La resolución de la ministra Patricia Bullrich que habilita a la Policía a tirar cuando una persona está de espaldas e incluso sin dar la voz de alto sigue generando polémica. Una norma que se discute en los medios como la gran solución para el tema de la inseguridad y que tiene la contracara de un modelo ineficiente y punitivo. Para la criminóloga Eugenia Cozzi se trata de una norma ilegal e inconstitucional y colabora con un contexto en que este tipo de prácticas se habilitan y se promueven.
—¿Cuál es su opinión sobre la medida?
—Hay como dos planos de análisis. Uno más técnico, por el cual esa resolución es ilegal e inconstitucional, porque una norma de menor jerarquía va en contra de normas de mayor jerarquía que establecen límites al uso de la fuerza letal por parte de la Policía. Normas nacionales y supranacionales, es decir tratados internacionales que la misma norma cita para justificarlo, lo que implica además que se contradice a sí misma. Las policías podrían y están obligadas a usar un arma de fuego cuando hay riesgo de vida para sí o para terceros, pero es un riesgo actual inminente y además tiene ciertos requisitos de cómo debe hacerse este despliegue. En este caso lo que hace es habilitar el uso de arma de fuego en situaciones en las que no están habilitadas legalmente. Por ejemplo, para detener una persona, para evitar que se dé a la fuga.
—¿Cuál sería la consecuencia de aplicarla?
—Lo más preocupante, y este sería el otro aspecto, es que esta resolución colabora en la configuración de un contexto donde determinadas prácticas abusivas de los derechos humanos por parte de Policía y las fuerzas de seguridad se habilitan o se promueven. Y genera que desde el poder político que debería regular el uso de la fuerza y controlar que el uso de la fuerza letal por parte de la Policía se realice de acuerdo con las exigencias que nuestro país asumió frente a organismos internacionales, lo que hace es habilitar un uso de la fuerza totalmente desproporcionado e ilegal.
—¿Por qué crees que surge?
—Es una medida más dentro de un modelo de seguridad instaurado por el gobierno nacional que se construye alrededor de las nuevas amenazas, como puede ser el narcotráfico. Pero también ligado con la conflictividad social o a la protesta social, donde la forma de resolver los conflictos es a través, única y exclusivamente, de un modelo más punitivo. En un contexto de crisis y ajuste, lo que propone el Estado nacional es gobernar esta crisis a partir de la mano dura con riesgos muy palpables sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.
—¿Cuánto incide un modelo como el de Jair Bolsonaro en estas resoluciones?
—Macri no es Bolsonaro y Argentina no es Brasil. Yo creo que la Argentina tiene una masa crítica histórica vinculada con los derechos humanos y a la agenda ampliada de derechos humanos en un contexto democrático que genera cierta resistencia a estos intentos de promover el uso de la fuerza de esta manera. Esa masa crítica no está de la misma manera en Brasil y el número de violencia estatal de la Argentina y de Brasil es muy distinto. En Río, por ejemplo, los índices de violencia son muchos mayores que los de la Argentina. Me parece que hay un contexto regional de un modelo de seguridad exclusivamente punitivo. Sin lugar a dudas el modelo Bolsonaro está en ese contexto. Afortunadamente, la Argentina tiene todavía una resistencia a esos modelos muy fuerte, de esa masa crítica e incluso de familiares de víctimas de la violencia institucional inscriptos dentro de los lucha por los derechos humanos. Es un contexto problemático y peligroso donde se habilita este tipo de acciones, tanto ligado al paradigma de seguridad como a la represión de la protesta social. Creo que la Argentina tiene una resistencia que es necesario valorarla.
—¿Qué pasó en países donde se tomaron medidas similares?
—Hay que ver cada caso, pero en general no resuelve el problema que en retórica pretende resolver. No mejora los índices de seguridad, no disminuye la tasa de homicidios. El modelo punitivo genera mayor conflictividad, es inefectivo y genera graves violaciones a los derechos humanos.
