, antes de llorar otra vez.
Los efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron allí a las 22,46. Unos minutos después lo hizo la médica Natalia Lasarte, del Same. Ella certificó las muertes con suma rapidez, y se retiró.
Cuatro días después, la abogada pasó de testigo a única procesada por aquellos dos asesinatos. Desde entonces está alojada en el CPF 4, de Ezeiza.
El peso de la ley
Por conexidad con el expediente de “Bobinas Blancas”, esta pesquisa quedó a cargo del juez federal González Charvay. Éste la elevó a juicio a principios de 2020, siendo la hipótesis más sólida del doble crimen «un encono surgido por la posibilidad de que Nagued Ramírez se acogiera a la figura de “arrepentido”.
Cabe destacar que, por el momento –dado que la acusada aún no quiso declarar ante el TOF Nº 8–, se ignora en qué condiciones estuvo “encerrada” en el lavadero durante la ejecución del narco y su hijo, y de qué manera logró liberarse para llamar al 911.
Tampoco la favorece un viaje que, en mayo de 2018, efectuó a México y República Dominicana, por razones de trabajo y placer, dado que, en el país azteca, se habría entrevistado –según la especulación de los investigadores– con una alta dignataria del narcotráfico de ese país, apodada “La Tía”.
Por esos días, la abogada concertó por vía telefónica una cita con John Nagued y su padre para la mañana siguiente en Puente Saavedra. El problema es que ella les hablaba desde la República Dominicana. Claro que, al respecto, los fiscales Marcelo Colombo y Miguel Vivoff, deberán demostrar que –así como sospechan– dicha cita en realidad era una celada para ejecutarlos allí.
Por lo pronto, este asunto generó la desconfianza de John hacia ella. Eso lo sugiere un chat con su novia (inmediatamente posterior a tal plantón), cuya captura de pantalla la aportó un testigo de identidad reservada, Allí manifiesta: “M tiene muy maluco, parece que esta vieja –tal como en México se les dice a las mujeres de cualquier edad– nos estuviera entregando. Es muy capaz de hacer muchas cosas malas sólo por ella quedar bien”.
A esos elementos se le sumó, ya con el juicio oral en marcha, el peritaje sobre los celulares encriptados de Bonanno, realizado –a cambio de casi 10 mil dólares– por la compañía israelí Cellebrite. Así habrían salido a la luz, además de documentos y fotos, unas 1.200 conversaciones. Tales elementos aún no fueron expuestos por la fiscalía, pero–según una fuente vinculada al caso– incluirían hasta intercambios “hot” entre “La Tía” y Bonanno.
Palabra de abogada
En diálogo telefónico con Télam, Bonanno refutó las pruebas en su contra.
“¿Cómo me acusan de querer matar a Alexander –fue su arranque–, si yo le salvé la vida con su traslado desde el Hospital Penitenciario hacia la Clínica de Monte Grande? Además, está acreditado que me extralimitaba en mi tarea de abogada al prestarle plata y asistiéndolo en todo lo que estaba a mi alcance. La verdad es que no merezco este calvario.
–Doctora, ¿su cliente estaba por declarar en calidad de arrepentido?
–No era tan así. Era su estrategia para ganar tiempo. Y, eventualmente, salir en libertad. O que le morigeraran la preventiva con prisión domiciliaria. Él ya no tenía edad para estar preso. Estaba muy angustiado por eso. Él venía de la época de “Pablito” Escobar, y no quería estar más en la cárcel.
–¿Cómo explica su cercanía física con el sicario, mientras aguardaban que las víctimas bajaran para franquearles el ingreso al edificio?
–Le juro que no me di cuenta. Ni siquiera crucé una palabra con él. Vea, yo soy muy colgada. Y me quedé paveando con el celular.
–¿Por qué el sicario habría decidido perdonarle a usted la vida?
–Ni idea. Eso me lo sigo preguntando.
–¿Cómo salió del lavadero en el cual el sicario la había encerrado?
– Mire, eso lo voy a contar oportunamente ante el tribunal.
– ¿Quién es “La Tía”?
–Ni idea. Me endilgan contacto con esa mujer, cuando yo, en México, solo me entrevisté con la esposa de mi cliente y su abogado de allí, el doctor Abraham. Con nadie más. En realidad fue un viaje de descanso.
– ¿Y por qué, desde la República Dominicana, hizo una cita con John Nagued para el día siguiente, estando obviamente imposibilitada de concurrir?
–Bueno, muchas veces los clientes te piden que estés todo el tiempo a disposición de ellos. Y llega un momento en el cual les decís cualquier cosa. Yo tenía esa costumbre: les decía ‘ahora voy’, y eso al final no era así.
El juicio en tiempos de pandemia
Al día siguiente Bonanno presenció desde una oficina de la cárcel el juicio en su contra. Y guardó silencio durante todo el debate. En la ocasión se presentó a declarar la médica Lasarte, la misma que había acudido al lugar del hecho para certificar las muertes de Rodrigo Alexander y John Nagued, mientras Julieta transitaba sus últimas horas en libertad. Ahora, la testigo apenas recordaba su paso profesional por aquella circunstancia. Y su declaración fue breve.
Antes de que la presidenta del TOF, Gabriela López Iñíguez, dispusiera el final de la audiencia, Bonanno pidió la palabra.
– Su Señoría, estoy “engomada” (tal como en la jerga penitenciaria se le dice al confinamiento en las celdas de castigo).
Y prosiguió:
–Por capricho de las autoridades de la unidad, me sacaron del pabellón y fui a parar a los “buzones”. Le pido que interceda por mi situación.
La jueza le prometió tomar cartas en el asunto. El destino de la doctora Bonanno entró así en un cuarto intermedio.
