Claudio de Moya
Una obra deseada, pero en lugar indeseado. Es el resumen de la posición que sostienen vecinos de Casilda que se organizaron en una Asamblea Ciudadana. Resisten que la construcción de un edifico de tribunales que concentrará dependencias hoy dispersas sea justo en el Parque Sarmiento.
Es que, insisten, se trata del único pulmón verde de la ciudad, definido como humedal por la ley provincial de áreas protegidas, además de un terreno bajo riesgo hídrico según un estudio de la UNR. Plantar cemento allí, argumentan, resta en lugar de sumar para la calidad de vida de los casildenses. Hay un largo derrotero de este conflicto socioambiental cuyo último capítulo judicial se cumplió este lunes: una audiencia de partes como corolario de una presentación de amparo en la que cada quien expresó su postura. El final es abierto. Este jueves se cumple un mes del acampe frente al predio cercado donde ya se talaron añosos árboles para iniciar los trabajos de construcción.
Por el momento, la Municipalidad suspendió la obra porque la empresa adjudicataria de la licitación debe unos cuantos papeles, situación expuesta por los propios vecinos de la Asamblea. Pero temen que, por un lado, la decisión judicial sobre el amparo sea desestimarlo. Y que, además, el Ejecutivo local levante la clausura de los trabajos apenas la constructora subsane su flojedad de documentación.
Intereses difusos, resistencia concreta
Lucrecia Martini es representante de la Asociación Protectora de Animales de Casilda, una de las entidades que se oponen a la localización de los futuros tribunales en el Parque Sarmiento. Recordó a El Ciudadano que tras un primer amparo de la organización civil ella y la concejala Manuela Bonis hicieron dos presentaciones análogas a título personal, que luego unificaron. Están basadas en la ley nacional 10.000 de intereses difusos y por la misma reclamaron participación ciudadana en el tema y un informe de impacto ambiental que brillaba por su ausencia.
La presentación recayó en el Juzgado de primera instancia del Circuito 7 que comanda la magistrada Laura Bavaya y llamó a una audiencia de conciliación entre partes para el último lunes. Allí estuvieron, por el lado de quienes promueven el edificio en el espacio verde, la Fiscalía de Estado, la Fiscalía General, la Asociación de Abogados, el Ejecutivo casildense, el Coloma (Consejo Local de Medio Ambiente que depende de la Municipalidad) y la empresa adjudicataria de la obra, Bordo Arquitectura SRL.
Cada parte expuso su postura. Las firmantes de la petición de amparo refrendaron su reclamo de reubicación de los Tribunales. La pelota ahora quedó en campo de la magistrada, que debe resolver si otorga o no el amparo. En el segundo caso, adelantó Martini, seguirán con las presentaciones judiciales. El conflicto, además, tiene a la justicia, en particular a la Corte Suprema de Santa Fe, como parte.
Una mención aparte, que destaca Martini, es la puesta a disposición, durante la audiencia de principios de semana, del tan reclamado como escamoteado informe de impacto ambiental de la obra, dada su particular ubicación cerca del arroyo Candelaria, en su valle de inundación.
El documento, afirma la referente de la Protectora de Animales, concluye que el proyecto no contraría ninguna ley de protección de los ecosistemas. El documento lleva la firma de la licenciada en Geoecología y Medio Ambiente Danisa Don. Un dato singular, recalca Lucrecia, es que “en una de sus carátulas figura como fecha agosto de 2022 y en otra el 15 de diciembre siguiente. Y esto es una semana después de que, el 7 de diciembre, entraran operarios con maquinarias a talar árboles en el Parque Sarmiento”. También luego de que, el 9 del mismo mes, fueran demorados varios jóvenes que participaban del acampe, que las autoridades intentaron desarmar aunque sólo lo consiguieron por unas horas.
15 años para una obra conflictiva
La controversia se agudizó porque en julio último se adjudicaron los trabajos tras 15 años de confeccionado el proyecto que, durante ese lapso, sumó reiteradas objeciones. Y este miércoles, apareció un cartel de obra provisorio acompañado de una primera acción que es todo un símbolo: operarios con motosierras comenzaron a despejar terreno con una poda extrema de árboles que hace más de medio siglo dan sombra al lugar, en una jornada con 40 grados de temperatura.
El lote en cuestión, de 3.650 metros cuadrados, tiene acceso por bulevar Ovidio Lagos, entre Catamarca y San Luis. La obra se promociona como la más ambiciosa en la historia de Casilda. Está proyectada una superficie cubierta total de 4.521 metros cuadrados en cuatro niveles más subsuelo para estacionamiento. Los trabajos incluyen una “refuncionalización” del parque Sarmiento que no está clara, sobre un espacio elegido por los casildenses para numerosas actividades de recreación, incluso escolares, deportivas e infantiles.
El convenio para la obra se firmó en 2007 con la cesión del predio, propiedad del Estado provincial, al Poder Judicial. Contó con el respaldo del Ejecutivo local, comandado por el entonces intendente y hoy senador provincial Eduardo Rosconi, y la aprobación del Concejo Municipal. La iniciativa durmió tres lustros hasta que este 2022 se anunció la licitación pública 26/22, con un presupuesto de 1.300 millones de pesos y un plazo para la ejecución de la obra de 730 días a partir de la adjudicación. En paralelo, se reactivó la resistencia de miles de vecinos que pusieron sobre la mesa lo que consideran una irracional elección del sitio de emplazamiento.
El edificio fue pensado para alojar la Defensoría General, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, la Oficina de Gestión Judicial, el Fuero Penal, los Juzgados Civil 1 y 2, el de Familia, el de Menores, la Asesoría de Menores, el Juzgado de Circuito, la Fiscalía de 1º Instancia, la Cámara Gesell y un futuro Juzgado Laboral. Hoy, son instancias desperdigadas en la ciudad, muchas de ellas en locaciones alquiladas. Los vecinos no se oponen a su unificación, sí a que sea, como sostienen, a costa de avasallar el pulmón de la ciudad y con ello parte de su calidad de vida.
La Asamblea de Casilda no está sola en la oposición del lugar elegido. La acompañan el gremio docente Amsafé del departamento Caseros, el Consejo Académico de la Escuela Agrotécnica de la UNR y profesionales relacionados con el medio ambiente.
Por el lado de la sociedad civil, ya se juntaron nueve mil firmas tras el petitorio “El Parque no se toca. Defendemos nuestros espacios verdes”. Es casi la cuarta parte de los habitantes de Casilda.
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