La intendenta Mónica Fein presentó un proyecto para modificar la ordenanza 3745, en la que se contemplan las políticas públicas en torno a la temática de la discapacidad, durante un acto que tuvo lugar en el Salón Carrasco del Palacio de los Leones con la presencia de la directora de Inclusión municipal, Adriana Ciarlantini, y referentes de las organizaciones que integran el Consejo de Discapacidad y que participaron de la elaboración de la iniciativa.
El proyecto, que será enviado al Concejo a la brevedad para su tratamiento, tiene por objetivo avanzar hacia políticas más integrales tomando los conceptos, principios y objetivos que se desprenden de la Convención de Derechos Humanos sobre las personas con discapacidad. De concretarse su aprobación, Rosario será la primera ciudad del país que pone su normativa en sintonía con los acuerdos internacionales sobre la temática.
En este sentido, Fein destacó el trabajo realizado desde el municipio para acompañar el desarrollo de las personas con discapacidad y resaltó la necesidad de adecuar las normas a las nuevas concepciones para garantizar no solamente el derecho a la salud y a la prevención sino otros relacionados con “la movilidad, el trabajo, la ocupación del espacio público y también el derecho a la creación, a la cultura y al deporte”. Destacó que, de aprobarse, la nueva ordenanza le brindará mayor variedad de herramientas al municipio para asistir con becas y otras alternativas a los actores involucrados.
“Rosario ya era pionera con la ordenanza que tiene, que la verdad es que pensaba mucho en la salud de las personas con discapacidad. Hoy estamos enviando una ordenanza que incluye todos los derechos, para que el municipio pueda profundizar el acompañamiento, becar y promover aún más la inclusión”, sostuvo.
Por su parte, Adriana Ciarlantini destacó la importancia de la nueva normativa y la participación de distintas organizaciones para lograrla. “Con este nuevo paradigma tenemos que poder garantizar todos los derechos”, sostuvo la funcionaria, que también hizo un repaso sobre las distintas medidas llevadas adelante en la Municipalidad de Rosario en consonancia con lo que sostiene este nuevo proyecto.
En la ocasión, también se distinguió a las organizaciones que aportaron en la elaboración del nuevo cuerpo normativo. Entre ellas se encontraban Carlos Colere (Mucar), Lina Costanzo (Etnade), Noemí Sacchi (A Vida), Nilda Rossi (Applir), Claudio Halcovich (Sin Barreras) y Mónica Miras (NOB). La intendenta también aprovechó la oportunidad para entregarle un nuevo acordeón a modo de obsequio al joven músico no vidente Nahuel Aloma.
El camino recorrido
En los últimos cuatro años el municipio ha desarrollado múltiples acciones específicas en vistas a abordar la temática desde el paradigma internacional de los derechos humanos o el llamado “modelo social de la discapacidad”, según el cual todas las personas con discapacidad tienen derecho a participar de la vida en igualdad de condiciones con los demás.
Desde su inicio, la ordenanza municipal N° 3745 manifestó su posicionamiento desde el paradigma rehabilitador. Esto se demuestra desde el enunciado de su primer artículo, que resalta que el objetivo de la normativa es la “protección integral de las personas discapacitadas”, y que se tiende primordialmente a “asegurar a éstas su atención médica, su educación y seguridad social”.
Si bien estas metas no deben ser obviadas, sino por el contrario, deben asegurarse, profundizarse y universalizarse, no deben constituirse en los únicos y hegemónicos objetivos dentro de una política de Estado ni de los instrumentos jurídicos que las contengan.
Para salir de ese molde que centraliza el “problema de la discapacidad” en la persona, luego de largos años de lucha de las personas con discapacidad y de las instituciones que velan por sus derechos, se fue adoptado un nuevo modelo de abordaje al que se denomina “social”.
Una de las acciones que reflejan el avance del municipio hacia el cambio de paradigma fue el traslado de la Dirección de Discapacidad a la Secretaría General (anteriormente estaba bajo la órbita de la Secretaría de Salud Pública), con lo que el Ejecutivo local adopta un abordaje más integral de la temática, ya no desde un área específica, sino mediante la articulación de todas las áreas municipales en pos de garantizar el ejercicio de los derechos.