El anuncio sorprendió a los propios y ajenos: el gobierno de Uruguay instaló en la agenda de su gabinete un proyecto de ley para regularizar el mercado de la marihuana. El objetivo del presidente José “Pepe” Mujica parece claro: terminar con la criminalidad relacionada con el narcotráfico y llevar un control de los consumidores. Pero a pocas semanas de anunciada la posibilidad y ante la polvareda desatada entre sus conciudadanos, el líder del Frente Amplio (FA) deslizó la posibilidad de dar marcha atrás.
“Si el 60 por ciento de la población no entiende la iniciativa nos vamos a ir al mazo, porque esto es una batalla de la nación entera, que nada tiene que ver con colorados, blancos o frenteamplistas”, afirmó ante el rechazo ciudadano a la medida. “Debe haber un debate abierto en toda la sociedad, libre de todo prejuicio para tratar de solucionar el problema del narcotráfico”, agregó Mujica.
De acuerdo con el diario El País de Montevideo, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, tuvo una reunión con el mandatario para conocer el alcance de sus declaraciones. En ese sentido, el funcionario reconoció que “se puede retrasar la presentación” del proyecto. “No hay apuro extraordinario para presentarlo, además hay que dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, con actores institucionales, nutrirse de legislación comparada, estamos pensando en recibir la visita que se ofreció de la Junta Internacional de Control de Estupefacientes”, subrayó.
Breccia indicó que, de todas formas, las autoridades continuarán trabajando en una normativa que “no es tan difícil en su formulación como fundamentalmente en su exposición de motivos”.
“Puede ser un proyecto de ley muy sencillo, pero debe estar precedido de una exposición de motivos muy importante, que explique cuál es el sentido de ese anteproyecto”, acotó a la prensa local.
De acuerdo con el borrador de la normativa, en caso que se lleve a cabo, Uruguay podría convertirse en el primer país de América latina en donde el Estado asuma la producción, venta y control del consumo de cannabis. Aunque aún no estaba correctamente delineado, la idea base sería instalar puntos de venta y limitar la adquisición de entre 20 y 40 porros por persona por mes. Para ello, sería necesario instalar un registro de consumidores. Al legalizarla, se les daría la espalda a los vendedores ilegales y, a la par, se intentaría limitar el acceso de las personas a otras drogas duras, como la cocaína y el paco.
Por lo pronto, y a pesar de las dudas del gobierno en insistir o no con su idea, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), que depende de la ONU, enviaría una delegación al país para debatir e interiorizarse de los alcances de la medida.
El debate se ha instalado con fuerza entre los legisladores –entre los cuales prima la división respecto del tema– y la población en general, que teme que se dispare el “narcoturismo”.
Al respecto, el sociólogo uruguayo Alfredo Falero, profesor en la Universidad de la República de Montevideo, indicó a El Ciudadano que a su criterio no se trata tanto de “regularizar el mercado, sino de proteger al consumidor. En otros lugares donde se han llevado a cabo pruebas de este tipo, como en Holanda, han tenido más pros que contras, si bien no se conoce mucho sobre la instrumentación real del proyecto”. Asimismo, ante la negativa de la comunidad en general, afirmó: “Hay aquí una gran hipocresía hasta el momento para trabajar con la problemática”.
