El Centro Comercial de Santa Fe rechazó el plan de asistencia anunciado el lunes por el gobierno provincial destinado a los negocios que sufrieron robos y saqueos durante la crisis policial de diciembre. Desde el Ejecutivo ratificaron que es una “decisión tomada”, mientras que la entidad que reune a los comercios de la capital provincial emitió un comunicado en el que sostiene que la medida “no es seria ni justa”.
“Resulta increíble que la asistencia se reduzca a un aporte no reintegrable a los comercios que sufrieron daños de hasta 10 mil pesos y a los restantes sólo tardíos préstamos de dinero”, sostuvieron desde el Centro Comercial.
Según datos relevados por la entidad, sólo seis comercios de la ciudad de Santa Fe entrarían en la categoría de “aportes no reintegrables” por un total de 39 mil pesos; los demás sólo tendrán la posibilidad de un préstamo que luego deberán devolver.
“No es serio, ni mucho menos justo, que la proclamada asistencia se reduzca a lo anunciado oficialmente por el Ministerio de la Producción”, se quejaron desde el Centro Comercial de Santa Fe.
El comunicado cierra con fuertes palabras: “Deploramos y rechazamos la decisión gubernamental y hacemos un público llamado al gobernador de la provincia para corregir la injusta situación de los comercios y particulares víctimas del estado de indefensión provocado por la ausencia de seguridad, obligación ineludible e irrenunciable del Estado”.
“Decisión tomada”
Por su lado, el ministro de la Producción, Carlos Fascendini, dijo ayer que la asistencia económica y financiera es “una decisión ya tomada” y explicó que “son alrededor de 60 comercios en la ciudad de Santa Fe, alrededor de 10 en Santa Tomé, algunos en Rosario y otros en San Lorenzo”.
Fascendini agregó: “Le vamos a brindar un subsidio de 10 mil pesos no reintegrable. A los comercios que tengan daños mayores le vamos a brindar préstamos de 40 mil pesos, sin intereses, a 18 meses con seis de gracia. Y la otra línea de crédito será a través del Banco Municipal de Rosario: hasta 150 mil pesos, con 36 meses de plazo y seis de gracia”.
“El gobernador nos ha dado instrucciones para que implementemos un programa de ayuda a los comercios que han sufrido estos hechos delictivos”, aclaró el ministro. “Hemos detectado que muchos comercios tienen daños menores, entonces se decidió a través de los municipios hacer un aporte no reintegrable sobre el monto de los daños que se puedan comprobar”, agregó.
Muerte a un mes de los saqueos
A un mes de los saqueos en la provincia falleció un hombre que agonizaba tras ser atropellado, con lo que suman tres los muertos. Durante las protestas policiales de diciembre en la ciudad de Santa Fe, un motociclista que escapaba luego de robar un frigorífico chocó a una persona. Incluso, después de ser embestido por la moto, el hombre identificado como Esteban Gerold, de 38 años, fue asaltado mientras se encontraba inconsciente, el 8 de diciembre pasado. A la vez, por el saqueo al frigorífico Ubiergo, la Policía santafesina allanó ayer un domicilio y secuestró una balanza y mercadería perteneciente al comercio, además de detener al propietario del inmueble. Con el fallecimiento de Gerold, suman 15 las víctimas fatales de los saqueos en todo el país, y tres en Santa Fe como consecuencia de las protestas policiales que, en algunos casos, dejaron a la población sin servicio público de seguridad.
Policías van a prisión en Tucumán
Ocho efectivos de la Policía de Tucumán recibieron prisión preventiva acusados de presunta sedición y otros delitos perpetrados durante las protestas salariales y saqueos que se sucedieron en diciembre.
La decisión fue tomada por el juez de feria Víctor Rougés y alcanzó a los uniformados cesanteados Diego Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel Chaile, Pablo Pérez; y a los suboficiales Sergio Hogas, Federico Castro, Eugenio Mamaní y Flavia María Belén Bedmar.
A mediados de diciembre, los fiscales de Instrucción Adriana Gianonni y Washington Navarro Dávila habían solicitado la prisión preventiva para los ocho integrantes de la Policía de Tucumán asegurando que la provincia se encontraba “ante la comisión de un delito”.
“Nos encontramos ante la comisión de un delito que afectó el poder público y el orden constitucional, atacando los imputados –y el grupo de personas que comandaban– un sistema republicano de gobierno que se vio avasallado y coartado en su decisión”, manifestaron los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Fotos, filmaciones, testimonios y actas demostraron lo que los investigadores consideran que se trató de un supuesto “alzamiento en armas contra el poder público provincial”, según publicó la prensa tucumana.
Tras el dictado de Rougés, los siete hombres fueron trasladados a la unidad 6 del penal de Villa Urquiza; mientras que la mujer quedó alojada en la Escuela de Policía de la capital tucumana.
