La Fiscalía de causas NN logró identificar a 15 líneas telefónicas –y los titulares de cada una de ellas, incluido un chip traído de los Estados Unidos– desde las que partió la campaña de hostigamiento contra víctimas, familiares, testigos y abogados de causas por crímenes de la dictadura, funcionarios judiciales, referentes de organismos de derechos humanos y dirigentes políticos y gremiales opositores. Así lo confirmó el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien ratificó la existencia de una campaña coordinada que comenzó el pasado 8 de marzo, dos semanas antes de que se cumpliera un nuevo aniversario, el número 42 del golpe de Estado de 1976, y la consideró “de suma gravedad institucional”. En ese marco afirmó que se continúa recolectando y evaluando evidencia y que la investigación puede derivar en el corto plazo en “detenciones y otras medidas”.
La campaña de hostigamiento se concentró en un conjunto específico de personas, a quienes se las incluyó forzosamente en grupos de Whatsapp con los sugestivos títulos de “Zitelli vive” (por el recientemente fallecido sacerdote Eugenio Zitelli, ex capellán de la Policía y acusado por crímenes de la dictadura, “El Nuevo Videla” (por el ex dictador Jorge Rafael Videla), “Muerte a Milagro Sala”, “Tucu Vive” (por el represor Eduardo Costanzo, fotografiado violando la prisión domiciliaria que cumple), “Muerte a las denunciantes”, y “Fiscales hijos de puta”, entre otros.
Una vez incluos los números de las víctimas directamente se les proferían amenazas como “Disfruten sus últimas horas libres”, “prepárense para ser raptados” o “están todos secuestrados”.
Entre las decenas de personas hostigadas aparecen los diputados nacionales Josefina González y Lucila De Ponti, los concejales Norma López, Eduardo Toniolli y Marina Magnani; integrantes de organismos de derechos humanos como Ana Moro, Iriz Perez, Pablo Álvarez y Juane Basso; la abogada querellante en causas por crímenes de la dictadura Ana Oberlin, el fiscal y titular de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos, Adolfo Villatte, y el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Marcelo Trucco.
También militantes sociales como Alejandra Fedele; dirigentes sindicales como Javier Almirón y Paulo Juncos y el ex defensor general de la provincia Gabriel Ganón.
Todos ellos debían dar testimonio este martes en el Ministerio Público de la Acusación, pero ante el recrudecimiento de las amenazas el fiscal Ponce Asahad adelantó el trámite, que se concretó el sábado 31 de marzo.
Y este martes el funcionario confirmó que “se libraron una serie de despachos que arrojaron resultados”.
El fiscal sostuvo también que va a “proceder con todas las herramientas y todo el rigor que otorga el código y la legislación”, y adelantó que las personas identificadas residen en Rosario, Córdoba y Buenos Aires y que se identificó un chip traído de Estados Unidos que se pudo geolocalizar.
La denuncia por amenazas se había concretado el miércoles 28 de marzo, cuatro días después de la movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, por el Espacio Juicio y Castigo, ámbito que integran organismos de derechos humanos locales, entre ellos Madres de Plaza 25 de Mayo, Abuelas, Hijos Rosario, Familiares, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto a sindicatos, fuerzas políticas y organizaciones sociales.
