“Escúchame, vos les estás pagando a los Cantero. Ahora me vas a tener que pagar a mí, o mafia. Te vamos a matar. Todo mal. Ya sabés cómo es, yo soy la mafia. Dame 50 mil por semana y no te molesto más. Queda acá. Si no, te cierro el de 27. Te mato a dos mañana. Vos sos Cantero, te mato. Ya vas a ver”. Cuarenta y ocho horas después, el 14 de abril pasado, seis tiros impactaron contra el frente del carrito de comidas Jorgito JR., de Filipini y Suipacha, en Villa Gobernador Gálvez. La amenaza, recuperada por la justicia un teléfono secuestrado, se había concretado. Para la Fiscalía, quien envió el apriete fue René Ungaro, y el destinatario fue el cantante de cumbia Adalberto Ribadero, mejor conocido como Beto Riba y también acusado de extorsionar a feriantes.
La causa por extorsión es un botón de muestra de un entramado delictivo, investigado bajo la calificación de asociación ilícita, que data por lo menos desde octubre de 2018 hasta estos días, describió la Fiscalía. Para la Justicia, la complejidad de esa pesquisa da cuenta de gran parte de la violencia que puso en jaque a los barrios Tablada y Municipal, el Fonavi de Parque del Mercado, además de Villa Gobernador Gálvez.
También hay un capítulo en la Unidad Penal 11 de Piñero, donde la llamada banda de René –de acuerdo con la imputación– puso a funcionar un sistema de “tickets” que otorgan privilegios para el ingreso de visitas. Ese negocio ilícito explotó el pasado 11 de agosto cuando, a raíz de un incidente con un grupo contrario, liderado por Alan Funes y Alejandro “Monedita” Nuñez, se produjo una balacera en el acceso a la cárcel.
Violencia territorial
Con el objetivo de desentrañar las causas de la violencia territorial en Tablada y zona de influencia, el Organismo de Investigaciones (OI) y el equipo del fiscal Matías Edery iniciaron una pesquisa que recolectó evidencia a lo largo de meses. Esos materiales le sirvieron a la Fiscalía para imputar a nueve personas este miércoles en el Centro de Justicia Penal. La acusación develó una estructura con funciones específicas para cada integrante.
Bajo los genéricos de compra y venta de armas de fuego, robo de autos, amenazas, atentados contra las personas –es decir homicidios y lesiones–, usurpaciones, abuso de armas y el gerenciamiento ilegal de turnos en el acceso a la cárcel de Piñero, el fiscal Edery enumeró hechos resonantes atribuidos a la banda de René Daniel “Brujo” Ungaro, preso desde hace casi una década por el homicidio de Roberto “Pimpi” Caminos.
Para la Fiscalía, René mandaba las directivas desde su celda en Piñero: “Imparte órdenes desde la cárcel, ordena extorsiones y acuerda cómo retribuir económicamente a los autores”. El rol atribuido es idéntico al que le imputaron en 2018 como mandamás de otra organización delictiva, sólo que en ese momento sus socios eran los hermanos Funes, hoy, al parecer, enemigos.
En esta nueva etapa, también participan intramuros, y en un escalón inferior, Julio Andrés Albornoz –la pata de la banda en Villa Gobernador Gálvez– y Ariel Sebastián “Teletubi” Acosta, histórico ladero del Brujo en el Fonavi del Parque del Mercado y mencionado desde 2011 como el mandamás de los tiratiros enfrentados a las huestes de Alexis Caminos.
Ramona Elvira Ávalos, La Gringa, presa desde agosto, cumplía un rol de administradora de recursos, a la vez que impartía órdenes. Una función similar cumplía Jésica González, quien junto con María del Rosario Castello “tienen a su cargo el gerenciamiento de la venta ilegal de números para el acceso a la Unidad Penitenciaria N° 11. Son encargadas de defender ese negocio, para ello organizaron amenazas y lesiones contra las personas”, detalló el fiscal.
Daniel Balaguer, un corpulento hombre de casi 50 años con historial de asaltante y pareja de la Gringa Ávalos, cumplía un rol operativo: “Es el encargado de guardar elementos para cometer delitos. Se le atribuye disponer de viviendas donde se esconden armas”, explicó Edery. Actividad que también le atribuyen a Claudio Ezequiel Alves, dedicado a un rol logístico y de ser necesario, empuñar y disparar armas, ya que se encuentra imputado por la balacera en Piñero.
A Marcelo Ezequiel Gorosito, alias Pala o Pariente, preso desde junio de 2019 por el homicidio de Juan Alberto González en Villa Gobernador Gálvez, la acusación le atribuye el rol de gatillero: “Es el brazo armado de la banda, el ejecutor de hechos contra las personas para defender el territorio y los negocios de la organización”, agregó el fiscal.
“El objeto fundacional, prioritario y aglutinante de la banda es la defensa del territorio, lo que les permite desarrollar los diferentes tipos de negocios ilícitos que, a su vez, le generan beneficios económicos y los ascienden en poder respecto de bandas antagónicas”, argumentó Edery.
La acusación estuvo acompañada de la reproducción de audios con conversaciones entre los imputados. Los diálogos muestran la “banalización” de la violencia: “Tirar tiros para la organización es como ir a tomar un café”, comparó el fiscal.
La acusación detalló las carpetas judiciales relacionadas con la causa de asociación ilícita:
– El homicidio de Patricio Patiño, perpetrado el 22 de enero en Medici al 4800 por el cual está investigado Pala Gorosito.
– El crimen por error de Juan Alberto “Beto” González, el 1º de abril en Villa Gobernador Gálvez. La investigación de este crimen, por el cual está preso Pala, develó una trama de extorsión.
– El ataque a tiros contra el carrito de comidas de Beto Riba, una extorsión cuya autoría material le atribuyen al Brujo.
– El homicidio en Osvaldo Fernández, ocurrido el 14 de abril pasado en Filipini y Suipacha de la vecina localidad y “referido en diversas conversaciones entre los imputados”. Fue atribuido a personas que responderían a Julio Albornoz. Esa misma jornada y en ese mismo lugar, fue baleado un móvil de la Policía de Investigaciones (PDI).
– El incendio de un auto en Grandoli al 3700 el 15 de abril. El vehículo, de acuerdo con la investigación, sería de un transero que no vendía para René, por lo que ordenaron quemarlo.
– El secuestro de seis armas de fuego tras un allanamiento en Tablada,
– La balacera en el ingreso al penal de Piñero del 11 de agosto pasado, desatada a partir de un conflicto con Alan Funes, un ex socio de René Ungaro.
La audiencia se prolongó hasta altas horas de la noche. Culminó con la resolución de la jueza de primera instancia Valeria Pedrana: siete de los nueve imputados quedaron detenidos con prisión efectiva por 90 días, excepto las mujeres Costello y González, a quienes la magistrada les dictó domiciliaria mientras continúa la investigación.
