Este jueves el fiscal de Cámara Guillermo Corbella dictaminó que la provincia debe convocar a una audiencia pública en el plazo de 45 días en el marco del conflicto desatado por la declaración de la veda pesquera comercial y deportiva en todo el cauce del río Paraná en la provincia de Santa Fe.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en feria de los Tribunales de Rosario revocó parcialmente el fallo de primera instancia que había establecido la veda total de pesca en la provincia. Dispuso dejar sin efecto la veda de pesca deportiva, permitiéndola pero con devolución obligatoria, y morigerar la pesca comercial limitando la veda en este caso a los días martes, viernes, sábados, domingos y feriados.
La medida había sido declarada por el juez en lo Civil y Comercial de la 11 Nominación de Rosario, Luciano Carbajo, y rige entre el 29 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021, y exceptúa sólo la pesca denominada de subsistencia. Según fuentes judiciales, el dictamen de Corbella considera que la veda no es razonable y le pide a la Cámara que le otorgue a la Provincia un plazo de 45 días para cumplir con una serie de medidas que incluyen fijar un cupo máximo de captura y establecer una veda parcial.
Toda la semana la Asociación Civil de Pescadores mantuvo cortes de ruta en distintos puntos de la provincia, entre ellos el del acceso al puente Rosario-Victoria.
El juez Carbajo había dado lugar a una medida cautelar presentada por diputados provinciales y las organizaciones El Paraná No Se Toca e Identidad Ecológica. Voceros de esas ONGs planteaban que se trata de proteger la fauna ictícola del sistema río Paraná, golpeado por la extraordinaria bajante y la actividad de sobrepesca en toda su cuenca.
Ante esta noticia, la abogada integrante de El Paraná No Se Toca Romina Araguas explicó a El Ciudadano que desde la organización emitieron un comunicado donde consideran «razonable el pedido del fiscal de Cámara sobre establecer un período de establecimiento de medidas de preservación y llamado a audiencias públicas a fin de empezar a superar este conflicto».
En el mismo plantearon que si la propuesta no va acompañada de un proyecto «serio, cumplible y verificable de protección de los bienes naturales y de mejora de la precaria situación de los pescadores que forman parte del eslabón más vulnerable de la injusta cadena comercial, la desastrosa situación planteada por una bajante extraordinaria y una explotación sin límites del recurso pesquero sin duda se agravará hasta límites impensados».
Asimismo apuntaron contra la gestión provincial de negar y ocultar la problemática y de demorar siete meses en reconocer la necesidad de una veda pesquera. También consideraron que las definiciones judiciales les dieron la razón a los ambientalistas.
Finalmente, expresaron que «una situación natural extraordinaria desnuda la desidia con la que se han tratado históricamente durante muchos años estos tema de por sí complejos. Estamos frente a una oportunidad inédita de revertir la situación esta vez en beneficio de los pescadores artesanales y de la preservación de la biodiversidad. Los responsables tienen el deber de estar a la altura de las circunstancias».
