Esta semana se realizó un juicio oral contra una mujer en situación de calle y madre de siete hijos que hace un año intentó robar una bicicleta y desde entonces se encuentra detenida y separada de sus pequeños. Pese a su estado de extrema vulnerabilidad y de tratarse de un delito menor que no llegó a concretarse –por el que la ley dispone distintas alternativas– el caso fue llevado hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía agravó lo más que pudo la imputación penal y pidió dos años de cárcel efectiva. Mientras que el dueño de la bicicleta no aceptó reparación económica por daño moral ni ningún otro tipo de conciliación. Antes y durante el juicio, distintas organizaciones civiles señalaron el exceso de punitivismo y la falta de perspectiva de género por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al resaltar el ensañamiento con el que fue perseguida penalmente la acusada por el simple hecho de ser mujer y pobre. Este viernes, la jueza Hebe Marcogliese dará a conocer su veredicto.
Arresto civil y castigo
El juicio contra Natalí, de 35 años, comenzó este lunes, dos días antes de que la mujer cumpliera un año entero privada de la libertad por intentar robar una bicicleta. Ese hecho ocurrió a las 14 del 3 de junio de 2020 sobre peatonal San Martín, entre Rioja y San Luis, y duró segundos, ya que el dueño de la bicicleta observó la secuencia y retuvo a Natalí, con maltratos verbales, hasta que llegó la Policía.
El fiscal Gastón Ávila tipificó el hecho como “robo calificado por vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”, y pidió dos años de prisión efectiva.
Esa imputación fue uno de los ejes del debate dentro del tribunal, pero también afuera, por el encono con el que fue perseguida la acusada a la hora de buscar el mayor castigo posible ignorando la situación de vulnerabilidad, abandono y pobreza que padece.
En ese sentido, lo que podría haber sido calificado como una tentativa de hurto simple, y resuelto con un criterio de oportunidad como salida alternativa al conflicto, fue llevado hasta un juicio oral con la calificación más gravosa posible. Una persecución que no es ingenua ya que de concretarse dejaría a la mujer cinco años presa, porque se le computaría con una condena por un hecho que tampoco llegó a cometer y por el que en 2019 le dictaron tres años de prisión condicional.
Esa situación fue planteada en el debate por la defensora pública Andrea Siragusa, quien además se opuso a la calificación del fiscal por cuestiones técnicas: puso en duda que para tomar la bicicleta la mujer haya roto un candado y también el agravante de “vehículo” tras aclarar que para el código penal, vehículo es aquel objeto que dispone de un mecanismo de producción autónoma de la fuerza, para su movimiento por sí mismo y sin la intervención directa de un agente externo: “No es vehículo, por lo tanto, no puede achacarse el agravante”, sostuvo.
La defensora calificó de irrazonable e infundado el pedido de pena de dos años, mencionó que la mujer hace un año que está presa por un hecho que no guarda proporcionalidad con el tiempo del encierro, solicitó que el caso sea juzgado con perspectiva de género y pidió la absolución y libertad de Natalí.
Enemigos los pobres
Planteos similares ya se habían escuchado antes de que el caso de Natalí llegara a juicio oral. Anoticiadas de la situación de la mujer, con un deterioro pronunciado tras un año de encierro, la ONG Mujeres Tras las Rejas junto a la Asociación de Pensamiento Penal presentó un escrito al fiscal Gastón Ávila dándole cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad de Natali, y pidiéndole “racionalidad” en el uso del poder punitivo y la búsqueda de una alternativa para resolver el conflicto. No hubo respuestas.
Bernardette Blua, una de las abogadas que realizó la presentación dijo que “esto parece un juicio de una clase acomodada contra esta chica que es claramente pobre”, lo que resumió como juicios de clase y de género.
“Planteamos la cuestión de género porque Natalí estuvo toda la vida discriminada y sufrió las vulneraciones que lamentablemente sufren un montón de mujeres de barrios empobrecidos: Es hija de una familia monoparental, nunca conoció a su padre, vivió en el hogar del huérfano, con lo que fue ese lugar, de los 8 a los 12 años. Desde los 12 años, siendo una niña básicamente, quedó librada a su suerte y vive en situación intermitente de calle lo que la coloca en un ambiente de mucho desamparo”, mencionó.
Luego refirió el proceso de des-subjetivización que sufrió Natalí y la ausencia de instituciones donde ella pueda referenciarse y otras situaciones de crudeza como sus hijos a cargo de abuelas maternas y paternas.
Violencia institucional
Una vez comenzado el juicio, la Asociación de Abogadas Translesbofeministas La Colectiva presentó un Amicus Curiae (Amigos del Tribunal) ante la jueza Marcogliese, quien lo admitió. Se trata de una opinión imparcial sobre un tema específico que se le da al tribunal –con reconocida competencia en el tema– para que tenga en cuenta a la hora de resolver.
Las abogadas resaltaron el exceso de punitivismo en llevar el caso a juicio oral, y la desproporcionalidad de la acusación y el pedido de pena. En ese sentido mencionaron el altísimo costo que representa la celebración de un juicio oral y público en un contexto en el que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos cuando se podría haber alcanzado una salida alternativa ya que se trata de un hecho donde hubo ausencia de perjuicio económico y de violencia hacia las personas.
En ese sentido mencionaron “que la pobreza es un factor que ha impactado en Natalí” y que en su acusación, el fiscal “demuestra una flagrante violación a las normas de derecho más elementales y pone de manifiesto una grosera insensibilidad por parte de los operadores de justicia a los múltiples factores de vulnerabilidad que en razón del género y la clase social atraviesan la vida de Natalí y su familia”.
Al respecto dijeron que “su condición de mujer, pobre, a cargo de siete hijos, fueron invisibilizadas al momento de decidir sobre la causa penal que la tiene como imputada en franca contradicción a las mandas internacionales que imponen a los Estados la obligación de aplicar medidas sustitutivas al encarcelamiento preventivo”. Esa decisión la definieron como una situación de violencia institucional.
Vanesa Vargas, una de las abogadas de La Colectiva, dijo que acompañaron el escrito con más de 250 firmas de mujeres y disidencias para pedir la libertad de Natalí. Y agregó que “cada vez que se toma una decisión, es política. Cuando se decide acusar a unos sí y a otros no, son decisiones políticas”, concluyó.
La juzgaron por ser pobre y tres años después la absolvieron
Entró a dormir por el frío y lo detuvieron por intentar robar un inodoro
