“Las empresas promocionan el servicio 4G cuando en realidad ni siquiera se puede completar una llamada por teléfono”, sentenció el titular del Concejo Municipal, Miguel Zamarini. Con ese tono transcurrió, ayer, la segunda reunión del año entre ediles, representantes del Ejecutivo a nivel municipal y provincial, asociaciones de consumidores y, otra vez contra las cuerdas, representantes de las cuatro compañías que brindan servicio de telefonía móvil en la ciudad: Movistar, Personal, Claro y Nextel. Y entre las pocas cosas que parecen haber quedado en limpio del encuentro en el Palacio Vasallo es que los usuarios seguirán padeciendo dificultades en el servicio: aunque ya deberían estar preparando la infraestructura para el servicio de cuarta generación (4G), de las 54 antenas que el año pasado se evaluó que hacían falta y las empresas se comprometieron a instalar, en la ciudad sólo estarían en trámite avanzado los pedidos para instalar 20 –11 de Claro, 8 de Personal y 1 de Movistar– y en concreto sólo una estaría en servicio. Pero se siguen vendiendo líneas.
“Nuestro criterio y los estudios realizados nos hacen pensar que, en realidad, el problema está en la falta de inversión por parte de multinacionales que ganan fortunas a costa de un servicio que cada vez es peor”, sostuvo Zamarini.
En la reunión con los representantes de las telefónicas, además del edil socialista participaron su par del Peronismo Solidario, Carlos Cossia; el titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Alberto Muñoz; el responsable del Programa Antena de la Municipalidad, Juan Carlos Furch; el delegado regional de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Iván Durigón, y el titular del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, Juan Marcos Aviano, entre otros.
Según trascendió, en la reunión quedó claro que el tema de la telefonía celular en Rosario tiene un debate en forma de caracol: los usuarios se quejan de la mala calidad; las entidades y el Estado emplazan a las empresas; estas aducen que faltan antenas pero no las pueden instalar por las restricciones en vigencia por parte del Estado, y todo vuelve a los usuarios, esta vez por la ventana del activismo anti-antenas. Pero mientras tanto, se siguen incorporando clientes y, con una infraestructura ya sobrepasada, la calidad del servicio no hace otra cosa que caer.
“Si uno tiene un avión con capacidad para 100 personas, no puede pretender que entren 200. Esto ocurre con la telefonía celular, donde se ganan cifras exorbitantes de dinero y se invierte mucho menos”, graficó por su parte el director de Comercio Interior de la provincia, Leonardo Gianzone, también participante del cónclave.
“Si ustedes hacen una campaña contra la rabia recomendando vacunar a perros y gatos, la gente va y los vacuna. Pero, ¿quién hace una campaña para decirle a la gente que las antenas no hacen daño?”, expuso, palabras más palabras menos, el representante de una de las telefónicas, aprovechando la presencia del edil Cossia, un reconocido veterinario.
Las réplicas fueron inmediatas, aunque los representantes del Concejo y del Ejecutivo municipal también se comprometieron a trabajar en conjunto para allanar el camino para las antenas cuya instalación cumple con la normativa vigente. Incluso, según trascendió, podrían revisar también ésta, atendiendo a una serie de modificaciones propuestas por las telefónicas en una de las tres reuniones similares que se realizaron en 2013. De igual modo, no dejaron de recordar que las empresas no habían insistido en el planteo.
De cualquier modo, lo cierto es que al tema, que ya venía con apuro –las telefónicas, junto a la EPE y Aguas Santafesinas vienen recurrentemente ocupando primeros puestos en los reclamos de usuarios y consumidores a la Defensoría del Pueblo– se le suma ahora otro alcance. Es que con la licitación de los servicios de telefonía móvil de cuarta generación, que amplían las prestaciones de los teléfonos inteligentes, deberían estar a disposición de los usuarios a fines del año que viene en todas las capitales de provincia y en las urbes más grandes del país, lógicamente Rosario entre ellas. Y no parece posible con la lógica que se viene evidenciando en los encuentros, que con el pasado, en mayo de este año, y el de ayer suman cinco, cada uno con compromisos de una y otra parte.
“Nosotros hemos cumplido con cada uno de ellos en todas las reuniones realizadas. Quienes están en falta, evidentemente, son las empresas”, planteó Zamarini.
Con todo, en la reunión también surgió una vieja pelea legislativa, que sigue pendiente: “Nosotros insistimos hace tiempo con la declaración de la telefonía móvil como servicio público. Es el mejor modo para que las empresas dejen de hacer lo que quieran sin regulación alguna y a costa de las cifras onerosas que pagan los ciudadanos”, advirtió Zamarini. El tema ahora podría tener un nuevo giro con la discusión de la “ley Digital” en el Congreso nacional.
