Una nena de 12 años fue había sido víctima de una violación, volvió a ser víctima cuando fue a un hospital porque se sentía mal y la médica que la atendió y comprobó que estaba embarazada decidió mentir sobre el tiempo que llevaba de gestación para que no le practiquen un aborto.
En Santiago del Estero no se aplica un protocolo de atención de los casos de aborto permitidos en el Código Penal desde 1921 y lo que ocurre en muchos casos es que profesionales de la salud que trabajan en el sector público operan para impedir las ILE.
La pequeña, de 12 años se llama María. Es cartonera y sufre violencia sexual desde pequeña. En su legajo del sistema de protección de niñez figuran denuncias desde los 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017. María quedó atrapada en una perversa trama que deja en evidencia como profesionales de la salud que trabajan en el sector público operan para impedir las ILE en Santiago del Estero: mienten sobre el tiempo de embarazo de las niñas y postergan la notificación del caso a las autoridades sanitarias de la provincia, para que la gestación sea cada vez más avanzada, y no quede alternativa que continuarla.
Los primeros días de abril se sentía mal y fue a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda junto con su mamá. A los pocos días le hicieron una ecografía y se comprobó que estaba embarazada. La referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, denunció que nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos ni le dieron información adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26).
La nena vive en condiciones de hacinamiento con su mamá, también cartonera, la pareja de ella, y dos hermanitos de 8 y 6 años, en una habitación muy precaria, que alquilan, en un barrio humilde de las afueras de La Banda, a unos sesenta kilómetros al norte de la capital provincial. No tienen agua potable. La mayor parte de su vida, María la pasó en instituciones alejada de su familia, como consta en el expediente del sistema de protección de la niñez provincial, que la volvió a desproteger. María es un nombre ficticio para proteger su identidad.
Según explicaron, la médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda demoró casi tres semanas en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de María que, dado que tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual. La medica sostuvo en su informe que María tiene transgresión alimentaria, “se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”. Aunque aclaró: “Ante la irregular situación de una menor embarazada, se dispone parte a la comisaría del menor y la mujer N°2”.
Cuando el Ministerio de Salud tomó conocimiento, la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación. El 7 de mayo fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios. En ese momento, constataron que la menor cursaba la semana 24 de gestación, y ahí se comprobó que mintieron sobre su estado.
Un tocoginecólogo especializado de la provincia le dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña. Pero un alto funcionario de Maternidad e Infancia alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, no era apropiada la práctica.
