La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y distintas organizaciones sociales que buscan la aprobación de la ley convocan a un pañuelazo para este martes frente a las sedes de Rosario y Buenos Aires de la Confederación General del Trabajo (CGT). Pedirán una reunión con las autoridades de la central obrera a nivel nacional después de que autoridades sindicales plantearan que las obras sociales no podía costear los abortos. En Rosario la concentración será a las 11.30 en Córdoba entre Balcarce y Moreno, donde repartirán pañuelos verdes. A las 12 marcharán hasta la sede de la CGT (Córdoba al 2000).
Pilar Escalante, de la Campaña Nacional por el Aborto, convocó al pañuelazo y explicó en LT8: “La cúpula de CGT había planteado que las obras sociales no podía costear los abortos. Nosotros planteamos no sólo que las obras sociales lo cubran, sino que en los gremios se refleje en las distintas instancias el derecho social que estamos planteando”.
Consultada sobre la postura de la Conferencia Episcopal Argentina, Escalante dijo: “Las opiniones de la Iglesia valen para la Iglesia. Nosotros estamos exigiendo una ley en un Estado laico. Lo que podemos decirle es que el aborto clandestino es muerte. Es muerte de mujeres, es muerte de personas gestantes”.
“El aborto legal nos permite tomar decisiones para que podamos seguir con nuestra vida. Nos permiten cuidar nuestra salud. Todas estas personas que se llenan la boca con la moral y las buenas costumbres en su fuero privado acompañan abortos, abortan, pagan abortos, muchas veces obligan a abortar para cuidar esa moral y esas buenas costumbres, pero con dinero”, explicó Escalante. Según la militante, eso les permite combatir en el espacio público y condenar a las mujeres que dice lo que sucede. “Las mujeres abortamos, que podemos hacerlo de manera segura y acompañadas por el Estado, o podemos hacerlo como hoy de manera insegura sino tenemos los medios. La Iglesia puede decir lo que quiera. Lo que no puede es tener injerencia en las políticas públicas de un Estado que debería ser laico”.
Obras sociales
El miércoles pasado la conducción de la CGT adelantó que «ni ahora ni en el futuro» adoptaría una posición institucional acerca de la legalización del aborto debido al respeto que le merecen las convicciones personales y las creencias de los integrantes y afiliados. Sin embargo, sí deslizaron su preocupación sobre cómo podría afectar a la economía de las obras sociales la aprobación de la ley que tiene media sanción en Diputados. Es que la práctica pasará a formar parte del Programa Médico Obligatorio (PMO).
En un comunicado difundido el lunes pasado desde la central escribieron: “La discusión que actualmente se está dando sobre el aborto toca una fibra tan sensible para la sociedad que excede a la representación colectiva de los trabajadores. Resultaría demagógico y poco democrático esbozar una postura que a la claras no reflejaría de manera uniforme la visión de cada uno de los integrantes de esta Central. Acompañaremos la decisión que derive de la votación en el ámbito del Congreso Nacional».
“Esta Confederación viene gestionando y alertando al Poder Ejecutivo Nacional y a los Ministerios de Trabajo y de Salud sobre el impacto que la inflación descontrolada imprime sobre las economías de las obras sociales, afectando de manera directa en la compra de insumos, la contratación y pago a prestadores; pero por sobre todo los altísimos costos que generan algunos fallos judiciales que obligan a las instituciones a cumplir con procedimientos experimentales, lo cuales motivaron la necesidad de creación de la Agnet (Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud)», concluyeron desde la CGT.
