Fundación Pueblos del Sur*
En estos tiempos convulsionados en muchos sentidos, una constante atraviesa los acontecimientos de público interés: la falta de pensamiento crítico. Un ejemplo de ello nos permite reflexionar al respecto: La reforma judicial.
Los representantes del pueblo argentino tendrán por delante el análisis de una propuesta del Ejecutivo respecto de la necesidad de una reforma judicial. Claro que la justicia federal atañe a todos los argentinos, aunque no vivan en “la Capital”, y tiene un protagonismo superlativo porque resuelve cuestiones que afectan los intereses del país y que involucran los aspectos más caros a nuestra República.
Por eso, es un tema que amerita pensar y debatir acerca del funcionamiento de este órgano y poder del Estado, el cual también –como los otros dos– se encuentra al servicio de los argentinos. ¿Es el Poder Judicial lo que demanda hoy la comunidad? ¿Cumple con la satisfacción de las necesidades que le dan razón de ser? ¿Hay algo que en él funcione mal? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Cuáles son las propuestas posibles?
Un Poder Judicial independiente de otros poderes
Sucede que estas preguntas, aunque muy básicas, no resultan de fácil respuesta, ya que la sensación de que “todo” está mal, sin detalles, hace imposible pensar qué es “en particular” lo que no anda bien, o lo que hay que cambiar; y, en su caso, cómo debería ser la solución.
Los ciudadanos no expertos no tenemos la obligación de conocer las técnicas constitucionales ni las estrategias institucionales para darle a los órganos republicanos una performance que resista la corrupción del hombre, pero eso no nos impide afirmar que necesitamos un Poder Judicial que actúe independiente de otros poderes.
Esto es claro. La Justicia independiente no quiere decir solamente que no debe ser controlada por los otros dos poderes del Estado, sino también libre del poder económico que hoy parece ser el gran “conductor” de los resortes democráticos –entre los que se encuentran partidos políticos y medios de comunicación–.
Claramente, necesitamos un Poder Judicial que actúe en tiempos reales (y no dando soluciones tardías que se transforman en nuevos problemas); que esté integrado por funcionarios públicos idóneos, es decir, servidores del pueblo capaces de dar cuenta de sus actos y no sólo aptos “técnicamente”(fundando sus sentencias) sino moralmente y con vocación de servicio; que podamos conocer cuáles son los mecanismos de control de esos funcionarios (que ejercen la magistratura) ya que no puede existir ningún poder institucional del Estado que no sea debidamente controlado, pues deben rendir cuentas así como los demás, del ejercicio de sus funciones.
En fin. Necesitamos que los jueces apliquen la Constitución y las leyes para el bienestar del pueblo argentino, lo que por otra parte, es lo que verdaderamente los legitima ante quienes le delegan el poder para hacerlo.
Necesidades imperiosas e importantes
Bien podría decirse que estas necesidades son imperiosas, urgentes, importantes.
Claro que podría discutirse si la forma de resolverlo es ampliando el número de jueces de Comodoro Py de 12 a 46 (como modo de “licuar” el poder y evitar que un sólo juez concentre muchos expedientes con relevancia institucional); o trasladando la justicia ordinaria a la justicia porteña (que en definitiva se encarga de cuestiones que no son federales); o creando más fiscalías; o haciendo pasar al sistema acusatorio –finalmente y después de tanto– al oral; o si deben unificarse los fueros criminal y correccional federal y penal económico así como la materia civil y comercial federal con la que es propia del contencioso administrativo. Pero ante estas necesidades lo que no parece productivo es cerrarse al diálogo.
Tampoco dejarse atrapar en una pelea infructuosa que ni siquiera refleja problemáticas reales de los argentinos que queremos seguridad, justicia y paz para poder vivir dignamente.
Tampoco negarse a incorporar a este diálogo algunas cuestiones que no se advierten tratadas a simple vista, como ser el tema de la democratización de los órganos encargados de elegir a los jueces (y para que no se malentienda, no de la elección democrática de los jueces) permitiendo la participación de otros integrantes de la comunidad que no pertenezcan –directamente– a la corporación que se pretende pluralizar.
También poner sobre la mesa los recursos que deberemos invertir (porque son de todos los argentinos) para llevar adelante tales reformas, sobre todo aquellas que representan la creación de cargos con salarios altos, de otros puestos de trabajo y de infraestructura, que detraerán sin dudas recursos que faltarán en otras áreas. Entre muchos otros temas que no aparecen en el debate.
Aprender a exigir
En fin. Todos los poderes del Estado llevan adelante los destinos del país y, al estar solventado todo el sector público por los impuestos ciudadanos, cargan un plus en la obligación de rendir cuentas que evidentemente tenemos que aprender a exigir.
Y la verdad es que la situación crítica de la justicia no es exclusividad del Poder Judicial de la nación (federal). Por casa los santafesinos estamos bastante preocupados también.
Por un lado, nos conmueve lo que está ocurriendo ante los estrados de un juez de Reconquista (ahora muy conocido) con la causa “Vicentin”, un tema que nos incumbe a todos porque involucra lo que es de todos (porque los créditos que le otorgó el Banco de la Nación Argentina se le deben a todos los argentinos, en moneda por cierto extranjera que no se sabe hoy dónde está).
Pero también hay mucha agua que está corriendo bajo el puente la justicia penal. Y he aquí un ejemplo de gran reforma. Una reforma judicial reciente, de la que se jactan sus creadores por lo moderno de su sistema, lo innovador de sus métodos y su filosofía.
Una reforma que, muy solvente desde lo técnico ha insumido muchísimos fondos para su concepción, implementación y aún los sigue insumiendo su mantenimiento.
Sin embargo, algunos de sus funcionarios –ciertos fiscales– puestos seriamente en duda por acusaciones, están siendo hoy investigados y ponen en vilo la legalidad, moralidad y eticidad personal y de todo un sistema entero, planteando posibles vínculos con ciertos legisladores provinciales y grupos delictivos.
Todo parecería confirmar las palabras de un gran hombre del derecho que dijo que aunque el derecho pueda crear un sistema perfecto, si va a ser aplicado por hombres, ese sistema valdrá lo que valgan esos hombres. ¿Qué Poder Judicial nos defenderá frente a los atropellos de nuestros derechos y libertades? ¿Qué Poder Legislativo regulará nuestros derechos y libertades haciéndolos posibles o transformándolos en ilusorios? ¿Qué Poder Ejecutivo llevará adelante las cuestiones que esta comunidad considera esenciales para la vida digna?
Preguntas que nos ponen de cara a la responsabilidad de ejercer nuestro poder, el de controlar al poder, el de preguntar, el de investigar, el de dudar y pedir explicaciones, el de pedir cuentas.
Todo esto nos confronta con una verdad: si no aprendemos a hacer las preguntas correctas, no llegaremos nunca a la solución efectiva de nuestros problemas.
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