Ayer por la tarde, más de dos mil quinientas personas marcharon desde Tribunales a la sede local de la Gobernación en pedido de justicia por Franco Casco, el pibe de 20 años oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela que desapareció el 6 de octubre y apareció sin vida, en el río Paraná, el 31 del mismo mes. Entre organizaciones sociales, partidos políticos y familiares se levantó el mismo reclamo: que se investiguen a fondo las condiciones en que murió el muchacho y que sus responsables sean obligados a responder por sus actos. En medio de llantos y bronca, propios y ajenos apuntaron a lo mismo: el principal sospechoso del caso, la Policía como institución –ya que el joven estuvo detenido el 7 de octubre en la comisaría 7ª–, es el encargado de investigar y establecer lo ocurrido.
El cuerpo de Franco fue encontrado el pasado viernes 31 por la mañana, en la vera del río, a la altura del Parque España. Estaba muy deteriorado, en estado de descomposición, por lo que los peritos que lo revisaron en dos autopsias no pudieron establecer las condiciones de muerte, sólo que llevaba al menos quince días sin vida.
Por ello, los restos de Casco deberán ser revisados con minuciosidad por especialistas, para establecer qué fue lo que le ocurrió. Un procedimiento que puede tardar meses.
Sin embargo, partidos políticos de diferentes inclinaciones, miembros del Poder Judicial, movimientos sociales y familiares del muchacho fallecido levantaron su dedo ayer por la tarde y, en masa, señalaron a quien consideran el responsable de lo ocurrido, la Policía como institución y, en particular, los uniformados de la comisaría 7ª, el último lugar donde fue visto con vida el pibe de Florencio Varela. Para ellos, Franco nunca se hubiera quitado la vida. A su vez, explicaron que las fotos de prontuario expuestas por los responsables de la seccional acusada no muestran con nitidez el estado de salud del joven al momento de su supuesta liberación, la noche del 7 de octubre. Incluso Elsa, la mamá de Franco, señaló que considera que en el registro visual se puede divisar que el chico estaba golpeado y orinado.
“Estamos ante un sinsentido. La Justicia provincial intenta esclarecer lo que ellos consideran fue un suicidio, pero nosotros señalamos que fue un caso de desaparición forzada de persona, un delito de competencia federal. Si se aceptara el cambio de jurisdicción, el hecho sería investigado por fuerzas federales, algo que, al margen de la cuestión meramente legal, otorgaría transparencia a la causa, ya que nosotros consideramos que el principal sospechoso es la Policía provincial, la misma que tiene a su cargo las actuaciones del caso”, explicó el titular del Servicio Público de la Defensa provincial, Gabriel Ganón, quien representa a la familia Casco en el proceso legal.
Por ello ayer por la tarde la plaza San Martín estaba colmada de gente, porque los manifestantes coincidían al cantar en la misma idea: “Se sabía, se sabía, a Franco Casco lo mató la Policía”.
De acuerdo con los familiares de Franco, hasta ayer por la tarde uno de los fiscales a cargo de la investigación, Guillermo Apanowicz, no se había comunicado con ellos.
“No lo podemos creer, las testimoniales las están tomando policías de (la Dirección provincial de) Asuntos Internos”, señalaron allegados a la familia.
