Juan Pablo Sarkissian
Tras los resultados de las recientes elecciones Paso, la sociedad argentina sufrió un cimbronazo del cual le cuesta reponerse. Por lo menos a aquella parte que no se pintó de violeta ni de amarillo.
En ese contexto, se conocieron, de manera superficial pero explícitamente, algunas supuestas medidas propuestas por La Libertad Avanza, fuerza política que obtuvo el 30% de los votos.
En efecto, en material laboral primero trascendió una fuerte poda de derechos contemplados en la ley de contrato de trabajo, como el aguinaldo o las vacaciones –más tarde relativizado–, y un cambio profundo en las jubilaciones y pensiones.
Lo que sí se conoció en los últimos días, en caso de que Javier Milei se imponga en las elecciones generales, es que el Ministerio de Trabajo bajaría, otra vez, a la categoría de secretaría y que sería absorbido por un nuevo ministerio denominado “Capital Humano”, un área que incluiría, además, a las carteras de Educación, Salud y Desarrollo Social.
Según información de dominio público la encargada de la tarea sería Sandra Viviana Pettovello, licenciada en Ciencias de la Familia y con varios posgrados y cursos en psicología, egresada de la Universidad Austral. Es también candidata a diputada nacional. En el pasado militó en la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y recientemente en Propuesta Republicana (PRO) como muchos otros de sus compañeros libertarios.
El cerebro de las reformas seria Miguel Ángel Punte, exnúmero dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint.
Como funcionario de Mauricio Macri, Punte ganó notoriedad por una afirmación, perfecta muestra de su mirada del mundo laboral, que puso los pelos de punta a la Confederación General del Trabajo (CGT). Dijo Punte: “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer”, naturalizando contrataciones y despidos. Esta frase, sumada al fracaso del “plan empalme”, cuyo objetivo era reconvertir planes sociales en empleo genuino, sentenciaron su suerte en la administración pública, en la que duró casi dos años como Secretario de Empleo.
Una indemnización que termina pagando el trabajador
En su plataforma de gobierno, Milei propone ligeramente una “modernización laboral”. Toma como ejemplo el modelo que implementó la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (UOCRA) con un esquema de seguros de desempleo con “mayor profundidad financiera” en reemplazo de la indemnización. Se refiere al “Fondo de Cese Laboral de la UOCRA”, una iniciativa que la gestión de Macri quiso impulsar.
El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12 por ciento del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el ocho por ciento a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
Sin embargo, el abogado laboralista Sebastián Serrano Alou tiene otra mirada: “Si se pierde el efecto disuasorio de las indemnizaciones desaparece la protección frente al despido arbitrario que ordena la Constitución Nacional. Reemplazar las indemnizaciones laborales, empezando por las que se establecen en caso de despido arbitrario, es todavía peor: implica establecer un seguro para el daño causado con dolo, o cuanto menos culpa grave, con toda intencionalidad o por falta total de cuidado. Intentando ser gráfico con un ejemplo extremo, sería el equivalente a establecer seguros que liberen de responsabilidad a conductores que quieran manejar sus vehículos luego del consumo de alcohol”.
Y agrega: “Los empleadores que incumplen no son víctimas. Estas personas, a veces físicas pero muchas también jurídicas, suelen tener juicios luego de quedarse con parte de los sueldos, con parte o todos los aportes y cargas sociales, además de las indemnizaciones, o por no haber cuidado la vida y la salud de las personas que trabajan, para luego de varios años tener que afrontar una condena que ordena pagar una suma cada vez más devaluada.
Quien se presenta como la víctima es en realidad el victimario, ya que es inmensurable el daño y el riesgo que representa para las personas trabajar sin ser registradas, sin cobertura médica, ni por obra social ni por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), mientras el empleador abona el salario que quiere, normalmente muy inferior al que corresponde por ley, al tiempo que elige qué derechos cumplir o no (ejemplo: si otorga y paga vacaciones, si paga aguinaldo, si respeta los descansos, etc.), sin aportar ni un peso a todo el sistema de la seguridad social. Este apunte no es mínimo, ya que si finalmente pudiera hacerse de una indemnización aquel trabajador precarizado jamás podría compensar los años que estuvo (y estará) él y su grupo familiar sin ningún tipo de cobertura médica ni aportes jubilatorios ni beneficios sindicales, ni mucho menos las penurias que tuvo durante el tiempo de la relación precarizada”.
Una situación de extrema precariedad entre los trabajadores adheridos a UOCRA
En relación a modificar el régimen actual de jubilaciones y homologar para todos las y los trabajadores aquel que tiene la Uocra, Serrano Alou dice: “Las indemnizaciones que deben pagarse en un juicio no son el fin perseguido por las personas que trabajan: lo que quieren es tener trabajo con derechos y no perder ni lo uno ni lo otro. Un ejemplo de cómo impactan en la realidad de las personas que trabajan las propuestas de seguros, o sistemas que liberen a los empleadores de las consecuencias de los despidos arbitrarios, podemos verlo en el ámbito de la construcción”.
Y remarca: “La normativa vigente en esa actividad, que es producto de una dictadura del siglo pasado, establece un sistema por el cual el empleador va ingresando a una cuenta bancaria una suma de dinero (porcentaje del salario) en forma mensual, la que cubre en caso de despido los costos del mismo; algo similar a lo que sucede en caso de pagar mensualmente un seguro que cumpla la misma función. Esto ha generado una situación de extrema precariedad entre los trabajadores de esa actividad, quienes tienen presente, y a diario, la amenaza de despido, ya que nada cuesta a los empleadores excluir de la empresa a quienes reclaman por sus derechos, desde el registro de la relación hasta el pago correcto de salarios, pasando por el cuidado adecuado de su vida y su salud en una actividad con tantos riesgos y exigencias psicofísicas”.
Según Serrano Alou, las propuestas superadoras en materia laboral son otra cosa: “Una sería cumplir de la mejor manera con lo constitucional de «protección contra el despido arbitrario», estableciendo un sistema de estabilidad, como el que estuvo vigente durante los peores momentos de la pandemia de covid 19 (sin que por ello quebrara ninguna empresa), donde quien no tendrá un temor psicológico será la persona que trabaja, mientras que los receptores de trabajo no pensarán en términos puramente económicos la extinción de una relación laboral”.
“Otra sería poner en vigencia la cláusula constitucional que establece “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”, generando una relación donde las personas que trabajan se sienten parte de la empresa y contribuyen de la mejor manera para el éxito de la misma, ya que el beneficio es compartido”. Y agrega: “También puede pensarse en cómo lograr que existan realmente «condiciones dignas de labor», con una nueva ley de accidentes y enfermedades del trabajo, que gire en torno a la prevención, para un mejor cuidado de la vida y la salud de las personas que trabajan, en lugar de un negocio para empresas de seguro dedicadas al negocio financiero. Y porqué no bregar para que la actividad económica a la que aportan su trabajo las personas cuente con una «organización sindical libre y democrática», que sea una herramienta para realizar, conservar y acrecentar los derechos que se vienen enumerando y otros igualmente importantes. Ni más ni menos que lograr la vigencia del artículo 14 bis, que está en la Constitución Nacional desde hace muchas décadas, intentando remplazar la que el pueblo trabajador tuvo en 1949”.
En un complejo escenario político, económico y social; las cartas están servidas. Sepa (sepamos) elegir. O, mejor, decidir.
