Concejalas de la comisión de Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos se reunieron el lunes 30 de octubre con integrantes de organizaciones de género, quienes acompañaron a una socia del Club Náutico Sportivo Avellaneda. La mujer viene atravesando un proceso judicial por denuncias ante situaciones de «hostigamiento, humillación y descrédito» que sufre de parte de algunos integrantes de la conducción.
La audiencia se realizó en el Salón de los Acuerdos con la presidenta de la comisión Norma López, del Frente de Todos-PJ, acompañada por Caren Tepp y María Luz Ferradas, de Ciudad Futura.
Según narró la víctima, Vanina Grosso, es socia del Club Náutico Sportivo Avellaneda desde hace 17 años, institución deportiva a la que asiste de manera ininterrumpida junto a toda su familia. “Mi único delito fue participar en las asambleas del club en el que junto a otros socios cuestionamos el aumento desmedido de las cuotas, sobre todo porque muchos de quienes asistimos somos trabajadores”, arrancó sobre el acontecimiento que originó el conflicto que lleva más de dos años.
En su exposición, recordó que en aquella oportunidad, desde la comisión deportiva argumentaban que los incrementos se debían a las paritarias de Utedyc, a lo que Grosso –quien además es abogada laboralista–cuestionó porque “la mayoría de los profesores de las distintas disciplinas no estaban debidamente registrados y se encontraban con un vínculo en negro”.
De acuerdo a su relato, esa participación en la asamblea fue génesis “de constantes hostigamientos y situaciones de violencia” que empezó a sufrir de parte de algunas de las autoridades del club. También, rememoró “otra situación de violencia que tuvo como víctima a una profesora” que allí trabaja.
“Cuando un día fui al club me enteré de que tenía prohibido el ingreso. Recuerdo que aquella vez me descompuse cuando me impidieron entrar; nadie me había informado. Fue terrible porque el club siempre fue como el patio de nuestra casa, el lugar donde mis hijos y nosotros participamos en actividades y donde generamos múltiples vínculos sociales. Y todo fue sin que me dieran explicación”, recordó Grosso quien también mencionó acontecimientos posteriores, como cuando su hija se lesionó un pie durante la clase de patín. “Había sufrido un esguince y cuando fui para asistirla tampoco me dejaron entrar”, denunció, al tiempo que recordó que ese impedimento atentó contra su “derecho a maternar”.
La socia informó, además, que sufrió y sufre de manera contante “insultos en las asambleas en las que nadie llama al orden”.
Durante más de una hora de la audiencia, recordó el proceso iniciado por el club en que ella presentó descargos por escrito y ofreció 40 testigos al tribunal de disciplina del club. “No solo no los llamaron nunca, sino que avanzaron con un procedimiento viciado de nulidades en el que anticiparon la pena y violaron el principio de defensa y el debido proceso”, manifestó entre sollozos.
También mencionó las diferentes presentaciones que realizó además del proceso que lleva adelante la magistrada Patricia Otegui, a cargo del Juzgado en lo Laboral de la 6ª Nominación de Rosario. Entre ellas, nombró una denuncia ante Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo a la que dio lugar; y otra ante la Inspección General de Personas Jurídicas, que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a cargo de autorizar el funcionamiento de asociaciones civiles y fundaciones, su registración y control, entre otras competencias.
Otra de las presentaciones que realizó fue ante la comisión de defensa de género del Colegio de Abogados. “Enseguida pusieron en funcionamiento el protocolo ante este tipo de denuncias, es importante decir que funciona”, aportó.
Además, informó que la jueza “ordenó cese de hostigamientos”, situación que generó más calma hasta el momento porque se trata de una medida cautelar autosatisfactiva.
Además de transmitir solidaridad y ponerse a disposición, Tepp realizó algunas consultas a la denunciante y López señaló que “queda claro que hay vulneración de derechos”.
Las concejalas propusieron mantener reuniones con funcionarios de la Secretaría de Deportes y Turismo, y de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. López se refirió a la reciente modificación de la ordenanza 8340 que “es la norma madre de los clubes” para que se incluya la participación de mujeres y disidencias en esas entidades, en tanto se planteará su cumplimiento.
Además, se propuso presentar un pronto despacho a la IGPJ provincial “ante una situación gravísima que involucra a integrantes de la comisión directiva del club”.
Si bien la comisión de Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos no tuvo quorum en la jornada, se acordó realizar esas gestiones para acompañar a la denunciante.
