Es el proyecto estrella de un paquete de quince medidas para combatir la violencia y criminalidad, pero lejos de lograr el efecto esperado la posibilidad de que el Estado asuma la producción y comercialización de la marihuana abrió una grieta entre el electorado y el gobierno uruguayo. El plan, que rompe con los esquemas internacionales para la lucha contra el narcotráfico, cuenta con varios puntos ciegos y deja al descubierto las contradicciones entre los propios promotores, sostuvieron analistas.
En el texto del proyecto de ley presentado el 8 de agosto pasado, y que comenzará a debatirse en diciembre, se hace hincapié en que, bajo la premisa de “reducir los riesgos y daños potenciales en los que incurren aquellas personas que usan marihuana con fines recreativos o medicinales”, el Poder Ejecutivo propone un “marco normativo que permita regular el mercado del cannabis”. Pero la iniciativa –fundamentada con detalles en el “fracaso estrepitoso” de las políticas prohibicionistas en el mundo a lo largo de 12 páginas– se resume a un solo artículo en el que no se ahondan en los mecanismos que se aplicarían.
De acuerdo con los datos que las autoridades han brindando a cuentagotas, el plan estimaría que los alrededor de 150.000 fumadores nacionales sean incorporados a una base de datos y que cada uno de ellos reciba un máximo de 30 gramos de esta droga por mes, lo que equivaldría a una elaboración total de más de cinco toneladas.
“No queda claro cómo hará el gobierno para hacerse con los insumos para producir cigarrillos de marihuana, si los adquirirá en el exterior, si los producirá en el país, bajo qué forma jurídica, si autorizará la producción local a empresas privadas, cómo funcionará el registro de consumidores, etcétera”, explicó Rafael Rey, Doctor en Sociología de la Universidad de la República a El Ciudadano.
Así, mientras el presidente José “Pepe” Mujica y varios de sus ministros descartaron la posibilidad de avalar el autocultivo, Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas y uno de los autores de la medida, lo sostiene como opción. “Hay que establecer un registro de consumidores y productores. Eso es imprescindible para que el sistema funcione”, explicó Calzada. “Siempre con esa idea, se podría establecer una cooperativa de producción, una modalidad que se aplica en España, precisamente en el País Vasco, donde cada planta tiene el DNI de su dueño”, continuó.
“Nosotros tenemos un objetivo claro que es reducir la criminalidad y aumentar la seguridad ciudadana. El proyecto se enmarca en la intención de eliminar las actividades ilícitas relacionadas con el narcomenudeo en el país”, sostuvo.
Para la creación del esquema, los funcionarios se basaron en la experiencia de Holanda, pionero en la despenalización de la venta y el consumo cannabis en la década del 70. Sin embargo, allí aún no está regulada su producción, por lo que las fuentes de abastecimiento provienen del mercado ilegal. Según Calzada la apuesta en Uruguay es más alta ya que se busca evitar el “efecto góndola”, es decir “lograr separar los mercados de estupefacientes”.
Aunque el país cuenta con una de las tasas criminales más bajas del continente, la delincuencia y violencia han ido en aumento desde que los traficantes utilizan al país como puerto para enviar su mercadería a Europa. “Se trata de una prueba piloto y sería apresurado sacar conclusiones sobre si funcionará o no. Lo cierto es que nada puede garantizar que el control estatal vaya a reducir la violencia”, manifestó el politólogo uruguayo Rubén Vargas. “Para llevar a cabo un proyecto de estas características, el gobierno tiene que contar con instituciones fuertes, con una policía firme e incorruptible, de manera tal que todo marche de acuerdo a lo pautado”, subrayó el experto. “Antes de hacer rodar una medida de estas características, a la ciudadanía hay que educarla, y eso lleva tiempo. Por ahora veo una utopía encerrada en un laberinto”, opinó.
La idea está planteada como una alternativa a la infructuosa guerra contra el narcotráfico, aplicada con mayor énfasis en países como México y Colombia, y que en los últimos años ha dejado un tendal de muertos, víctimas civiles, millones de desplazados, tráfico de armas y corrupción en altas esferas del poder. “En principio la guerra contra la erradicación no es viable. Tiene costos financieros muy altos, requiere importantes esfuerzos del Estado y se producen inmensos daños colaterales”, explicó José Marcelo Zacchi, especialista brasileño en temas de seguridad y drogas.
“Como en su momento sucedió con el alcohol y el cigarrillo, existe una demanda que no se puede negar. Legalizar la marihuana no quiere decir que sea reconocida como inocua, sino que crearía un mercado legal que le abriría las puertas al control: quiénes podrían acceder, venderla, dónde se comercializaría”, subrayó el ex consultor de seguridad ciudadana para el Banco Mundial y prevención del crimen y la violencia en América latina.
“Hay un gran consenso científico sobre que una droga abre las puertas al individuo para que investigue otras”, indicó quien también cogestionó el programa de pacificación de las favelas de Río de Janeiro. Eso se suma que, si la comercialización es “ilegal, los consumidores se alejan del servicio de salud, lo que sumado al prejuicio en torno a ellos produce un efecto negativo. Hay que abrir nuevas políticas al respecto”, sintetizó.
A pesar de haber recibido el apoyo de grandes personalidades como el escritor peruano Mario Vargas Llosa, el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y su par de Colombia, César Gaviria, entre otras personalidades, la jugada de Mujica no fue bien recibida por la sociedad uruguaya. De acuerdo con un sondeo conocido a mediados de septiembre y realizado por Cifra, el mandatario cuenta con una aprobación del 36 por ciento, el nivel más bajo que desde que asumió en marzo de 2010. “A mi criterio, el costo que paga Mujica no es sólo por la idea en sí, sino también por la improvisación que hay en torno a ello, sostuvo Vargas.
