La propuesta electoral que representamos bajo el nombre de “Unamos Fuerzas” asume y ratifica su compromiso militante con la agenda de los Derechos Humanos, que desde siempre nos impulsa a trabajar con una perspectiva transversal e integral de los mismos. Ninguna coyuntura justifica el recorte de derechos; todo el tiempo es momento de afirmar los existentes, ir por más y consagrar nuevos derechos.
Por ello, nos comprometemos a:
– Priorizar el fortalecimiento de una Secretaría de Derechos Humanos que reivindique la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Se debe profundizar el apoyo a los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en nuestra ciudad y provincia, como así también intervenir activamente en las distintas causas que juzgan el ejercicio de la violencia institucional contra sectores vulnerables de la sociedad.
– Ampliar los recursos para el desarrollo del Archivo Provincial de la Memoria, con el objetivo de fortalecer la construcción de la historia reciente de nuestra provincia. Rescatar las Marcas de la Memoria en los distintos sitios es fundamental para que las próximas generaciones conozcan los procesos sociales, políticos y económicos por los que transitó nuestro país y mirar la actualidad como resultado de nuestra historia.
– Hacer presente la otra cara del Estado en la cotidianeidad de los sectores sociales y los barrios más postergados, donde las políticas públicas más frecuentes son las de represión y coerción. Es en esos lugares donde el Estado provincial tiene que llegar prioritariamente con su políticas de democratización, acceso y garantía.
– Participar en la opinión pública en lo que respecta al sentido de las violencias que se generan en nuestras comunidades, producto de innumerables factores, por lo cual miradas simplistas, reduccionistas o monocausales solo sirven para incubar exclusión y violencia.
– Protagonizar con la perspectiva de los Derechos Humanos el proceso de reforma en seguridad pública que necesita la provincia. Los cambios en la leyes que regulan el sistema, las fuerza de seguridad y el servicio penitenciario no pueden realizarse sin incorporar el respeto a la democracia, la diversidad y los derechos consagrados.
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