Terminó una semana en la que el gobierno provincial tuvo que transpirar la camiseta en la Legislatura, donde consiguió un empate sobre la hora. El gobernador finalmente convocó a elecciones unificadas; la novedad del trámite es que un segundo decreto puso en aprietos al ácido secretario de Transporte de la Nación, que se preparaba para reclamar un espacio en la lista de diputados nacionales para una mujer y ahora deberá poner todo su esfuerzo para defender el pago chico. Mientras tanto, una ex leona a la que tres fuerzas distintas le ofrecieron ser candidata está muy cerca de alborotar la política. Y, además, ¿quién dijo que las tarifas no se tocan en un año electoral?
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¿La Legislatura puso en peligro la implementación de la nueva Justicia penal? Fue la pregunta más recurrente después de que el justicialismo aprobara 13 pliegos de defensores y fiscales sobre un total de 27 que estaban en juego en la Asamblea Legislativa.
Otros once fueron retirados por el gobierno “para dar mayor tiempo de estudio a los legisladores”. Y tres postulantes que cumplían holgadamente con requisitos y puntaje fueron rechazados por la mayoría opositora aplicando un criterio estrictamente político, y por tanto tan legal como arbitrario.
La demora es ostensible. Los pliegos analizados esta semana rindieron concurso en 2011. La demora para contar con esos nombramientos preocupa en distintos ámbitos.
Tanto el jefe del Ministerio Público Fiscal, Julio de Olazábal, como el juez de la Corte Daniel Erbetta destacaron la aprobación de estos 13 pliegos, pero dejaron sentada la preocupación por la extensión de plazos. Es probable que en los próximos días se escuchen más voces vinculadas con la vida judicial en el mismo sentido. La posibilidad de que la nueva Justicia penal se tranque en la Legislatura ya inquieta hasta a los indiferentes.
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El ministro de Justicia Juan Lewis dio pautas de cómo sigue la película para el gobierno. Destacó el rol de la Legislatura, “salvo algunas excepciones cuyo objetivo es boicotear los procesos de cambio”. Optimista, valoró que hay 45 pliegos en total aprobados y que no se está lejos de llegar al mínimo para poner a funcionar la nueva Justicia penal. Y sobre todo aclaró que los pliegos retirados serán reingresados en los próximos días “más otra tanda de concursados” en una defensa de los concursos y por encima de todas las suspicacias planteadas desde la oposición sobre supuestos favoritismos.
Ahora falta ver cómo sigue la película para la oposición, que es mayoría en la Asamblea. Allí no hay un único guión, por lo cual el resultado es impredecible. Sólo basta recordar que de los 13 pliegos aprobados el jueves ninguno tuvo dos resultados iguales porque cada subgrupo justicialista usó su propio criterio a la hora de subir o bajar el pulgar.
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Las negociaciones se vuelven duras y extensas en ese pantanal endiablado en que se convirtió la Legislatura para el gobierno. En la Asamblea del jueves, un sector de diputados justicialistas apostó a hacer naufragar todo. Otros, los que finalmente permitieron sacar los 13 pliegos (FPV, Movimiento Evita, sector sindical, PPS) fueron proclives a definir como criterio político que no se votaba a nadie que no hubiese sacado 60 puntos sobre 100 como porcentaje final y prometen mantenerlo como criterio. Los senadores del PJ jugaron en este último grupo.
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El viernes el gobierno provincial comunicó aumentos de agua y luz para recuperar los ingresos perdidos por la inflación.
La medida será muy debatida en las próximas semanas. Sobrarán posicionamientos contrarios al reajuste, como es de esperar, pero merece atención lo que diga el ente regulador de Assa, que por lo general tiene una mirada contrapuesta a la del ministro Antonio Ciancio.
La política del gobierno provincial es que progresivamente los ingresos por tarifa cubran los costos operativos, para que el Estado pueda abocarse a las inversiones en infraestructura.
Cuando se hizo cargo en 2008 de Aguas, la brecha entre gastos operativos e ingresos por facturación superaba el 50%. Los aumentos de los últimos años neutralizaron inflación y achicaron ese desfasaje, hasta que el año pasado ubicó esa relación en 80% ingresos propios, 20% subsidio.
Oposición y otros actores sociales demandan como contrapartida de los aumentos otro nivel de servicios y pasos que el Frente Progresista prometió cuando era oposición pero por distintas razones no pudo o quiso dar aún.
El oficialismo se defiende con argumentos atendibles: el descomunal atraso histórico de inversión en infraestructura; la desventaja con los subsidios que el Estado nacional vuelca en las empresas de Capital Federal y su área metropolitana y niega a las provincias; y altos niveles inflacionarios. Sin embargo eso no explica todo. Sólo el hecho de que no se avance en serio en colocar medidores de agua resulta inexplicable, porque además de hacer más sustentable el servicio ahorraría costos de tratamiento de agua cruda y hasta podría mejorar la recaudación.
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La otra decisión trascendente del gobierno fue la firma de dos decretos convocando a elecciones. La sorpresa fue el segundo, que llama a elecciones en la Municipalidad de Granadero Baigorria, territorio del secretario de Transporte nacional. Convocado a la Nación, el intendente Alejandro Ramos tomó licencia y en su lugar asumió el presidente del Concejo, que poco después fue reemplazado por la edila Romina Luciani.
La licencia de Ramos para ocupar un cargo nacional generó polémica en Baigorria. Hubo sectores que plantearon que la situación era irregular, postura ahora validada por los dictámenes jurídicos en los que se basó el gobierno provincial para cesar en el cargo a Ramos y convocar a elecciones de intendente.
Para el secretario de Transporte el llamado a elecciones es un contratiempo que lo pone en la obligación de bajar corriendo a revalidar títulos en el pago chico y relegar a segundo plano su pretensión de jugar en ligas mayores.
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Desde que Julio de Vido lo puso en la Secretaría de Transporte de la Nación, Ramos apostó a convertirse en referente del PJ santafesino. En ese camino vivió sinsabores, como cuando la presidenta lo desmintió o cuando Transporte fue traspasada al Ministerio del Interior, donde Florencio Randazzo no deja tocar nada que no haya pasado antes por él.
En tanto confronta sin filtro con el socialismo y le pelea espacios a otros grupos kirchneristas locales. Uno de esos espacios es la lista de diputados nacionales en la que pretende colocar “la mujer” que por cupo debe ir en los dos primeros lugares, en este caso el segundo.
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“La mujer” es Ayelén Stepnik. La ex leona en los últimos tiempos apareció relacionada con movidas del gobierno nacional a partir de sus vínculos con Ramos. La aparición de Stepnik en esos ámbitos no pasó desapercibida, ya que hasta ahora había sido cara visible de varios proyectos de deporte e inclusión de la Municipalidad de Rosario.
Como sea, parece haber llegado la hora para que Stepnik dé un salto más allá de su innata vocación por trabajar desde la esfera pública en favor del deporte como herramienta de inclusión social.
Ofertas no le faltan. Además del ofrecimiento del sector kirchnerista mencionado, analiza una propuesta del socialismo. Una tercera que le llegó desde el PRO la descartó de inmediato.
En menos de dos meses, Ayelén Stepnik tendrá que tomar decisiones muy trascendentes en su vida. El primero, si se desarropa de su condición de inolvidable, entrañable y carismática leona para calzarse el rígido traje de candidata; segundo, resolver en qué equipo juega, aunque esta decisión pareciera más fácil de definir que la primera.
