Por Jorge kohen (*)
En el momento en que se inician las reuniones entre los equipos del gobierno saliente y del gobernador electo Omar Perotti, su antecesor Miguel Lifschitz vuelve nuevamente a presionar y exigir que la provincia de Santa Fe se adhiera a la reforma de la ley de Riesgos del Trabajo.
Esta ley es parte de la reforma laboral que impulsó el gobierno neoliberal de Mauricio Macri para limitar los derechos de los trabajadores, avanzar en la precarización y flexibilización laboral, y reforzar la política de ajuste y reducción de los salarios. La sanción de la ley 27.348 pretendió poner un cepo a los reclamos de los trabajadores y fue precedida una vez más por la construcción de un contexto catástrofe, donde los trabajadores aparecen como victimarios de un sistema al constituirse en reclamantes sin causa contra las aseguradoras de riesgos del trabajo y los empresarios, responsabilizándolos de ser causantes de desocupación y de colocar al sistema de riesgos del trabajo en una situación de quiebra y desfinanciamiento.
Las ART y el gobierno de Mauricio Macri desde febrero de 2016 han presionado al gobierno y a la Legislatura de la provincia de Santa Fe para que adhiera a dicha ley, a la cual desde el movimiento obrero, la Asociación de Abogados Laboralistas, jueces dignos del fuero laboral y las universidades se opusieron, logrando que hasta la fecha no fuera aprobada la adhesión en la Legislatura provincial.
El 22 de abril de 2018 decíamos: “Hemos demostrado hasta el hartazgo que la verdadera causa por las cuales los trabajadores reclaman ante la Justicia un resarcimiento justo de sus enfermedades laborales o por accidentes de trabajo radica en el altísimo nivel de rechazos que tanto las aseguradoras de riesgos del trabajo y las comisiones médicas realizan ante los infortunios de los trabajadores. Constituye más del 55% la no aceptación de las presentaciones que hacen los trabajadores ante sus respectivas ART y las comisiones médicas”.
Un solo dato es revelador. Desde hace 15 años el índice de enfermedades laborales reconocidas por el sistema se mantiene estable entre 1,30% a 1,47% del total de los accidentes y enfermedades denunciadas ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por los trabajadores. Este ocultamiento jurídico epidemiológico de las enfermedades laborales es lo que garantiza una tasa constante de ganancia de las ART.
Es necesario señalar que tanto en el país como en la provincia han aumentado las muertes por accidentes de trabajo; los accidentes en establecimientos han disminuido pero han aumentado la gravedad de los mismos y se mantiene el histórico desconocimiento de las enfermedades laborales más frecuentes.
La SRT acaba de publicar que la litigiosidad disminuyó un 40% en el 2018 con respecto al año anterior y un 46% en el último trimestre, ocultando dos cuestiones fundamentales: 1) que se han incrementado los juicios sin sentencia. Hay un stock acumulado de 374.000 juicios que esperan sentencia en el país y en la provincia de Santa Fe en 2018, sobre 15.245 juicios, el 93,1% no tienen sentencia. Lo cual significa una gravísima privación de justicia para los trabajadores.
2) Las causas de los reclamos. El 37% de los juicios son por no reconocimiento de lesiones, accidentes o tratamiento, y un 27% por desacuerdos en el tratamiento o evaluación de las lesiones sufridas.
Lo que ocurre en realidad es que, con complicidad del gobierno, las ART aumentan las alícuotas del seguro a los empresarios y esto, sumado a los brutales tarifazos, son lo que genera las dificultades al sector empresarial y a los empleadores de distintos ámbitos. Además del ilegal plus por seguro de litigiosidad, que algunas compañías de seguros cobran a sus asociados.
Lo sucedido en los últimos meses en la provincia de Santa Fe es grave. Los grandes accidentes con víctimas fatales en las principales exportadoras de granos muestran que para el modelo neoliberal es más importante los costos que la vida de los trabajadores.
Santa Fe no necesita adherir a una ley reformada de Riesgos del Trabajo para estimular la reactivación económica e industrial de la provincia, y el futuro gobierno del Frente Juntos, encabezado por Omar Perotti, no debe permitir que el gobernador socialista saliente y futuro legislador provincial del bloque mayoritario presione con este tema.
Para que la producción se reactive y todos los actores del sistema productivo santafesino se beneficien con políticas activas es necesario, en materia de prevención de riesgos del trabajo y defensa de la salud de los trabajadores, avanzar en la implementación y funcionamiento de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, democratizar el funcionamiento de las comisiones médicas de la SRT, reconociendo y sin presiones los daños sufridos por los trabajadores y garantizando una correcta, oportuna y eficiente atención de los accidentes y enfermedades laborales.
Por otra parte, el futuro gobierno debe recoger el postergado reclamo de los jueces y magistrados laboralistas, quienes han solicitado sin éxito hasta la fecha la asignación de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento oportuno del fuero laboral.
La verdadera discusión sobre salud de los trabajadores y reactivación de la industria y la producción en Santa Fe pasa por generar alternativas al actual sistema de seguro, asentado en el lucro de las ART y del sistema financiero, en el desarrollo de un modelo alternativo como sería la creación de un Instituto Autárquico de Seguro de Riesgos del Trabajo Santafesino, público y sin fines de lucro, y articulado con las universidades a través de los Crusaset (Centros de Referencia Universitarios de salud y seguridad en el Trabajo) y Programas Tripartitos de Prevención y Promoción de la salud Laboral por rama de actividad.
Estas medidas, entre otras, garantizarían un sistema productivo en desarrollo en la provincia, con salud y seguridad para los trabajadores y es lo que proponemos en la mesa de debate del nuevo gobierno santafesino que se inicia el 10 de diciembre y recibió el amplio apoyo del movimiento obrero y los trabajadores de la provincia de Santa Fe.
(*) Médico. Docente-investigador de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del Observatorio de Salud de los Trabajadores (Obsat)
