La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, juzgó este domingo que una futura ley contra el negacionismo de la dictadura no debe interferir en la libertad de expresión, pero sí debe penalizar «la destrucción, el ocultamiento» de la historia y una forma «mentirosa» de expresarse sobre ella de quienes ocupan determinados cargos.
«Lo que se debe penalizar es la destrucción, el ocultamiento y la forma de expresarse» de los funcionarios según el cargo que ocupen, señaló Carlotto en diálogo con Radio 10 y argumentó: «Acá no hubo guerra, acá hubo terrorismo de Estado, por ejemplo».
Durante su visita de esta semana a París, el presidente Alberto Fernández se comprometió ante organizaciones de derechos humanos a impulsar una ley contra el negacionismo de la dictadura, similar a la que está en vigor en Francia, que contempla penas para quienes nieguen públicamente crímenes de lesa humanidad.
La Ley francesa, creada para que no haya chances de que el Holocausto sea negado -en medio de una fuerte corriente negacionista en el país- también incluye condenas ante manifestaciones racistas, xenófobas y de odio.
«El que miente, el que oculta, el que destruye la historia porque le conviene está cometiendo un delito y ese delito tiene que ser penado», insistió Carlotto, quien puso como ejemplo «destruir archivos o esconderlos».
«Los desaparecidos son 30 mil o más, pero si alguien que tiene un poder político o representativo del pueblo dice que eso es mentira, o nos traten de mentirosas o locas, en democracia eso no se puede sostener de ninguna manera», declaró.
Carlotto consideró que los organismos de derechos humanos, el Inadi y la secretaría de derechos humanos deberán consensuar los alcances de un proyecto contra el negacionismo «para que no se interprete como una negación al derecho a expresarse, sino como un delito de ocultamiento de delitos gravísimos como fue el terrorismo de Estado».