Familiares de víctimas de violencia institucional, organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de derechos humanas nucleadas en la Multisectorial Contra La Violencia Institucional dan cita este viernes desde las 17 frente al Palacio de Tribunales de Pellegrini y Balcarce en el marco de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil.
La concentración cuenta con grupos artísticos e intervenciones que ocupan el espacio de la plaza del Foro Vélez Sarsfield. Allí los presentes colocan pegatinas con los rostros de pibes víctimas de gatillo fácil y las consignas nacionales. Una comisión de cuidados se propone velar por protocolos covid-19 y la lectura del documento acordado de la movilización está anunciada en las escalinatas del edificio judicial.
Por último, el cierre de la actividad estará a cargo de Eternos Inquilinos.
“La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia y recrudece en contextos políticos, sociales y culturales en los que se avala y habilita cada vez más decididamente prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos. Hablar de Violencia Institucional es referirse a un fenómeno sistemático, extendido en el tiempo y focalizado en grupos sociales específicos, como les jóvenes de sectores populares. Abarca prácticas policiales y de fuerzas de seguridad que van desde detenciones por averiguación de identidad, hostigamiento, hasta casos de torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas seguidas de muerte. Estas prácticas son sistemáticamente negadas por el Estado, que no implementa políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción, como tampoco se ocupa de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares. Involucra a los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional, provincial como local”, señalaron desde la organización.
DOCUMENTO MARCHA NACIONAL CONTRA EL GATILLO FÁCIL – ROSARIO 2021
Familiares y víctimas de violencia institucional junto a diversas organizaciones nos manifestamos por quinta vez en nuestra ciudad contra el gatillo fácil. Unimos nuestra lucha a la de familiares, víctimas y organizaciones de distintas ciudades del país para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas.
La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia. No son casos aislados en nuestra ciudad, ciudades vecinas y a lo largo y ancho de todo el país estas prácticas violatorias de los derechos humanos son sistemáticas y extendidas en el tiempo. Son prácticas realizadas por las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional y muchas veces resultan permitidas, avaladas, generadas y negadas por distintos gobiernos; produciéndole al Estado Argentino responsabilidad internacional.
Las víctimas, sus familiares y las organizaciones debemos realizar un trabajoso e incansable proceso político de construcción de memoria, verdad, justicia y castigo a los culpables; como tuvieron que hacerlo nuestras Abuelas, Madres e HIJXS. Y más recientemente en nuestra ciudad familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y los Padres del Dolor.
Camino que volverán a recorrer, especialmente, durante este año los familiares de Jonatan Herrera y Franco Casco ya que se realizarán los juicios orales y públicos de las causas en las cuales se investigan sus muertes en manos del Estado.
El Poder Ejecutivo es responsable por las prácticas abusivas y represivas de las policías, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario; y por no contar con políticas adecuadas para la detección, prevención y sanción. El actual gobierno nacional ha intentado poner especial énfasis en la defensa de los derechos humanos y en recobrar el rol activo del Estado en las áreas que diseñan políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. En contraste, con el gobierno de Cambiemos, que avalaba públicamente a los policías responsables de graves violaciones a los derechos humanos y que significó un grave retroceso para las políticas de memoria, verdad y justicia.
No obstante, el actual contexto ha puesto en evidencia, que a pesar de haber asumido el nuevo gobierno y nuevas carteras en materia de seguridad, no han cesado y continúan siendo recurrentes los casos de violencia institucional que incluyen hechos graves de tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones. Las fuerzas de seguridad han profundizado sus prácticas represivas y delictivas en los barrios populares de nuestro país. Tales son los gravísimos casos de Lucas Verón asesinado por la policía bonaerense, los de Luis Espinoza y Walter Ceferino Nadal en Tucumán, los gendarmes que mataron a Facundo Scalzo en el Bajo Flores. Valentino Blas Correa, Joaquín Paredes, Isaías Luna, José Antonio Ávila, Lautaro Guzmán y Agustín Barrios asesinados por la policía cordobesa. Pablo Pereyra asesinado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lucas Verón en la Matanza. Recientemente, fueron asesinados el joven Qom Josué Florentino Lagos a manos de la policía de Chaco y Rafael Acosta Venialgo en nuestra ciudad por la policía santafesina.
El Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta de jueces y fiscales.
La fiscalía, en casi todos los casos, avala el relato policial y permite que la propia policía realice las primeras actuaciones. Focaliza sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de a los victimarios. Asimismo, la mayoría de las y los jueces no sancionan adecuadamente estas prácticas. La intensa lucha de les familiares junto con las querellas, organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de DDHH ha sido clave en la causa por el asesinato de Jonatan Herrera para lograr recientemente un pronunciamiento histórico por parte de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe donde anuló la bochornosa sentencia de primera instancia de la Cámara de Apelaciones y consideró arbitraria la calificación de homicidio culposo del delito cometido por el policía Rosales, considerándolo como homicidio doloso. Este año además tendremos en agenda el tan esperado juicio oral y público contra les 19 policías imputades por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. En este especial contexto exigimos al Poder Judicial condenas ejemplares que colaboren a restituir el daño que el Estado perpetuó durante estos años a sus familiares.
El Poder Legislativo es responsable por la no creación de mecanismos de prevención adecuados, como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura y fue responsable por la sanción de leyes que permiten el avance de la llamada “mano dura”. En el ámbito provincial continuamos exigiendo proyectos de ley que tiendan a impulsar reformas en el sistema de seguridad, especialmente en la policía provincial.
Nos preocupa el fuerte consenso represivo extendido y consolidado socialmente que legitima este accionar punitivista del Estado y genera umbrales de tolerancia social de la violencia cada vez más altos. Creemos firmemente que sólo a partir del activismo y la militancia de víctimas, familiares y amigues de las víctimas, con el apoyo y el trabajo de las organizaciones podremos resistir, denunciar y revertir estas graves violaciones a los Derechos Humanos.
Marchamos para visibilizar y construir justicia por Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles París, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo, Juan Cruz Vitali, Kevin Pacheco, les jóvenes torturades en las 4 plazas, los 7 jóvenes de la masacre sucedida en la Comisaría 1° de Pergamino: Franco Pizarro, Sergio Filiberto, Juan José Cabrera, Alan Córdoba, Federico Perrotta, Fernando Latorre y Jhon Mario Claros; Carlos Orellano, Rafael Acosta Venialgo, Brandon Romero, exigimos el esclarecimiento y la pronta investigación de la muerte del joven Martín Fleitas en la comisaría No 20 de la ciudad de Rosario y por tantos otres pibes víctimas de violencia institucional.
Exigimos el archivo de la causa contra las familias y compañeres que en el año 2015 reclamaban por la detención de les policías y justicia por Dante Fiori. No a la criminalización de la protesta social!
Reclamamos también por las múltiples formas de violencia institucional que sufren las mujeres y la comunidad LGTTTB QI+. Repudiamos las múltiples formas de violencia contra las trabajadoras sexuales. Justicia por Sandra Cabrera!
Condenamos las fuertes expresiones de discriminación y racismo que se traducen en hechos de abuso policial que sufren las comunidades originarias, migrantes y afrodescendientes.
Repudiamos los cánticos violentos y antidemocráticos de arenga durante el entrenamiento de las fuerzas policiales de Chubut. Exigimos una formación con perspectiva de género y derechos humanos para todas las fuerzas policiales y de seguridad de nuestro país.
Basta de criminalizar a les cultivadores y consumidores de cannabis. Exigimos una regulación integral sobre el cultivo, consumo y tenencia de cannabis.
Seguimos exigiendo justicia por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago
Maldonado. ¡No al archivo de la causa! Justicia por Rafael Nahuel!
Exigimos una investigación independiente, efectiva e imparcial por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro y castigo a los culpables!
A 5 meses de su desaparición exigimos la aparición con vida de Tehuel de la Torre.
Denunciamos la participación de las fuerzas de seguridad y policías en mercados ilegales, como trata de personas, el de armas y municiones o drogas ilegalizadas. Recordamos los asesinatos de los jóvenes Jere, Mono y Paton con complicidad policial. Exigimos el desarchivo de la causa que investiga los moviles politicos y los autores intelectuales del asesinato del militante Cristian Aquino.
Exigimos el archivo de las causas penales contra los familiares de Dante Fiori y el militante Guillermo Piccolo de la Coordinadora Antirrepresiva Rosario por participar de un acto contra el Gatillo Fácil en el año 2015 frente a los tribunales en la ciudad de Rosario.
Exigimos el cierre de causas a los militantes de La Sexta Resiste y del Espacio Comunitario de La Paz y Esmeralda por defender a las familias contra los desalojos.
Exigimos el desprocesamiento de César Arakaki, Sebastián Romero, Daniel Ruiz.
Exigimos a los 3 poderes que se implementen políticas adecuadas para la prevención, detección y sanción de violencia institucional. Exigimos que se garantice el acceso a la justicia y la reparación integral de todos los daños producidos por el Estado a víctimas y familiares.
Exigimos el apartamiento inmediato de las fuerzas de seguridad y agentes policiales involucrados en casos de violencia institucional.
Finalmente, familiares y víctimas de violencia institucional junto a las organizaciones sindicales, políticas, sociales y los organismos de derechos humanos que adhieren a este comunicado, exigimos el esclarecimiento del asesinato del ex concejal Eduardo Trasante.
¡NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS!, ¡NI UNA BALA MÁS!
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA!
¡NO A LA MILITARIZACIÓN DE LOS BARRIOS!
¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!
