Chile vivirá este sábado y domingo unos comicios históricos y diferentes por dos aspectos: será la elección de los delegados que escribirán una nueva Constitución y además designarán, por primera vez, gobernadores regionales y alcaldes en un proceso que, también de manera inédita, durará dos días para evitar aglomeraciones por la pandemia del coronavirus.
Las elecciones debían realizarse el 10 y 11 de abril pasado, pero a último momento fueron postergadas porque justo en ese momento el país se acercaba del pico de contagios de la segunda ola y a un nuevo casi colapso de sus terapias intensivas.
Costó postergarlas, pero finalmente todo el arco político apoyó, no solo por el dramático momento sanitario, sino también porque todos coinciden en la importancia especial de esta cita electoral.
El presidente Sebastián Piñera calificó a estos comicios como «una jornada electoral muy trascendente para el futuro de Chile e inédita en la historia de nuestro país», cuando promulgó la reforma constitucional que permitió desdoblar la elección de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales a dos días, el pasado 14 de marzo.
Este proyecto, según el propio Piñera, buscó promover que adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas y personas con discapacidad que «decidan ir a votar lo hagan con una clara preferencia, pasando directamente al primer lugar de la fila».
El desdoblamiento de la elección intentó, además, «asegurar un mayor distanciamiento físico y evitar aglomeraciones, protegiendo la salud de los ciudadanos que concurran a votar».
Desde el gobierno también destacaron que esta vez los ciudadanos necesitarán más tiempo a la hora de votar debido a la gran cantidad de cargos a elegir.
El director del Servicio Electoral de Chile (Servel), Andrés Tagle, aseguró esta semana que las mesas de votación estarán abiertas entre las 8 de la mañana y las 18 horas (entre las 9 y las 19 de Argentina) tanto el sábado como el domingo para que las más de 14 millones de personas habilitadas puedan ir sin amontonarse.
Una de las preocupaciones del gobierno es que la complejidad y amplitud de la elección desmotive la participación en un país donde, por ejemplo, solo el 48% del padrón votó en la segunda vuelta presidencial de 2017, en la que fue electo para una segundo mandato Piñera.
En total, el próximo fin de semana se pondrán en juego más de 15.400 candidaturas de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales.
La elección más importante, sin dudas, será la de los 155 miembros que compondrán la Convención Constituyente, encargados de redactar la próxima Carta Magna que reemplazará a la de 1980, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet y aún vigente en el país, aunque con algunas modificaciones aprobadas en democracia.
Para la convención constituyente, hay varios frentes inscriptos.
Por la oposición hay dos: el llamado «Apruebo Chile Digno» y conformado por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Igualdad y el Partido Progresista; y el conocido como «Que Chile Decida», integrado por el Frente Amplio, el Partido Liberal, Comunes y Revolución Democrática.
Todos estos partidos estuvieron a favor de crear una nueva Constitución y reemplazar la actual pinochetista.
Desde el oficialismo también crearon un frente: «Chile Vamos por el Apruebo» con los tradicionales conservadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli y el Partido Regionalista Independiente (PRI).
En este caso, no todos rechazaron la creación de una nueva Constitución. La ex ministra de Educación Marcela Cubillos, por ejemplo, al salir del gabinete anunció su candidatura para llevar algunas reformas de la actual Carta Magna a la convención.
Uno de los principales temas a discutir en la futura convención constituyente, donde se requerirán dos tercios de los votos para aprobar cada artículo, será un nuevo sistema de pensiones, que sustituya al actual, severamente cuestionado por los chilenos y que fue creado por el hermano del actual presidente, el economista José Piñera, en noviembre de 1980.
Otros temas que seguirá la ciudadanía con especial atención serán una mejora sustancial en el acceso al sistema educativo, mayores reivindicaciones para las etnias mapuches y reformar el sistema de salud para que más personas puedan acceder de forma gratuita.
El oficialismo se juega mantener el control de las decisiones políticas o ver más mermado su poder.
Por ejemplo, la coalición oficialista Chile Vamos cuenta con la mayoría de municipios (144) y también con una mayoría en el Senado (21), pero es minoría en la Cámara de Diputados, de mayoría simple opositora (82).
Con este escenario, el oficialismo chileno busca ganar al menos un tercio de los 155 convencionales constituyentes (más de 77) para poder marcar la agenda dentro de la convención y así, tener el poder político de aprobar o descartar temas durante las sesiones.
Este objetivo se ha venido complicando para los partidos de gobierno debido a las erráticas decisiones que ha tomado el mandatario respecto a medidas sociales para apoyar a los más afectados por la pandemia, como lo fue, la crisis desatada, incluso dentro del oficialismo, por el retiro de fondos adelantados del sistema privado de pensiones.
Este rechazo al tercer retiro del 10% de las AFP hizo que el presidente Piñera anotara un nivel de aprobación de apenas un 9% y de desaprobación del 74%, según la más reciente encuesta CEP, publicada el pasado 29 de abril.
Aunque esta elección está atravesada por temas estructurales para el futuro del país, la coyuntura actual de la pandemia sin dudas estará presente en la mente de cada votante.
El oficialismo de Piñera tiene para revindicar una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo en términos de cantidad de habitantes, pero arrastra dos picos de la pandemia, uno el año pasado y otro hace solo unos meses, que llevaron al país al borde del colapso sanitario y a situaciones de extrema tensión.
