A 38 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, una multitud marchó ayer en Rosario para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, con un firme rechazo a la dictadura y a favor de la profundización democrática. Tras partir de plaza San Martín a media tarde, en un día de sol radiante, la nutrida y colorida columna caracterizada por el fervor juvenil pasó por los Tribunales Federales, y luego, con las Madres de la Plaza 25 de Mayo a la cabeza, copó el Monumento a la Bandera donde se realizó el acto central con la lectura de un documento y un show musical-artístico como cierre de la jornada.
Como sucede desde 2009 con el inicio de los juicios a los represores en la ciudad, la movilización de ayer estuvo signada por el reclamo a la Justicia “para que acelere los procesos contra los genocidas”, para que “unifique causas” y para que haya “sentencia firme para los condenados”. Hubo pedido de destitución para el juez Carlos Villafuerte Ruzzo, a quien acusaron de “obstaculizar juicios por delitos de lesa humanidad”, y también retumbaron renovados reclamos de justicia para luchadores sociales.
También se repudiaron “acciones destituyentes” contra gobiernos populares latinoamericanos. Además, se hizo especial referencia a la “preocupación que genera el crecimiento de la violencia, vinculada al fenómeno de la narcocriminalidad y sus vínculos con fuerzas policiales”.
Un amplio abanico de organizaciones de derechos humanos (Madres, Hijos, Colectivo de ex presos, Familiares, APDH, entre otras), sindicales, sociales, estudiantiles y políticas, además de mucha “gente suelta” en familia y con chicos en brazos, participaron ayer de la marcha por el Día de la Memoria convocada desde el espacio Juicio y Castigo Rosario.
Las consignas que estampan la tradicional movilización cada 24 de marzo se van renovando, aunque otras se mantienen encendidas. Del “si no hay justicia, hay escrache”, al “juicio y castigo” a los responsables de la noche más larga y oscura que atravesó el país.
Rumbo al Monumento, algunos manifestantes se acordaron de dos episodios históricos, que comentaban en voz bien alta para no ser tapados por el estruendo de los bombos y la pirotecnia: ayer se cumplieron diez años del traspaso a organismos de derechos humanos del predio de la Esma, emblemático centro clandestino de detención y exterminio de la dictadura, y la decisión del entonces presidente Néstor Kirchner de bajar los cuadros de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. Videla, símbolo del terrorismo de Estado, murió en mayo del año pasado en cárcel común, otro suceso que no pasó inadvertido en el Día de la Memoria.
“Venimos a reivindicar la lucha de los 30 mil desaparecidos como parte de una generación que asumió la militancia, la solidaridad y el amor hacia los más débiles como forma de vida”, comenzó el documento leído por querellantes en causas por delitos de lesa humanidad. “El golpe de Estado del 76 puso en práctica las formas más perversas de represión con centros clandestinos, desapariciones, apropiación de bebés y robo de bienes de los detenidos. El terrorismo de Estado apuntó a instalar el terror generalizado para aplicar su plan económico”, continuó.
Tras mencionar la “complicidad de grandes medios, el poder empresarial concentrado, el poder eclesial, judicial, político y sindical”, los querellantes indicaron: “En los últimos años se reiniciaron los juicios a los genocidas, muchos de ellos hoy están presos y condenados, pero demasiados continúan procesados, sin sentencia firme y otros prófugos. Aquí debe mencionarse la complicidad de la Justicia que se resiste a ponerse al servicio de las mayorías y a democratizarse”.
El documento recordó a los testigos Jorge Julio López y Silvia Suppo, y a militantes sociales asesinados para los que no se deja de reclamar “justicia”. También se hizo referencia a “la lucha de los pueblos originarios”, se repudió “la judicialización y criminalización de la protesta”, y se expresó “solidaridad con trabajadores de Liliana y los petroleros de Las Heras”. El escrito consensuado entre las organizaciones reconoció “pasos adelante”, aunque sin olvidar “las graves consecuencias que persisten del neoliberalismo instaurado por los genocidas y profundizado en los 90”. Y concluyó: “La realidad se cambia con organización y participación política”.
