Las autoridades de Ghana dijeron ayer que cumplirán con el dictamen del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de liberar la Fragata ARA Libertad, embargada en el puerto de Tema desde el 2 de octubre a raíz de la demanda de un fondo buitre por bonos de deuda en default, y para ello el gobierno del país africano decidió interponer una moción para que un tribunal comercial invalide el fallo de primera instancia que la mantiene retenida.
El trámite judicial posiblemente interfiera con la intención argentina de que el buque zarpe de regreso hoy mismo como anunciaron los ministros de Defensa, Arturo Puricelli, y de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman.
Para cumplir con este objetivo, anoche partía un vuelo charter directamente a Ghana transportando a 98 marinos necesarios para completar la dotación del buque, que quedó con 44 tripulantes a bordo cuando fracasaron las primeras tratativas para levantar el embargo.
Está previsto que el vuelo llegue hoy a mediodía a Ghana y que los marinos se embarquen de inmediato en el buque escuela de la Armada, pero la fragata también debe ser aprovisionada para el viaje.
Esa tarea demanda unas cincuenta horas, según el canciller Timerman, lo que también pone en duda que el buque de la Armada pueda navegar de regreso hoy mismo.
Representación de bonistas
La firma de banca de inversión Puente Hermanos, anunció ayer que se presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York para representar a los bonistas argentinos en el juicio que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre.
La empresa se presentó como «parte interesada», en el juicio, que tendrá una audiencia clave el próximo 27 de febrero, y en el que se analizará el fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa, suspendido luego por la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
La medida de Griesa, que implicaba pagarle al fondo buitre NML a costa de los pagos destinados a los bonistas que aceptaron el canje, está congelada hasta la definición del juicio.
El titular de Puente Hermanos, Federico Tomasevich, destacó que la firma es, hasta el momento, “la única entidad privada que ha tomado esta iniciativa”, debido a que se considera afectada, desde el punto de vista que la empresa es asidua emisora de títulos nacionales, que se ven afectados por esta medida.
“En caso de que la Cámara confirme el reciente fallo del juez Griesa las consecuencias contra nuestro país pueden ser sumamente graves, injustas e impredecibles, especialmente si el Tribunal obliga a la Argentina a incumplir con sus obligaciones de pago”, señaló el presidente de Puente.
