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Una mujer al volante en el Poder Judicial

El Servicio Público de la Defensa incorporó una chofer a la Defensoría penal rosarina. Esta determinación es parte de las medidas que se están implementando en el organismo en busca de una transversalización de la perspectiva de género

La Defensora Provincial Jaquelina Ana Balangione designó a Lucía Morande como la primera chofer del Poder Judicial. La mujer se desempeñará en la sede rosarina del Servicio Público de la Defensa y quedó asignada al cargo tras una minuciosa selección y entrevista de un tribunal evaluador que tuvo en cuenta un informe de la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad para elegirla.

Balangione destacó como altamente conveniente las cualidades personales y profesionales de la postulante, quien se encuentra próxima a obtener el título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es colaboradora en asignaturas de Derecho Penal y cuenta con vasta experiencia en lo que respecta a participación en equipos de trabajo. Su incorporación se orienta a continuar fortaleciendo el trabajo del Programa de asesoramiento integral y acompañamiento de personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad en la Provincia de Santa Fe, al tiempo que tiene virtualidad suficiente para romper con estereotipos de género arraigados -como el de chofer de un organismo público-, y favorecer la paridad de género y la construcción de una sociedad más inclusiva y justa, aseguró.

El sistema de acceso a justicia en general, y la defensa penal en particular, en las últimas décadas se han visto atravesados por un cambio de paradigma “género sensitivo”. Este giro viene dado por una serie de reformas normativas que integran el Sistema Convencional de Protección Integral de las Mujeres y de las personas LGBTTI+, entre las que cabe mencionar especialmente a la Ley Micaela. La obligatoriedad de capacitación en perspectiva de género y violencias de todo el personal del Estado ha significado una de las principales transformaciones del siglo XXI, que conlleva el reconocimiento de las desigualdades sociales estructurales basadas en el género y la adopción de un enfoque de diversidad sexual. Desde el Servicio Público de la Defensa Penal continuamos recorriendo el camino iniciado por Carmen Argibay, que es la transversalización de la perspectiva de género dentro de las distintas áreas del Poder Judicial, tanto en lo que refiere a su composición, como a su mapa y a su mirada, cuenta en un comunicado.

Esta medida se suma a la implementación y capacitación del organismo en política de género que se refleja en el número de funcionarias con que cuenta la Defensoría Pública Penal, que busca la transversalización de la perspectiva de género y camina hacia la paridad y el empoderamiento de las mujeres, contó. A ello sumó que el Servicio Púbico de la Defensa fue pionero en el ámbito judicial y estatal en capacitación en llevar adelante su labor con perspectiva de género y en la aplicación de la ley Micaela.

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