Ezequiel Orlando / El Destape
Promovido por Mauricio Macri, la ley de emprendedores pretendía ayudar a los pequeños empresarios a realizarse. Lejos de eso, su esquema, que emula a las offshores, sirvió también como puerta de entrada para organizaciones delictivas e individuos que pretenden esconder sus activos de familiares, socios o del propio Estado.
Una banda narco que utilizó más de 40 sociedades por acción simplificada (SAS) para mover al menos $ 1.200 millones en los últimos dos años es el caso más rimbombante. Como reveló El Destape, la asociación se aprovechó del ínfimo control que el Gobierno puede ejercer sobre estas compañías para crear una nueva cada 15 días y usarla por cuatro a seis meses. Las empresas les sirvieron para comprar droga, lavar dinero y aprovechar el crédito fiscal generado en las operaciones y son investigadas en la actualidad por la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe.
Este no se trató de un caso aislado de «desvío» en el uso de esta polémica ley sancionada en 2017. Por el contrario, la posibilidad de constituir compañías en 24 horas con poco dinero y controles estatales mínimos permitió la propagación de actividades irregulares, con fines probablemente fraudulentos. Según pudo saber El Destape, en una revisión rápida distintos organismos públicos observaron decenas de situaciones llamativas.
A partir de febrero de 2018 se constituyeron diez sociedades por acciones simplificadas unipersonales con contratos redactados exactamente iguales en seis meses. La mayoría tenían la misma sede social y exhibía la extraña particularidad que dos personas fueron los apoderados en la mitad de ellas. Esto obligó a la Inspección General de Justicia a realizar un reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera.
Empresas pobres hacen compras millonarias
El Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires constató que una misma SAS constituida en febrero de 2019 con sólo $ 22.600 adquirió un mes después nada menos que cinco departamentos de un mismo edificio por un total de U$S 522.000. Una empresa «tradicional» debería justificar de dónde sacó fondos por más de $ 21 millones 30 días después de su fundación, en especial si se trata de un monto casi 93.000% superior a su capital inicial, pero la ley de emprendedores le permitió evadir los controles preventivos.
Se dieron varios casos similares. Una compañía con capital mínimo y con sede social en el mismo domicilio real del socio unipersonal, adquirió el mismo día de su creación, en marzo de 2018, dos unidades de un edificio en el barrio de Caballito, por los que pagó U$S 450.000.
Otra compañía enmarcada en la ley de emprendedores adquirió en abril de 2018 departamento en la calle Pellegrini y avenida Córdoba por U$S 1 millón, a pesar de que un mes antes contaba con sólo $ 20.000 de capital y con domicilio idéntico al del único dueño.
En junio de este año, otra sociedad fundada en noviembre de 2018, hipotecó a favor de dos personas un inmueble Carranza y El Salvador por U$S 960.000. Sin embargo, siete meses antes sólo tenía $ 21.400.
Dos escrituras de mayo y junio de 2018 acordaron la permuta de un terreno en la avenida Pueyrredón y Lavalle a cambio de unidades a construir. La adquirió una empresa unipersonal registrada en marzo de ese año por vía digital y sólo con $ 300.000. El monto de la operación fue de $ 33 millones, a través de un contrato en el que la SAS se comprometió a construir un edificio de diez pisos.
En mayo de 2019 fue inscripta la adquisición de un inmueble en Altolaguirre y Juramento por una SAS creada seis días antes. La compró por U$S 840.000, pese a que sólo contaba con un capital social de $ 25.000.
Sociedades que compran propiedades antes de su creación
En noviembre de 2017 se transó por U$S 300.000 un inmueble en Gavilán y Bacacay por una compañía creada una semana después, de acuerdo a los registros públicos. Esta empresa compró la propiedad como fiduciaria de un fideicomiso constituido 11 días más tarde de la operación pero con el supuesto fin de adquirir ese activo y construir allí un edificio en cinco años.
Otra sociedad por acciones simplificada, de septiembre de 2017 y que poseía $ 100.000, se hizo de un inmueble en Paroissien y Mariano Acha por nada menos que U$S 320.000. Llamó la atención de las entidades gubernamentales que la operación de compra-venta se llevó a cabo tres días antes de la registración oficial de la SAS.
