La pulseada entre el gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entró en una suerte de cuenta regresiva al 7 de diciembre, pero con un escenario aún incierto respecto de su resultado e impacto a partir de esa fecha.
En un lenguaje de interpretación ambigua, la Corte Suprema de Justicia dispuso en mayo pasado que el 7 de diciembre concluirá la cautelar que permite mantenerse en sus actuales condicionespatrimoniales al principal grupo de medios de la Argentina. Pero existe una controversia por la interpretación respecto a lo que deberá ocurrir después de ese límite.
Para el Grupo Clarín empezará a correr en ese momento el plazo de un año que dio la Ley 26522 para que los holdings se adecuen a la norma, mientras que para el gobierno ese plazo ya corrió junto con el amparo, que cumplirá 36 meses el 7 de diciembre.
Por lo pronto, la cautelar no resuelve la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad de la desinversión que la empresa planteó en la Justicia y que todavía espera un fallo de primera instancia, donde invocó el principio de no retroactividad de una ley, el derecho a la propiedad y el de libertad de expresión.
La presentación está radicada en el Juzgado en lo Civil y Comercial número 1, originalmente a cargo de Edmundo Carbone –el juez que hizo lugar al amparo pero que luego se jubiló– y que en la actualidad no tiene titular fijo, sino que es subrogado semestralmente por magistrados distintos. Clarín pidió que la Justicia se pronuncie sobre esa cuestión de fondo antes del 7 de diciembre, aunque en caso contrario considera que la Corte Suprema dejó en claro en su fallo que permitirá extender nuevamente la medida cautelar.
La aplicación plena de la ley reduciría su tamaño en forma drástica porque, entre otras cosas, establece la incompatibilidad de ser cableoperador y poseer señales de TV abierta. Además impone un máximo de 24 licencias de cable y limita al 35 por ciento la participación de un actor en el mercado.
Por ejemplo, no podría tener Cablevisión y Canal 13, y en caso de escoger su continuidad como cableoperador –sería lo más conveniente según especialistas– tendrá que desprenderse de centenares de licencias hasta llegar al límite de 24. En el gobierno hablan de que hay más de 300 licencias en manos de Clarín. Pero también deberá desprenderse de señales de radio, canales de tv abierta y de cable, o sea una debacle empresarial.
Estrategias
Fiel a su estilo, el gobierno decidió ejercer máxima presión sobre el grupo y la Justicia para avanzar en el desguace de Clarín. Es claramente su pelea política más dura y está en juego el principio de los medios como intérpretes de la realidad. La presidenta lo expuso en su último discurso en la Casa Rosada: “La cadena ilegal del desánimo tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre”, aseguró.
En verdad, al 28 de diciembre del año pasado todos los grupos deberían haberse adecuado a la ley y no lo hicieron. En el gobierno dicen que es injusto que todos deban ajustarse y no Clarín y por eso fueron indulgentes.
Precisamente esa es ahora una de las claves de la estrategia oficial: buscar acuerdos por separado con una quincena de holdings, que en muchos casos incumplen distintos artículos de la ley, para dejar aislado a Clarín en una pelea frontal.
En ese marco, en julio pasado inició una “adecuación de oficio” por el que pidió a los medios declaraciones juradas con sus situaciones patrimoniales.
Pero en la embestida hay “halcones y palomas” y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca, ex Comfer) que conduce Santiago Aragón –un cuadro político cercano a Gabriel Mariotto– se va nutriendo de cuadros duros de La Cámpora para la pelea como Laura Oviedo, quien la semana pasada asumió como directora de Asuntos Jurídicos en reemplazo de Graciana Peñafort, una de las autoras de la ley.
El proceso parece acelerarse pero en caso de determinarse una venta masiva sería muy engorroso y traumático. ¿Habrá un desembarco con fuerzas de seguridad a lo Chávez? ¿Quién se haría cargo de las licencias? ¿Hay compradores jurídica y económicamente aptos? ¿Podrán las empresas continuar funcionando inmediatamente? ¿Qué pasaría con los empleados? Por lo pronto, la ley establece que se deben garantizar la regularidad y continuidad de las emisiones en sus artículos 85 y 113.
Clarín
El Grupo conducido por Héctor Magnetto también elaboró una estrategia defensiva. Por lo pronto, distribuyó entre sus empleados un material pormenorizado sobre la situación.
En ese documento señaló que a tres años de la sanción de la nueva Ley la tan mentada “democratización” derivó en un fenómeno de “colonización mediática oficial”, por el que “hoy más del 80 por ciento de canales y radios depende del gobierno”.
Argumentó que la ley fija un límite de 24 licencias en todo el
país a Cablevisión pero no aplica lo mismo para Direct TV –está en 2.200 ciudades– o para Telefónica (deberá desprenderse de Telefé por ser concesionario de un servicio público).
Dijo que es discriminado porque sus competidores incumplen con otros artículos de la norma como la producción nacional de contenidos, la prohibición de operar medios si es concesionario del Estado, la nacionalidad argentina para ser licenciatario, entre otras. Aludió a los casos de los grupos Telefónica, Spolski, Garfunkel, Moneta Vila-Manzano, Electroingeniería, Cristobal López y el mexicano Ángel González (dueño de Canal 9). Por lo pronto, de los dos lados se esperan jugadas maestras. Pero no son los únicos actores. También hay un planteo de inconstitucionalidad sobre la ley que hizo la provincia de San Luis y que analiza la Corte.
Al cabo, la Justicia tendrá un rol clave.
