Por Miriam Campos- La Nueva Mañana
Un brigadista de incendios forestales que trabaja en un parque nacional tiene un sueldo por debajo de la línea de pobreza, cobra solo 420 mil pesos. En Córdoba, ninguno de ellos es planta permanente, solo contratados; y para trasladarse al lugar de trabajo lo hacen en su propio vehículo o en colectivo, pero ya sin el pase del descuento. Varios de los que trabajan en el Parque Nacional la Quebrada del Condorito son de la zona, viven en Río Los Sauces, que está en el mismo camino de las Altas Cumbres en la ruta 34, pero al estar a 30 o 40 km del parque, si la plata no alcanza aplican un régimen de cuatro días por tres. Es decir, se quedan en el parque cuatro días y luego pueden volver. La idea es ahorrar y que no signifique ir a laburar solo para pagar transporte y comida.
A estas condiciones ajustadas a la crisis económica, se suma la incertidumbre de si podrán seguir trabajando dentro de 10 días, cuando se caigan los contratos que los dejarían en la calle. Se trata del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei a pocos días de asumir cuyo objetivo apunta, cueste lo que cueste, al achique del Estado.
“La situación que atraviesan los parques nacionales es apremiante, pero no es la primera vez que un Gobierno intenta hacer esto”, dice a LNM el guardaparque Gabriel Brizuela, que trabaja hace 17 años en el área, se desempeña en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y además es delegado de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Poco personal para todas las áreas protegidas
En todo el país existen 55 áreas protegidas, que comprenden unos 18 millones de hectáreas y para ello, solo hay 2.200 trabajadores en todo el territorio nacional -se calcula un trabajador cada 8.000 hectáreas-. De ese total, el 50%, unos 1.100 trabajadores, de efectivizarse la medida presidencial, el 1 de abril se quedarán sin su fuente de trabajo.
La situación de Córdoba es tan compleja para los tres parques nacionales (Traslasierra, Quebrada del Condorito y Parque Nacional y Reserva Asenuza) como en otras regiones. Hay una dotación de 95 personas y el 60% de ellas está en condiciones de contratos precarios en las distintas modalidades que se viene haciendo desde hace muchos años. “Ahí hay un retroceso gigante porque mientras hubo una pelea estos cuatro años de pase a planta permanente y de estabilidad laboral, ahora no solamente no se logra ese derecho sino que se retrotrae y aumenta el grado de precariedad del tipo de contrataciones”, indica Brizuela.
Un panorama complejo
“Los brigadistas de incendios forestales, contratados bajo el artículo 9/ 2098, son los más precarios de todos y son justamente los que arriesgan sus vidas yendo al combate del fuego; es un laburo tremendamente insalubre y no hay un reconocimiento de la actividad de alto riesgo”, dice Brizuela y cuenta que han peleado durante años por un régimen de retiro que tenga que ver con reconocer esa actividad como de alto riesgo, anticipado, y el pase a planta permanente que les había prometido la gestión anterior pero que no se cumplió. “Entonces están servidos en bandeja para que el Gobierno de hoy les pase la motosierra”, indica el guardaparque.
Al contexto, como en muchas áreas del Estado, se suma que los parques nacionales también están afectados por el congelamiento del presupuesto a enero de 2023, lo cual impacta en el plan operativo anual de trabajo: “Muchas de las cosas que usamos vienen de afuera y eso va a generar que hasta junio haya presupuesto para seguir funcionando y después de ese mes se verá, reducir todo a la mínima expresión», explica Brizuela.
Un ecosistema de trabajadores en riesgo
Para poder preservar un área protegida, no solo son necesarios los guarparques y brigadistas sino también todo un ecosistema de trabajadores como administrativos, biólogos, arqueólogos, técnicos, cuyas tareas aportan a la reintroducción de especies nativas y control y erradicación de especies exóticas para la protección de los parques.
Acá en la provincia, toda la estructura recibirá el impacto de los despidos. Por ejemplo, la Dirección Regional Centro, que coordina los parques que están en la región centro del país: San Luis, San Juan, La Rioja, Mendoza y Córdoba; y también el Centro de Formación y Capacitación en Embalse, que le llaman “la escuelita de guardaparques”.
Atrás del recorte y los despidos para ajustar los números hay carreras profesionales, proyectos de vidas, necesidades y muchos sueños.
Contratos precarizados
“Hace 16 años que trabajo en Parques Nacionales, y estuve 15 años con un contrato de artículo 9 de la ley pública nacional, recién el año pasado pude rendir contrato para pasar a planta permanente y esa es la situación de la gran mayoría de los compañeros que están con contratos”, dice La Nueva Mañana María Llorens, que trabaja en la Administración de Parques Nacionales, una oficina técnica ubicada en Córdoba capital desde donde se coordina con los parques que están en la región centro del país.
“Estamos viviendo esta situación con mucha angustia”
“El decreto que quiere implementar el sistema de revisión de contratos cada tres meses es un sistema muy perverso, sobre todo para este tipo de administraciones. Nosotros trabajamos en conservación, no podemos proyectar o armar un plan de gestión de un parque cada tres meses cambiando el personal”, dice Llorens y agrega que es una modalidad inviable porque para este tipo de actividades se necesitan contratos, “mínimamente”, anuales para poder proyectar un manejo de conservación, de manejo de uso público, de turismo, que es la tarea que se hace desde la Dirección Regional Centro.
“Estamos viviendo esta situación con mucha angustia, recién la semana pasada se designaron autoridades del parque, y ahora se está regularizando a los compañeros que estaban trabajando sin contrato desde enero, pero estamos a la espera que no se caigan el 31 de marzo”, agrega la trabajadora y puntualiza que al haber recorte de personal, se habilita avanzar con el desfinanciamiento, para luego “hacer negocios con el sistema de parque nacionales”, olvidando que tienen por objetivo final nada menos que la conservación y la protección de los ambientes.
El interés de desmantelar los parques nacionales
“En el caso de Córdoba, pero en buena parte del país también, el reordenamiento territorial es un desastre”, retoma Gabriel Brizuela y detalla que los parques nacionales son “el último relicto” de preservación del mínimo 3% de bosque nativo que queda en la provincia que abarca el ambiente chaco serrano, del monte de espinal en el caso de Traslasierra, de los bañados y esteros en otros sectores. “Esto ha sido provocado por las políticas del desmonte, por el avance de las fronteras agroganaderas, especialmente de la soja, granos de cereales y con el avance de la frontera inmobiliaria que es brutal. No queda prácticamente cubierta vegetal en la provincia salvo estos lugares que son los parques nacionales y en algunas reservas provinciales que dejan mucho que desear porque al depender de las provincias los presupuestos son mínimos”, explica.
Los tres parques nacionales que hay en Córdoba representan lo último que queda de los ambientes naturales con todo su patrimonio genético, toda la biodiversidad que contienen. Esto significa el cuidado y el servicio ecosistémico fundamental que es el de la captación del agua para que la consuma la población. “Nosotros cuidamos la cuenca para que la gente abajo pueda consumir el agua potable. Todo eso es lo que están en riesgo, realmente es tremendo que estas políticas puedan ir quitando al máximo esa posibilidad de seguir protegiendo los ambientes naturales que son claves, para la continuidad de la vida y la salud inclusive de la población”, lamenta Brizuela y destaca que además, de la protección, “los parques nacionales aseguran soberanía”.
El guardaparque explica que el interés está puesto en el avance sobre los territorios para la explotación, la venta, para que vengan las multinacionales a buscar los recursos que hay como el agua, los acuíferos. Todo eso implica la importancia, además de evitar que esos territorios se degraden por la actividad productiva, extractiva, también por el tema de la caza fortuita, el tráfico de fauna, la contaminación de los ríos, el saqueo de maderas por parte de empresas que sacar árboles de valor maderable, son explotados de manera ilegal, van haciendo enorme daño en el ambiente, “todo esto explica por qué tienen que seguir existiendo los parques nacionales”, dice Brizuela y puntualiza: “Es fundamental que los parques nacionales estén bajo resguardo del Estado porque en manos de privados, particulares, o el mercado como auspicia este tipo de políticas del Gobierno, lo que se pone por delante son los negocios, solo rentables”.
“Tiene que si o si existir este organismo en la órbita del Estado y nosotros, las y los trabajadores de Parques Nacionales nos tenemos que poner al frente de la continuidad de las políticas que están destinadas a la conservación de la naturaleza”, dice Brizuela y cierra: “porque los funcionarios que pasan, que son puestos a dedo por los gobiernos de turno tienen otros intereses. Por eso, somos también el objetivo a despedir”.
