Desde 2015, con la primera marcha de Ni Una Menos, la agenda de género comenzó a ocupar un lugar central en la agenda política y mediática. Las mujeres y disidencias ganaron las calles de todo el país y el reclamo por la igualdad de derechos y contra de la violencia machista resonó como nunca antes. La formación de colectivos feministas que acompañaron las denuncias y las hicieron públicas, como fue el caso de Actrices Argentinas con Thelma Fardín, sumó visibilidad a la problemática y contagió a muchas a golpear las puertas de la Justicia. Desde la Fiscalía de Violencia de Género estimaron que reciben entre 50 y 90 denuncias por día y dijeron que el número aumentó en relación con el año pasado. Sin embargo, resta mejorar la respuesta de la Justicia ante las denuncias. La falta de perspectiva de género en un organismo históricamente patriarcal y machista aparece como una de las principales deudas. La adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Micaela, que estipula la formación en género para todos los operadores del Estado, representa un avance en ese sentido pero la legislación es reciente y aún faltan los mecanismos para aplicarla.
“Hay que seguir trabajando sobre lo que pasa después que la mujer denuncia. Ver qué respuesta les da el Estado. Hay que reforzar la formación de operadores, generar políticas públicas –con recursos eficientes- que acompañen a la mujer que decide continuar con la investigación penal, institucionalizar la articulación entre organismos estatales y judiciales, y desburocratizar los circuitos de denuncias para evitar revictimizar a las mujeres”, señaló a El Ciudadano la fiscal de Violencia de Género, Luciana Vallarella.
Respuestas
No todas las denuncias que llegan a la Fiscalía de Violencia de Género tienen la misma gravedad. Tampoco todas buscan una condena. “A veces la denuncia es la forma que las mujeres encuentran para pedir ayuda al Estado”, dijo Vallarella, una de las tres fiscales de la oficina que trabaja bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.
Cuando una denuncia llega a la oficina, lo primero que hacen las fiscales es contactar a la mujer. La entrevistan, le preguntan qué busca, y piensan en una solución. La respuesta varía depende la gravedad de cada situación. En algunas, aun cuando la mujer no quiera una condena, las fiscales deciden avanzar en una instancia judicial porque entienden que la situación es grave y las pone en riesgo.
“Muchas hablan de problemas de consumo de sus agresores o de presencia de armas en la casa como factor de temor. Tratamos de medir cuán grave es la situación y si hay o no reiteración de hechos para ver hasta dónde podemos o no avanzar. Cuando la mujer no quiere que el agresor vaya preso, avanzamos en una imputativa en libertad o en alguna medida alternativa que tenga relación con la temática de género o con la situación en particular”, explicó Vallarela.
La fiscal señaló que en lo que va del 2019 firmó 31 procedimientos abreviados y un caso llegó a juicio oral.
“Es injusto medir el número de condenas porque muchas veces generamos otro tipo de respuesta que puede cambiar la vida de las personas atendiendo a lo que quieren las mujeres y a cada situación. Tenemos que poder pensar distintas respuestas desde el Estado para atender situaciones de violencia de género que no necesariamente sean una condena. Debemos ser creativas para pensar distintas respuestas. No están escritas en ningún lado y varían según cada caso”, señaló.
Lo que falta
Para Vallarella las luchas de los feminismos en las calles visibilizaron la problemática y animaron a las mujeres y disidencias a denunciar en la Justicia. Sin embargo, resta que el Estado sume perspectiva de género en todos los ámbitos para mejorar las respuestas que da a quienes denuncian.
“Falta avanzar en la formación de operadores jurídicos con perspectiva de género. En la Facultad de Derecho no hay contenido específico sobre el tema. Y de ahí salen quienes trabajan en la Justicia. No existe la conciencia que los casos donde haya una mujer siempre hay que abordarlos desde esa perspectiva. Incluso cuando ella aparece como autora. No es una decisión individual, sino que es un mandato institucional a partir de incorporar la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) con jerarquía constitucional”, explicó la fiscal.
“Cuando la mujer es la autora existe menos perspectiva que cuando es víctima. Hay que seguir formándose. Por ejemplo, en los delitos contra la propiedad pueden pensarse estas relaciones de género así como en los lugares de las bandas criminales para contar una información más verdadera y conocer la responsabilidad de cada integrante”, agregó.
Para la fiscal, otra de las dificultades está en la burocratización de los trámites que deben hacer las víctimas a la hora de denunciar. “Necesitamos generar más articulaciones entre los distintos organismos del Estado como son las instituciones que trabajan en territorios, los centros de salud o de convivencia barrial. Los contactamos de forma artesanal pero las articulaciones deberían estar institucionalizadas. De lo contrario, se pierde información y no se puede actuar rápido”, señaló.
Por último, Vallarela señaló la necesidad de políticas públicas que acompañen y contengan a la mujer que denuncia.
“Necesita ser acompañada durante la causa penal, sino terminan retractándose. Cada vez es más común la retractación y lo hacen cada vez más cerca de la denuncia. Los motivos varían. A veces dependen económicamente del agresor o tienen hijos en la pareja. También depende de los recursos que tenga mujer para resolver la situación por su cuenta”, explicó.
