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Vecinos de barrio La Cariñosa lograron suspender una orden de desalojo para 500 familias

La semana pasada tomaron conocimiento de una orden para desalojar los terrenos que habitan hace décadas. Tras una audiencia en Tribunales provinciales acordaron una prórroga en la decisión. Las partes aceptaron pasar a un cuarto intermedio por 180 días

Este lunes los habitantes del barrio La Cariñosa lograron un acuerdo con el empresario Armin Reutemann en Tribunales provinciales de la ciudad de Rosario para prorrogar el desalojo que había dispuesto en los últimos días la jueza Cecilia Camaño.

Se trata de 131 familias que durante la semana pasada se enteraron de un pedido para desalojar las tierras que habitan hace 40 años en la zona de circunvalación y Avellaneda. El terreno pertenecía al Estado nacional, pero en 2002 pasó a manos privadas, momento desde el cual persiste el conflicto.

Con miles de rosarinos sin acceso a una vivienda digna ya asoma un conflicto judicial por desalojo

La audiencia en los tribunales de Moreno y Balcarce llevó más de dos horas y finalmente los vecinos lograron prorrogar el desalojo por al menos 180 días. Si bien son 131 familias las que protagonizan el conflicto judicial, desde la génesis del conflicto al día de hoy pasaron a ser 500 las que viven en los terrenos en disputa.

El caso se conoció el miércoles pasado, pese a que la orden de desalojo se había dictado el 5 de octubre. Desde la Concejalía Popular, entidad que defiende a los vecinos, consideraron que los habitantes del terreno se anoticiaron luego de semanas, ya que «la jueza tramitó en silencio» el proceso.

Tras la audiencia, el integrante de Concejalía Popular, Nire Roldán, manifestó: «La defensa jurídica y social de los vecinos de La Cariñosa consiguió un avance cualitativo en el Derecho de Vivienda Digna. Términos Jurídicos suspendidos hasta el 15/2/21 y compromiso de Nación , provincia y municipio para garantizar el hábitat de las familias».

Por su parte, el diputado provincial Carlos Del Frade, quien también estuvo acompañando en la convocatoria frente a Tribunales, sostuvo que la decisión es «un reconocimiento al derecho que las familias tienen» y agregó: «Ahora lo que viene es darle los servicio básicos como el agua y la electricidad».

De la vigilia en la puerta de Tribunales también participaron la diputada provincial Dámaris Pachiotti y la concejala Luz Olazagoitía.

    

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