El Concejo Municipal aprobó ayer, en el reinicio de las sesiones ordinarias tras el receso invernal, una ordenanza para facilitar aún más la instalación de alarmas comunitarias, sistema que viene expandiéndose cada vez más en barrios. Ahora el mecanismo, que encuentra eco en zonas donde los vecinos se conocen entre sí y se agrupan para tratar de autogarantizarse una seguridad común, podrá instalarse en postes de alumbrado público municipal e incluso tomar electricidad de estos, sin cargo alguno: será la Municipalidad la que pague el consumo –se estima mínimo– de los dispositivos, siempre y cuando, plantea la ordenanza, sean conectados por personal de la Dirección General de Alumbrado Público.
La ordenanza, de autoría de los ediles Alberto Cortés, del socialismo auténtico, y los justicialistas Osvaldo Miatello y Diego Giuliano –ahora en monobloques separados tras integrar la misma bancada– tomó como base la ordenanza 7.914 que a finales de 2005 dejó creado el “Subprograma Municipal de Alarmas Comunitarias” como parte del ya entonces vigente Programa Municipal de Seguridad Urbana, y la más reciente ordenanza 8.991, que a fines del año pasado creó Registro Único de Técnicos Instaladores de Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alarma Electrónica, estableciendo requisitos para la firmas y para el personal instalador de este tipo de sistemas.
En el texto de la norma, los ediles tomaron en cuenta la creciente cantidad vecinos agrupados que están instalando, en sectores que van de una cuadra a varias manzanas, “sistemas de luces, silbatos y sirenas” y que habilitan números telefónicos de alarma y otros mecanismos, y también que “son frecuentes las consultas” –muchos ediles están en plena campaña electoral recorriendo los barrios y hablando con vecinos– sobre la conexión de sistemas de alarmas comunitarias.
En ese marco, el primer artículo de la norma –de la que resta el visto bueno del Palacio de los Leones para entrar en vigencia– dispone la autorización para usar las columnas del alumbrado público municipal “solicitados por vecinos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones vecinales”.
El segundo artículo dispone que las alarmas puedan abastecerse de electricidad para su funcionamiento del mismo sistema de alumbrado público, luego que alguna de las prestadoras de ese servicio (artículo 3º) inscriptas en el Registro otorguen un certificado para homologar la instalación de los equipos. El Registro, en tanto, también llevará un detalle de la cantidad de sistemas de alarmas comunitarias instaladas, su ubicación y el nombre del proveedor.
Una vez instalada, toda alarma comunitaria deberá ajustarse al protocolo que establecerá la Municipalidad para su conexión a la red de alumbrado público, que “será realizada exclusivamente” por el personal del área, que también se encargará de desconectar (artículo 7º) a cualquier dispositivo instalado sin atender la normativa.
En ese marco, otro de los requisitos a cumplir es informar “de manera clara y permanente el emplazamiento de sistemas de alarmas comunitarias, fijándose carteles indicativos posicionados de manera visible que contengan el número telefónico, la dirección electrónica y dirección postal del proveedor del sistema”.
Todos los datos van al registro
La ordenanza 8.991, la última normativa aprobada sobre alarmas comunitarias –y en rigor sobre todos los sistemas de alerta y monitoreo– es de autoría de la concejala radical Daniela León, el justicialista Osvaldo Miatello y los ediles del PRO Roy López Molina y Alejandro Roselló y dejó establecido el marco regulatorio y el protocolo para su instalación. Para ello creó el Registro Único de Técnicos Instaladores de Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alarma Electrónica en el ámbito de la Subsecretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad.
La normativa avanzó sobre un sector cuyo personal técnico ingresa a domicilios particulares para lo cual se estableció, entre una serie de requisitos, la obligatoriedad de portar y exhibir una credencial identificatoria y habilitante, incorporarse a una base donde consten sus antecedentes y datos personales y, en el caso de las empresas, a no registrar antecedentes como infractores en los organismos administrativos del trabajo, previsionales y de la seguridad social como condición para desarrollar la actividad.
La ordenanza 8.991 alcanza a “todas las personas físicas o jurídicas encargadas de realizar el tendido de cables y/o fibras ópticas para la instalación de cámaras, dispositivos satelitales para localización y dispositivos de detección de movimientos y apertura de puertas y ventanas, y todo otro elemento que se comercialice para cumplir funciones similares a las mencionadas”. Entró en vigencia el 26 de diciembre de 2012 y por estas fechas debe estar en plena vigencia, ya que establecía un plazo de 180 días para que las empresas, empleados y profesionales particulares que revistan en el sector se adecuaran.
Al norte, al sur y al oeste
La flamante normativa aprobada por el Concejo termina de completar un paquete de tres que regulan el sistema de alarmas comunitarias, entramado que suma una acción preventiva por parte de los mismos vecinos.
En la normativa, los ediles tomaron en consideración normativas y acciones análogas como las del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, que votó una ordenanza solicitando al Ejecutivo local que autorice la instalación de alarmas comunitarias “cuando los vecinos así lo requieran” en postes de alumbrado público y su conexión la red; o la que rige en San Lorenzo desde octubre del año pasado, que además de la autorización de instalar alarmas en postes y columnas de alumbrado también habilita los semáforos y también cede electricidad en forma gratuita para el funcionamiento. También tomó en cuenta que en Funes, “con permiso del municipio” vecinos del barrio Villa Elvira instalaron las primeras alarmas comunitarias de la vecina localidad en columnas de alumbrado.
En cuanto a la provisión eléctrica sin cargo, los concejales rosarinos se basaron en un informe del director general de Alumbrado Público, Jorge Nocino, quien ratificó que representaría un bajo costo para el erario municipal.
