De acuerdo al relevamiento del Equipo de Género de la concejala Norma López, en Argentina se registraron de enero al 20 de noviembre de 2018 267 FEMICIDIOS en todo el país, mientras que en la provincia de Santa Fe ascendieron a 34 FEMICIDIOS, siendo Rosario y La Capital las ciudades con número más alto, 15 y 11 respectivamente. “Lo alarmante de estas cifras es que casi la mitad de las mujeres muertas en territorio santafesino fue por uso de armas de fuego. Es decir, 1 de cada 2 FEMICIDIOS fue con un arma”, explicó la edila.
En este sentido, López destacó: “Es necesario señalar que a nivel provincial registramos un 17% más que la media nacional. Y no es un dato menor a tener en cuenta el contexto de violencia en el que vivimos y el avance del narcotráfico en cuanto a la incidencia creciente del uso de armas de fuego. Ello habla a las claras de la situación que se vive en nuestra provincia donde 1 de cada 2 femicidios son cometidos con ARMAS DE FUEGO, en tanto que a nivel país en 1 de cada 4 casos se utiliza el mismo elemento. Sin dudas, esto implica un Estado ausente o laxo en cuanto a una política de control sobre las armas que circulan en el mercado legal. El acceso a un arma suele ser muy sencillo para la gente”.
Es fundamental profundizar el alto índice de uso de armas de fuego en relación a la violencia de género más extrema como son los femicidios. La edila expresó: “Resulta alarmante el elevado número de solicitudes de portación de armas de fuego por parte de varones. De acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y los datos que brinda la ANMac (Agencia Nacional de Materiales Controlados), los varones registran un 98 % del total de las solicitudes, mientras que las mujeres tan sólo un 2 %. En tal sentido, se cree que habría que estudiar la vinculación entre estas solicitudes de armas por parte de varones y los femicidios cometidos con este método.
De acuerdo al trabajo realizado por investigadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), publicados en algunos medios nacionales, informan que el 99% de los civiles armados son hombres y sólo el 1% mujeres, que en su inmensa mayoría se oponen a la adquisición de armas de fuego frente a la “inseguridad”. De este modo el estudio muestra la relación entre violencia de género y tenencia de armas de fuego: femicidios, homicidios y suicidios en los cuales las armas de fuego tienen un rol principal.
En el análisis del Equipo de Género de la concejala, destacaron que si bien la mayor cantidad de armas que circula pertenece al mercado ilegal también es cierto que de acuerdo a investigaciones realizadas en este sentido, la casi totalidad de las armas de fuego tienen un origen dentro de las normas y una parte de ese conjunto se desvía a la ilegalidad por negligencia, corrupción o contrabando. Según ANMac, existen en nuestro país más de un millón y medio de armas registradas, de las cuales el 84% pertenecen a civiles, según datos oficiales. Pero lo preocupante es que no existen estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan. Según la ANMac, estima que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas pero otras evaluaciones elevan el número a cuatro millones.
La concejala Norma López argumentó: “El Estado resulta un actor fundamental que debe asumir una política clara de control de armas, impulsando requisitos más estrictos tanto para el personal perteneciente a fuerzas de seguridad como para el resto de la sociedad civil. Claramente lo que se está haciendo NO ALCANZA. En tanto, se deberían implementar mayores acciones y programas que fomenten el desarme. Por eso presentamos un pedido de informes sobre los casos informados por el Ministerio Público de la Audiencia a la Anmac en base al convenio de cooperación firmado el año pasado”.
CASO POR CASO DE ROSARIO
El primer registro es del 02 de enero donde se produce en zona sur un supuesto ajuste de cuentas mientras la víctima cenaba en la vereda. El 04 de enero hallaron el cuerpo calcinado de una mujer en un volquete en la zona oeste. El 15, también en la zona oeste en un ajuste de cuentas, cae Marcela Díaz, hermana del «Tubi» Segovia.
El 10 de febrero en una balacera muere una empleada de la dirección de tránsito en lo que se presupone otro ajuste de cuentas.
El 09 de abril murió apuñalada en plena calle en la zona oeste, otra mujer. A la vuelta habían baleado una casa y un auto y se presume conexión entre los ataques. El 29 de abril los medios registraron el fallecimiento de una joven que días atrás había sido quemada por su novio.
El 23 de junio en la zona sur encontraron muerta a una señora en su casa en un posible hecho de inseguridad.
El 04 de julio en la zona norte muere una niña en una balacera. Su madre denuncia que la policía arregla con los narcos. El 07 de julio en la zona oeste muere una mujer baleada supuestamente por error en un ajuste de cuentas. El 15 de julio, en Fisherton, muere una mujer producto de los golpes y puñaladas que le brinda su pareja en plena calle.
El 14 de agosto, en Barrio Matheu, Distrito Sur, muere una mujer de 42 años, el sospechoso (que tenía una relación con ella) se suicidó al día siguiente. El 30 de agosto, en barrio Matheu, Distrito Sur, muere una mujer de 24 años muere producto de un disparo en la cabeza. Ella fue testigo en la causa de “Los monos”.
El 22 de octubre, muere en el HECA una mujer de 23 años por quemaduras graves. Su pareja fue imputado por femicidio.
El 10 de noviembre en barrio General las Heras, Distrito Sur, fallece una mujer de 27 años producto de haber recibido 3 disparos en la cabeza. Le dispararon desde un auto.
Huérfanos
Un dato a tener en cuenta es la cantidad de femicidios en que la víctima es madre. En estos casos, sus hijos quedan huérfanos, ya que a los femicidas se les quita la responsabilidad parental sobre ellos.
En este aspecto, a nivel nacional, se contabilizan hasta el momento 83 casos de víctimas de femicidio con hijos. Del total de estos casos, siete son de mujeres embarazadas de entre cinco y ocho meses. Este número suma a nivel provincial un total de 11 casos.
Hay que tener en cuenta que existe un subregistro en este punto ya que en una gran cantidad de casos de femicidios no contamos con los datos acerca de los hijos para poder relevarlo.
Es importante destacar que hasta el momento no se encuentra implementada la ley BRISA que repara económicamente a niños, niñas y adolescentes hasta los 18, y hasta los 21 años en los casos en que estudian y durante toda su vida si tiene alguna discapacidad.
