El Parlamento uruguayo aprobó una «Ley integral para personas trans» que apunta a promover la equidad de género y combatir la discriminación, establece mecanismos de cambio de identidad e incluye una reparación económica para personas trans que fueron víctimas de violencia institucional.
La Cámara de Diputados debatió la norma el jueves por la noche luego de que el Senado la validara. Un total de 62 votos en 88 legisladores presentes dio por aprobado el proyecto que deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo, informó el Congreso en su página web.
La nueva norma «establece una serie de acciones que tienen por objeto revertir los mecanismos de discriminación y estigmatización y garantizar a las personas trans el pleno ejercicio de sus derechos», señaló la nota oficial.
La ley incluye una serie de definiciones sobre identidad de género, expresión de género o persona trans, a la que describe como quien se «autopercibe y/o expresa un género distinto al sexo» biológico al momento del nacimiento «o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino».
El texto deja abierta la puerta para nuevas definiciones de identidad de género que surjan a futuro.
«A los efectos de esta ley y sin prejuzgar otras acepciones sociales actuales y futuras, la identidad trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género, en particular, se incluye a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales, variantes de género queer o personas de género diferenciado, así como a quienes definen su género como otro, o sin género, o describan su identidad en sus propias palabras», especifica la norma.
El proyecto, que deberá refrendar el presidente Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda), establece asimismo un régimen de reparación económica al reconocer que «la población trans que habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima de discriminación y estigmatización, incluso llegando a ser perseguida y encarcelada en el régimen de facto» que gobernó de 1973 a 1985.
Tendrán derecho a este beneficio personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que por su identidad de género «fueron víctimas de violencia institucional» y «prácticas discriminatorias ejercidas por el Estado».
La forma de determinar el acceso a este beneficio todavía debe ser reglamentada por el gobierno, sobre una base que, calculada al día de hoy, alcanzaría una prestación económica vitalicia de unos 355 dólares mensuales al cambio de la fecha.
El texto establece mecanismos para facilitar modificaciones en documentos de identidad y acceso a tratamientos hormonales o quirúrgicos.
Visibilizar minorías
El diputado Martín Couto, del oficialista Frente Amplio, uno de los defensores de esta ley en la cámara baja, dijo a la AFP que la minoría trans en Uruguay vive en una situación muy compleja y que la norma tiende a hacer visible a este grupo de personas para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
Uruguay tiene una «fuerte» tradición de «intervención del Estado para mitigar o reparar desigualdades» sociales, señaló el legislador.
Esta ley, sostuvo, es «un mojón más» que no se puede entender sin considerar otras leyes aprobadas en el país como la de Identidad de Género, o la ley del Matrimonio Igualitario que redefinió la institución matrimonial como la unión entre dos personas.
Son leyes que «visibilizan a minorías que estaban marginadas», concluyó.
