Nouryon es una química transnacional con sede central en Amsterdam, Países Bajos, y una de sus plantas en San Lorenzo. Allí produce dióxido de cloro, polímeros, surfactantes (usados en productos de limpieza y herbicidas) y peróxidos, entre otros muchos productos.
Su página web informa que está presente en 80 países y que es «socia en soluciones esenciales para un futuro sostenible». Pero carga, en el cordón industrial de Rosario, con varias denuncias que van en sentido contrario: por contaminación. El último episodio fue sobre río Paraná. Lo descubrieron el pasado 10 de mayo dos hermanos, pescadores, que filmaron desde una lancha la descarga de líquidos con «olor nauseabundo» a través de unos caños. Además, tomaron una muestra de agua del río en la zona, que fue analizada en la Universidad Nacional de Rosario.
Ese estudio físico-químico concluye que «los resultados obtenidos están significativamente más elevados a los característicos históricos del río Paraná, exceptuando el oxígeno disuelto, que está por debajo». Aunque indirecto, es un indicio potente de posible afectación ambiental.
La Municipalidad de San Lorenzo ya sancionó con una multa a la firma, que pasó a denominarse Nouryon cuando en 2018 el Carlyle Group adquirió los negocios de Akzo Nobel –y con ello la planta en la región– «para convertirse en un líder mundial independiente en productos químicos especiales».
La multa es por incumplir la ordenanza de alerta temprana, por la cual las fábricas de la ciudad deben informar a Defensa Civil del municipio cuando se produzcan accidentes, incendios, explosiones o eventos que puedan ocasionar un daño ambiental.
El secretario de Salud y Preservación del Medio Ambiente sanlorencino, Mariano Soria, explicó a medios locales que el día en que se produjo el derrame fueron alertados por Prefectura Naval. La empresa no avisó. “Se realizó el acta correspondiente de Medio Ambiente, con un inspector, pidiendo las explicaciones específicas del caso”, agregó. Nouryon no respondió al pedido de precisiones –en un plazo de 72 horas– sobre lo sucedido el día del derrame ni el producto vertido en el Paraná.
«Sólo 10 minutos»
Voceros de la firma sí hablaron con medios sanlorencinos. Nicolás Rocha, gerente de la planta donde se produjo el derrame, afirmó ante una consulta de FM 93.5 que se trató de un hecho «accidental e inesperado” y con “una duración aproximada de 10 minutos”. Aunque no identificó el químico del vertido, especuló que «podría ser sulfidrato de sodio, qué es biodegradable y no genera impacto residual en el río”. Y se mostró sorprendido de que esa u otra sustancia se haya filtrado en caños por los que sólo debería circular «agua clarificada».
La relativa inocuidad de ese compuesto esgrimida por Rocha se contrapone, por ejemplo, con el informe de riesgos que da otro fabricante, Oxiquim SA, de Chile: «Reacciona con el aire y puede producir incendios, con desprendimiento de gases sulfurados. Por ello debe ser tratado como «peligroso para el ambiente», señala un documento de esa firma. El texto agrega, en el ítem Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente: «Recoja el material derramado con la máxima rapidez. Deposítelo en contenedores cerrados. Trate que el producto derramado no entre en alcantarillas o cursos de agua».
Los hermanos Gustavo y Javier Rolón, conocidos trabajadores del río de San Lorenzo, fueron quienes filmaron el volcado sobre el Paraná y tomaron una muestra del agua cerca de los caños. Se la entregaron al Observtorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario para que sea analizada. El estudio, realizado en el laboratorio del Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, es contundente respecto a un potencial daño al ecosistema, ya castigado, del río.
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El abogado especialista en Derecho Ambiental Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la UNR, señaló que “el pH del agua (indicador de acidez) da un resultado de 8,9, cuando los valores ordinarios históricos son entre 7 y 7,4″. Sigue: «La conductividad del agua, relacionada a la detección de metales, tendría que ser de entre 0,19 y 0,25, cuando el informe arroja 1,6. Y el parámetro demanda química de oxígeno, que no debería estar por encima de 50 miligramos por litro, es de 170”.
Estos valores, en forma indirecta, apuntan a la presencia de un químico que altera las propiedades del agua. De Bueno aclara, además, que lo que se analizó no es el líquido vertido, sino agua del río en las cercanías de los caños. Por eso, los datos son aún más preocupantes dado que los posibles químicos derramados aparecen ya diluidos en la muestra sometida a estudio.
No es la primera vez
El 27 de marzo último, habitantes del barrio Villa Felisa denunciaron que la planta de Nouryon había venteado al air productos químicos tóxicos. Describieron los efectos: olor irrespirable, malestar y dificultades respiratorias.
Antes, principios de enero de este año, otro vecino informó que, en la madrugada, las chimeneas de la planta emanaban una densa nube de gases con un fuerte olor. Tomó fotos y lo comunicó al 911 para realizar la denuncia.
Son apenas dos capítulos de una larga saga de irregularidades.
En mayo de 2021, la Municipalidad de San Lorenzo llegó a clausurar provisoriamente la planta por presunta contaminación ambiental con, en principio, dióxido de azufre. También fue una denuncia de vecinos.
La fábrica recibió visitas de personal del Ministerio de Ambiente de Nación y de su análogo de Santa Fe, pero no se conoció un informe ni se ordenaron medidas precautorias o mediciones aún cuando los avisos de escapes por parte de habitantes cercanos a la planta no cesaron.
¿Será la última?
De Bueno refiere que el Observatorio Ambiental de la UNR recepciona periódicamente denuncias de probable contaminación por parte de industrias del cordón al norte de Rosario. Incluso, recuerda, hay denuncias judiciales en el Fuero Federal por ello, en los casos en que las irregularides involucran vertidos al Paraná, bajo jurisdicción nacional.
La constante, en todos los casos, es la inacción de las áreas estatales competentes, en todas las instancias.
“Acá el tema es que hay una gran cantidad de caños que van arrojando distintos líquidos. La mayoría (de las empresas) aseguran que están tratados, algunos caños se ven, otros no». Hace unos años, fueron detectadas tuberías que se adentraban en el Paraná, bajo la superficie del agua, con toda una infraestructura para enmascarar la ilegalidad: planchones para dispersar los químicos y diluir las manchas que pusieran en evidencia el delito.
“La autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente de la provincia, y cuando se daña el río entra en juego la Justicia Federal, que podría intervenir hasta de oficio”, lamentó De Bueno sobre lo que no se hace.
Empujar para que se controle y sancione
El diputado provincial Carlos Del Frade ingresó el viernes pasado en la Legislatura un proyecto de comunicación por el que exige al Ejecutivo santafesino que informe sobre los nuevos hechos de posible contaminación denunciados el 10 de mayo, y adjunta el recordatorio de pasadas irregularidades de la firma holandesa.
En los fundamentos del proyecto, Del Frade menciona que un año antes del último incidente la Municipalidad de San Lorenzo clausuró la planta tras la denuncia de vecinos que se encontraban en una canchita de fútbol cercana y vieron emanaciones de gases que les llamaron la atención.
El diputado señala en el texto que “en aquella ocasión, el argumento de la empresa fue que la emanación se debió a que el filtro que utilizaban estaba obsoleto y habían adquirido uno nuevo» que premanecía trabado en la Aduana.
Cordón y más: mucho para ocuparse
Del Frade no se queda en ese caso, sino que se explaya sobre los numerosos episodios que habilitan la sospecha de un desprecio generalizado por las normas de protección del ambiente. “Hacemos este pedido de informes en el marco de reiterar la solicitud de información que realizamos en noviembre del año pasado (Expediente 45669) a partir de la investigación del Instituto Soberanía que registró cerca de 100 caños de vertederos que contaminan nuestro río Paraná, y solicitamos al Poder Ejecutivo que informe qué controles realiza en las empresas asentadas entre Villa Constitución y Timbúes sobre los desechos industriales que se vierten a las aguas del río”, escribió el legislador en la misma presentación.
En consonancia, el abogado De Bueno aporta un trabajo del Observatorio de Residuos Peligrosos integrado por la UNR y la Universidad Nacional de Buenos aires (UBA) que, con datos de cámaras industriales y en base a una proyección sobre todo el país, obtiene una alarmante estimación: apenas el 9,26% de los efluentes fueron tratados en el período considerado: entre mayo de 2021 y febrero de 2022.
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