El asesinato de Rodrigo Carlos Sánchez fue uno de los capítulos más espectaculares de la disputa que mantienen Los Monos y Esteban Alvarado, una guerra en que las acciones se materializan en la calle y las órdenes son digitadas desde distintas unidades penitenciarias. Sánchez, que tenía 43 años y era la mano derecha de Alvarado, fue acribillado el 19 de marzo de 2020 a bordo de una camioneta en una esquina de Fisherton.
El crimen comenzó a develarse dos meses después con la imputación de un hombre acusado de robar el Renault utilizado para cometer el ataque. Ahora los fiscales decidieron imputar a uno de los posibles sicarios, el apodado Cepe. Este villagalvense escuchó la acusación en su contra desde una celda de la cárcel Piñero, donde se encuentra en prisión preventiva por dos causas posteriores al homicidio. Una huella dactiloscópica y un peritaje balístico fueron la principal evidencia en su contra.
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Sánchez conducía una Toyota Hilux color gris por calle Wilde. Era el mediodía del jueves 19 de marzo de 2020 y cuando llegó a la esquina de San Lorenzo el conductor Renault Logan rojo se le cruzó. Dos encapuchados bajaron y lo acribillaron a tiros. Tenía 44 años y, a pesar de no estar acusado formalmente, los investigadores lo sindicaban como la mano derecha de Alvarado, un veterano ladrón de autos con causas en la Justicia federal por tráfico de drogas y en la provincial como jefe de una asociación ilícita que usaba empresas para el lavado de dinero y para cometer diversos delitos como el secuestro seguido de muerte de un prestamista. En los papeles, Sánchez era empleado de una de las sociedades anónimas, Santino SRL. Con este entramado, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos quedaron a cargo de la investigación de la ejecución de Sánchez.
La pesquisa incluyó entrecruzamientos de información con la Justicia federal y una extensa toma de declaraciones. Pero los investigadores se enfocaron en el Logan. Ese mismo día, encontraron el auto usado por los homicidas en Ezeiza al 700, casi esquina Magaldi. También sabían que del Logan bajaron cuatro encapuchados que huyeron tras subirse a otro auto, cuyo conductor los esperaba.
El 18 mayo de 2020 los fiscales imputaron como partícipe a Héctor Luis Brezik, de 40 años, por haber robado el Logan cuatro días antes del atentado. La víctima fue un remisero. En su denuncia en la subcomisaría 22ª, el hombre contó que pasadas las 18 del 15 de marzo recibió un llamado de un local de comidas de avenida San Martín al 3800. Ahí subió el pasajero, un hombre pelado, de más de 30 años y alto. El destino era Magaldi al 9000. El remisero no alcanzó a estacionar que ya estaba encañonado, el mensaje del falso pasajero fue que le avisara a su empleador que le pagara lo que le debía. La víctima bajó y también entregó su celular. Al cruzar información y analizar las cámaras de seguridad de la pizzería, los investigadores dieron con una causa en la Justicia federal sobre una organización que cometía delitos similares.
Desde entonces este hombre se encuentra en prisión preventiva. Su hermano es Jonatan “Gordo” Brezik, un narco que purga condena en el penal federal de Resistencia, donde supo recalar Ariel “Guille” Cantero durante su periplo por distintos penales nacionales. Es la investigación provincial se señala que Jonatan mantenía diálogo fluido con Celestina Contreras, la madre de Guille, cuyo nombre, el del líder de Los Monos, a su vez sobrevuela la causa Sánchez como posible instigador por la mención de su alias: “Anteojitos”.
De las evidencias se desprende que el crimen por encargo de Sánchez fue una represalia por el intento de asesinato de Mariana Ortigala, cometido seis días antes en Roldán. La mujer y su hermano son testigos clave que comprometieron con sus declaraciones a Alvarado. Ortigala recibió cuatro disparos pero sobrevivió. Esta mujer, según la investigación, envió por WhatsApp un video con imágenes del ataque a Pablo Camino y a Otniel Almonte de León, ambos miembros de Los Monos, en pro de que identificaran a los atacantes.
Dani y el Cepe
Casi dos años después, Edery y Schiappa Pietra desglosaron evidencia para acusar a Rodrigo Nicolás “Cepe” Benítez, un joven de 29 años que se encontraba preso desde el 5 de abril de 2020 por haber sido detenido en Villa Gobernador Gálvez con una pistola en plena cuarentena. Por entonces ya constaba en un informe forense que una huella dactilar extraída del Logan utilizado para matar a Sánchez pertenecía a él. Los fiscales citaron además informes que lo señalan como un ladero de Héctor Daniel “Gordo Dani” Noguera, un pesado de Villa Gobernador Gálvez vinculado con la banda Los Monos de cuyo teléfono se extrajeron imágenes que lo muestran junto a Cepe.
Gordo Dani saltó a las crónicas policiales a principios de 2020 a raíz de casos de extorsiones a comerciantes y las disputas territoriales de su banda con los soldados de Ariel Carlos “Jerry” Gaeta, un transero de renombre muerto a balazos el 5 de agosto de 2020 durante una emboscada en Savio al 2500, crimen por el cual Dani se encuentra imputado como instigador. Otros cargos en su contra son dos hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de guerra, además de participar en el crimen del hijo de la secretaria del Partido Justicialista villagalvense Martín Sebastián Bertón, cometido el 19 de febrero de 2020 en San Juan 1800 de Villa Gobernador Gálvez, cuando llegó junto a otras tres personas y mientras la víctima bajaba de su auto le dispararon al menos 40 veces. Y el tiroteo del frente de la casa ubicada en calle Monte Hermoso al 1000 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, donde habita un familiar de Jerry, perpetrado esa misma noche.
Las vainas de una pistola calibre 11.25 secuestradas frente a esta casa de calle Monte Hermoso fueron percutadas por una de las dos pistolas utilizadas para matar a Sánchez un mes después, señala un peritaje de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Cepe ya había aparecido en las páginas judiciales el pasado 4 de febrero, cuando el fiscal Patricio Saldutti lo imputó por haber mandado a matar un muchacho a un muchacho que se había negado a vender drogas para una banda con asiento en Villa Gobernador Gálvez. Según esa imputación el 26 de septiembre de 2021 monitoreó a través de una videollamada los movimientos de dos soldaditos (ya imputados y presos) que emboscaron a la víctima cuando ésta había ido a comprar marihuana a un búnker de una zona ribereña. El joven sobrevivió a un balazo en la pierna, pero debió abandonar la vecina localidad y ser sometido a una nueva vida bajo el programa de protección de testigos.
En la audiencia la Fiscalía solicitó la extensión de la medida cautelar ya que Cepe Benítez se encuentra con preventiva por la acusación anterior. La jueza Valeria Pedrana tuvo por formalizada la audiencia imputativa por homicidio agravado y dispuso la detención preventiva efectiva, tal como la venía cumplimentando.
