Una banda integrada por al menos seis personas que operaba en Tierra del Fuego y que está acusada de explotar sexualmente a mujeres de diversas provincias en un cabaret a través de un sistema de captación por avisos clasificados en un diario de tirada nacional, comenzó a ser juzgada hoy por la justicia fueguina.
En la primera jornada del juicio oral que se inició en el Tribunal Oral en lo Criminal de esa provincia, la fiscalía a cargo de Juan Soria detalló que el jefe de la banda, Víctor Antonio Morales, era el encargado de captar a las víctimas, mientras que el resto de los acusados cumplía diferentes roles dentro de la banda.
El representante del Ministerio Público detalló que Cristina Ramírez, alias “Camila”, Daniela Morales Ledesma, alias “Ale” y Mirta Jorgelina Puglia, alias “Marcela Rey”, “mami” o “mamá, serían las encargadas del funcionamiento del local y quienes llevaban el registro de la actividad de las mujeres en un libro de “pases”.
También están imputados María Cristina Ledezma y Mauro Luciano Morales Ledezma.
El cabaret llamado «Black and White» funcionaba bajo un sistema de multas por supuestas “infracciones” que los tratantes cobraban a las víctimas por conceptos como llegadas tarde o falta de limpieza, lo que reducía aún los ingresos de las mujeres, señala la agencia Télam.
El dinero de las víctimas también era manejado por los dueños del prostíbulo, que aducían “cuestiones de seguridad”, y por los mismos motivos y para “tramitar la libreta sanitaria” también les retenían los documentos de identidad
El único que declaró en la primera jornada del juicio fue el jefe de la supuesta estructura delictiva, mientras que el resto de los imputados no hicieron lugar esa opción.
La investigación se remonta al 20 de marzo de 2010, cuando una mujer denunció en una comisaría de Rosario, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y le había enviado un mensaje de texto dando cuenta de situaciones sospechosas.
El requerimiento de elevación a juicio de la causa afirma que la Fiscalía Federal de Ushuaia logró establecer la existencia de otros casos de mujeres captadas y trasladadas al sur del país para ser explotadas sexualmente.
Por su parte, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo, recibió el 7 de abril de 2010 una denuncia del Instituto Nacional contra la Discriminación (InadiI) en la que se mencionaba la publicación de avisos clasificados en Clarín, pidiendo “señoritas para cabarets en Ushuaia”.
La Protex realizó una investigación preliminar y descubrió que la banda operaba a través de un sitio web donde se ofrecían servicios sexuales, además de recolectar pruebas como escuchas telefónicas y otros avisos clasificados publicados entre diciembre de 2011 y enero de 2012.
Las investigaciones se unificaron en Ushuaia y por orden del juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, se realizaron cinco allanamientos, tanto en el prostíbulo, situado en Antártida Argentina 173, como en domicilios particulares, el 27 de abril de 2012.
El operativo llevado a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional permitió liberar en la oportunidad a una decena de mujeres y logró el secuestro de diversos elementos, como dinero en efectivo, un arma de fuego y medicamentos utilizados para realizar abortos.
Calvete detuvo y después liberó a los seis acusados, que finalmente fueron procesados el 15 de mayo de ese año, en una medida que confirmó la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en febrero de 2013.
El tribunal fueguino está integrado por los jueces Luis Alberto Giménez, Ana María D’alessio y Alejandro Ruggero, en tanto también interviene el fiscal general del distrito, Adrián García Lois y el fiscal de la Protex, Abel Córdoba.
