Un mes antes de que la asesinaran, Diana Sacayán llegó a ver parte de su legado hecho ley: en la provincia de Buenos Aires, el cupo laboral travesti trans se aprobó en 2015. El travesticidio no permitió que Diana viviera para ver promulgada la ley que lleva su nombre. Es que recién en 2019 el Gobierno bonaerense la puso en marcha. A Diana la asesinaron el 11 de octubre de 2015. Tenía 40 años. La edad promedio que viven las personas travesti trans en Latinoamérica.
No es casualidad que esa expectativa de vida se mantenga en los años y las décadas: en Argentina, el 73 por ciento de esa población no tiene acceso a la educación básica, el 98 por ciento no tiene un trabajo formal y registrado y el 80 por ciento se encuentra en situación de prostitución como única alternativa para sobrevivir.
Como en la provincia de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa tienen sus leyes de cupo. Y en más de 50 localidades y municipios de todo el país existen ordenanzas que lo contemplan.
A nivel nacional el año pasado el gobierno nacional decretó el cupo laboral travesti trans para la administración pública. Fue con una publicación en el Boletín Oficial que los colectivos travesti trans y LGBT+ celebraron. Pero no es suficiente.
Por eso las organizaciones y colectivos LGBT+ y en especial el movimiento travesti trans exigen que este jueves se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins”, más conocido por la consigna Cupo Laboral Travesti Trans.
Este proyecto es el resultado de años de trabajo de la militancia y activismo LGBT+. En 2016 el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán presentó un proyecto en el Congreso Nacional que proponía que el 1 por ciento de los empleos de la administración pública nacional sea ocupado por personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. Perdió estado parlamentario y volvió a presentarse en 2018.
Fue la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Géneros y Diversidad, quien el año pasado lo retomó y convocó a varias reuniones virtuales en las que participaron organizaciones y activistas de todo el país. En esos debates se trabajaron los artículos de diversos proyectos que también habían presentado otrxs legisladores. La expectativa es que mañana lxs diputadxs le den media sanción.
“El decreto del Gobierno nacional fue una punta de lanza. Pero necesitamos que tome la forma de ley, que tenga respaldo y peso constitucional”, dice a Cosecha Roja Michelle Vargas. “Miya”, como la llaman sus amigxs y conocidxs, es una de las referentes trans históricas de Rosario e integra el Frente Federal Cupo Travesti Trans.
Para Miya que el decreto se transforme en ley tiene una importancia política de reparación pero también de resguardo de derechos: “Un decreto es mucho más sencillo de derogar que una ley. Y nosotras siempre lo pensamos a futuro: ¿qué pasa si después viene un gobierno conservador de derecha que no está a favor o no trabaja en construir derechos para los sectores más populares? Sería un retroceso. Por eso necesitamos que sea ley”.
De la misma manera, Victoria Stéfano, periodista trans de Santa Fe, considera que la ley le otorga otros marcos institucionales a las organizaciones “para defender esas conquistas, para que no sea algo que se lleve puesto una gestión y que se termine el 10 de diciembre de 2023”. “El cupo laboral travesti trans tiene que ser una medida que se sostenga en el tiempo y que garantice derechos para hoy y para siempre”, dice.
Pero en el Congreso nacional no todos los bloques están de acuerdo con la inclusión de los colectivos LGBT+. Algo que para el activismo travesti trans no es una sorpresa. “No es una novedad que la negativa venga de sectores políticos como Juntos Por el Cambio, la Coalición Cívica y el Radicalismo”, dice Miya y agrega: “Nos parece lastimoso que no entiendan que el cupo laboral tiene que ver con una causa de justicia social, de una reparación para un sector de la población que históricamente ha sido vulnerado del derecho al acceso al trabajo, un derecho humano básico para la calidad de vida de las personas”.
Para Stéfano, hablamos de sectores que “deciden sistemáticamente negarnos el acceso a los derechos”. Ella considera que hay que empezar a ponerles nombre. Y elige “la militancia del odio”. “Empezar a reconocerlos así es también saber tomar las distancias necesarias de esos discursos para construir otras visiones posibles de la sociedad, en el marco de la ampliación de derechos y saber quienes son nuestros aliados”.
Como recuerda Miya, “ninguna población se muere a tan corta edad”. “Y uno de los factores que influye fuertemente en este promedio de vida es la falta de acceso al sistema laboral. Eso nos termina dejando siempre en la marginalidad y en la ilegalidad”, dice. Estar al margen significa también no poder acceder a una vivienda, no tener cobertura médica ni aportes jubilatorios.
Que las travestis y trans puedan insertarse en el sistema, que tengan trabajo registrado también tiene una importancia simbólica y cultural.
“Creo que el cupo reconoce las capacidades que tenemos las personas trans y travestis como sujetas productivas y además reconoce la validez de nuestras existencias”, dice Stéfano.
“Que hoy haya un proyecto que se discuta en el Congreso nacional habla de un cambio cultural”, aporta Miya, pero también apunta que “falta un montón”. “Mientras estos cambios culturales se van dando dentro de diferentes ámbitos sociales de manera muy lenta, las compañeras mayores de 30 o 35 años siguen estando expuestas a un montón de situaciones de vulnerabilidad y de la falta de acceso a un montón de derechos”, dice.
En este sentido, ella insiste sobre la necesidad de que, una vez aprobada la ley, se cumpla. “Lo que termina pasando muchas veces con las leyes es que se diseñan para la ampliación de derechos pero a la hora de ejecutarlas no se llevan a cabo”, dice. Para Miya, hay una “distorsión” entre lo que cree la sociedad y la realidad que viven las travestis y trans.
Pone como ejemplo las leyes de Identidad de Género y de Educación Sexual Integral, que a pesar de que fueron aprobadas y promulgadas hace varios años, no se aplican en todo el país. “En el caso de la ley de Identidad de Género, lo que más cuesta es el cumplimiento del artículo 11 que habla de la salud integral de las personas travesti trans. Eso imposibilita muchísimo acceder a la salud”, dice.
Para Stéfano “este sistema excluyente ha producido históricamente sin las personas trans”. “Hoy nos empiezan a pensar como sujetas productivas y empiezan a pensar nuestras vidas desde una validación que hasta este momento no teníamos”, destaca.
“Necesitamos que el cupo laboral travesti trans sea sostenido en el tiempo, porque eso es lo que produce cambios sociales y otra mirada hacia los cuerpos travestis que hasta hoy somos considerades peligroses o cuerpos de consumo, y empiecen a reconocernos como sujetos de derecho”, dice.
