El Decreto 683/2018 firmado por el presidente Mauricio Macri sobre el rol de las Fuerzas Armadas abrió un debate. Adelanto que no estoy acuerdo ni en la forma, ni en el fondo. Si creo que sea cual sea la posición que tengamos, la actual situación de las Fuerzas Armadas -que es responsabilidad no sólo de este Gobierno sino también de los anteriores-, refleja la debilidad, la desidia y la falta de un proyecto nacional de desarrollo en nuestro país.
¿Se pueden discutir los contenidos y estrategias de defensa nacional, el rol de las Fuerzas Armadas de manera diferenciada de un modelo de desarrollo nacional? Creo que no se puede. O mejor dicho es imposible que suceda. Los países desarrollados claramente definen sus estrategias de defensa y de modernización de las fuerzas armadas de acuerdo con sus prioridades geopolíticas y económicas nacionales y mundiales. Hay muchos intereses en juego.
Basta recordar el desmantelamiento del misil Cóndor por pedido de los británicos y que la dupla Menem-Cavallo se encargaron de ejecutar. En harás de recuperar “confianza” con el Reino Unido pusimos fin al desarrollo tecnológico en misiles con fines pacíficos. Podemos agregar la voladura del arsenal de la fábrica militar de Rio Tercero, o el desorden, y la falta de planes para Fabricaciones Militares, la privatización de la marina mercante y la industria naval, todo un símbolo de la soberanía de un país, la venta y desprotección de áreas con agua dulce, recursos naturales, energía, minerales, tierras etc.
Si no encontramos un proyecto de desarrollo nacional, industrial, científico, democrático, social estable y sustentable ¿qué intereses vamos a defender?, ¿qué soberanía vamos a proteger? ¿Qué rol van a cumplir las Fuerzas Armadas?
Detrás de los anuncios del Presidente Macri pasan dos situaciones: el Gobierno Nacional subordina el rol de las Fuerzas Armadas a intereses claramente definidos en la geopolítica militar de EEUU y por otro lado no abre la posibilidad de ningún debate y búsqueda de consensos políticos y parlamentarios que nos permita discutir el desarrollo argentino, las nuevas estrategias de defensa nacional de cara a este siglo, la modernización militar y la formación profesional de nuestros cuadros militares, etc.
Es cierto que en pleno siglo XXI y sin conflictos bélicos a la vista, es importante discutir el rol de las Fuerzas Armadas. Pero el país necesita hacerlo desde una mirada amplia, basada en nociones de desarrollo y de entender también cuáles son los conflictos del presente. En ese marco, con una participación de todos los actores sociales, se podría pensar la restructuración del complejo militar nacional.
Pero en rigor, el Decreto 683/18 de Macri, no habilita debate alguno, ni apunta a solucionar problema de actualización tecnológica, sino que comienza a asignar nuevos roles a los militares en el país. Es allí donde debemos detenernos. Además, claro, de analizar por qué ámbitos debería pasar la discusión. En este sentido, en tanto se trata de replantear la defensa nacional y la seguridad interior, debería ser el Congreso Nacional el escenario por el que pase el debate, en tanto allí está representado el pueblo argentino.
La Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional que fue sancionada en 1988 en el Gobierno de Raúl Alfonsín y reglamentada mediante el decreto 727/2006 del entonces presidente Néstor Kirchner, la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior de 1991 de Carlos Menem, la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional de 2001 del presidente Fernando de la Rúa, configuran una política de estado y un consenso que los argentinos logramos construir en las últimas tres décadas, que separa el ámbito de la defensa nacional, específico de las Fuerzas Armadas, de la seguridad interior, propio de las fuerzas de seguridad. Una tiene como misión defender a la Nación de amenazas externas convencionales, provenientes de ejércitos de otros países.
De allí se desprende que su participación en el control de amenazas dentro del ámbito de la seguridad interior sea ilegal. Y es esto lo que pone en cuestión el decreto firmado esta semana por Mauricio Macri.
Es legítimo debatir los nuevos límites entre seguridad exterior y seguridad interior, y deberíamos hacerlo buscando los intereses nacionales, de desarrollo, pero lo que no se puede discutir es que estamos frente a un tema que por su importancia tiene que resolverse con amplios consensos nacionales: no solo políticos, sino ciudadano.
La sola sospecha de que estamos alineados a una política de seguridad promovida por los Estados Unidos tendría que provocar que el Gobierno Nacional mande este tema estructural al Congreso Nacional. Es un hecho que no podemos desconocer, a la hora de encarar el análisis del Decreto 683/2018 que pueden considerarse al terrorismo y el narcotráfico como “agresión externa”.
Pero aquí vale la pena citar la Resolución 3314 de Naciones Unidas, que habla de una “agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”. Y la resolución del organismo enumera siete situaciones; ninguna contempla a actores no estatales.
Otorgar a las fuerzas militares tareas del campo de la seguridad –como podrían ser las llamadas “actividades antiterroristas”- que ya están asignadas a cuatro fuerzas federales desvirtuaría el rol profesional de éstas últimas. Por otro lado, no está claro en el Decreto qué acciones y organizaciones serán consideradas como terroristas. Esta zona gris, podría ser un verdadero peligro, en tanto habilita un uso discrecional o una libre interpretación del funcionario de turno.
Finalmente, este debate tendría que darnos la oportunidad de reconstruir a las Fuerzas Armadas argentinas como parte de un nuevo proyecto nacional. En este sentido, no podemos caer en una nueva grieta. Debemos reconocer que la defensa nacional y la seguridad interior están vinculadas a la necesidad de un modelo de desarrollo, que estamos frente a un tema de altísima sensibilidad política, social para la historia, el presente y el fututo de nuestro país que requiere de altos consensos, legitimidad y dialogo.
