Guadalupe Carmona
20 años han pasado desde que el Centro Cultural La Toma nació de las cenizas. Ese espacio ubicado en Tucumán 1349 es la cristalización de un proceso de lucha que comenzó en 2001, cuando los trabajadores del Supermercado Tigre ocuparon las instalaciones después de varios meses sin cobrar sus salarios y sin que les hicieran los aportes. Así surge la cooperativa Trabajadores en Lucha, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad y a la profunda crisis que atravesaba el país en ese momento.
La Toma acoge múltiples organizaciones sociales, propuestas solidarias, actividades culturales. Allí funciona desde 2009 el primer Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y también un mercado popular. El Estado desarrolla políticas activas de inclusión social junto a los trabajadores del lugar –desde la desmanicomialización, la atención de gente en situación de calle, la galería de arte de la Facultad de Humanidades–. Este espacio es símbolo de la solidaridad de los trabajadores y de la fuerza de los vínculos con la sociedad, valores que tienen que ver con lo colectivo, con el compartir y ayudarse entre sectores populares. Y, además, significa la fuente de trabajo de más de cien personas.
En ocasión del 20° aniversario del Centro Cultural La Toma, ocurrida el lunes 26 de abril, Carlos Ghioldi, referente histórico del espacio y secretario gremial de la CTA de los trabajadores, contó cómo se fue desarrollando este largo proceso de lucha que encararon en aquel 2001: “Los trabajadores del entonces supermercado Tigre somos dejados en la calle, luego de un enorme proceso de maniobras fraudulentas y vaciamientos. La empresa quedó fundida y los empresarios más ricos de lo que eran antes. En ese marco, ocupamos el establecimiento en lucha por los puestos de trabajo y con la expectativa de evitar que se terminen de liquidar las cosas de la empresa. Las circunstancias nos hicieron poner el lugar en funcionamiento por nuestra parte, es decir, administrado por los trabajadores a través de una cooperativa”.
Ghioldi contó que en aquellos tiempos ya empezaron a vislumbrar que en el Poder Judicial, que nunca había dicho nada por las maniobras empresariales, se evidenciaba una hostilidad enorme, tanto que les dictaminó una sentencia de desalojo que desde hace 20 años se niegan a levantar.
La orden de desalojo es una amenaza constante para todos aquellos que conforman y le dan vida al centro cultural. A pesar de las leyes promulgadas por el Estado provincial en contra de tales órdenes, que les otorgan a los trabajadores el espacio y la utilización del predio así como de las maquinarias, el fondo residual Sedesa aún mantiene la disputa y piden la ejecución de una sentencia de desalojo que viene desde el 2001. En 2019, en ocasión de otro embate que giraba en torno a esta problemática, ya Carlos Ghioldi explicaba que “los poseedores nominales de los títulos, de una hipoteca residual impaga en 1993 por los antiguos dueños del supermercado Tigre, han desconocido todas las leyes sancionadas por la Legislatura provincial”.
Ghioldi sostuvo que hasta el día de hoy, la acometida viene motorizada por un sector de “abogados carroñeros” que se quedaron con los papeles de una hipoteca de un banco quebrado que el anterior empresario estafó hace 30 años. Resaltó que, durante los diez años que funcionó el supermercado Tigre, “jamás reclamaron nada de que le paguen la hipoteca, lo reclaman recién cuando los trabajadores se hicieron cargo del lugar”.
Un espacio de referencia y contención social
Pocos espacios logran la referencia y contención social que ha conquistado La Toma. La apuesta al uso colectivo del lugar se intenta sostener día a día. Ghioldi contó que el Estado, en sus diversas variantes, ha dado muestras de un gran apoyo a lo largo de los años. “Nosotros invitamos a que la Universidad, el Estado municipal, provincial y nacional se incorporen al lugar para desarrollar actividades públicas de inclusión social, como por ejemplo la economía social”, explicó. Hace 20 años atrás la situación social era dramática y se necesitaba esa articulación con la administración estatal. “En ese entonces el Estado municipal organizó emprendimientos, más de 80 artesanos y emprendedores tuvieron su sede en La Toma de manera gratuita, compartiendo con los demás trabajadores”, expresó el referente.
Con el paso del tiempo, cada vez más organizaciones populares y sectores sociales se fueron sumando al establecimiento. “Se fue llenando de organismos de derechos humanos –la ronda de Madres de Plaza de Mayo, Espacio Juicio y Castigo, entre otras– hasta de sindicatos –como el Sindicato de Profesionales Telefónicos–. Todos instalados en el lugar de manera precaria y provisoria porque nosotros nunca pudimos hacer que nos liquiden la orden de desalojo”, expresó Ghioldi.
A principios de abril del corriente año el concejal del PRO Agapito Blanco realizó un pedido de informe sobre las actividades que se llevan a cabo en el espacio autogestionado y recuperado La Toma, cuestionando la seguridad del lugar. Un amplio conjunto de organizaciones sociales, gremios, partidos políticos y legisladores manifestaron su apoyo a los trabajadores del centro cultural.
“¿Hace veinte años que viene pasando esto, que un sector de especuladores, de vivos, mantiene en esta situación de irregularidad a tanta gente. Ahora aparece un concejal y dice que quiere un pedido de informes para ver si este lugar está regularizado. Sería chistoso si no fuera trágico”, remarcó Ghioldi.
En el contexto de tal pedido de informe y la movilización de distintos sectores sociales frente al anexo del Concejo Municipal, el secretario gremial de la CTA de los trabajadores aclaró: “Le fuimos a explicar a este concejal. Tal vez fue engañado en su buena fe y le hicieron presentar esta cosa. Nosotros somos los primeros interesados en que esto se regularice. Para regularizar la situación hay que ir con el título de propiedad, con el contrato de alquiler, hay que ir a la dependencia a empezar el trámite. Nosotros no lo podemos tener porque nos mantienen la orden de desalojo”. Finalmente, el Concejo rechazó el pedido de Agapito Blanco.
Un consorcio conjunto: una solución
Ya se han ensayado, a lo largo de los años, soluciones posibles para el conflicto. Ghioldi expresó que existe una propuesta hace tiempo: “La solución que propuso el ex Ministro de Justicia Juan Lewis, el ex gobernador Miguel Lifschitz y el ex Decano de la UNR Darío Maiorana: que se arme un consorcio entre todas las organizaciones, las instituciones, el Estado, y se hagan cargo del lugar junto a los trabajadores para darle continuidad a la función social que terminamos cumpliendo”.
Hoy, como desde hace 20 años, la necesidad que subyace a la historia de La Toma es una. Como sostiene Ghioldi: “Que este par de pillos deje de jorobar y acepte algo que el juzgado aceptó, que el Estado en su momento aceptó, que aceptaron todos los actores, que era que el Estado se haga cargo de la hipoteca. Y ellos dicen que no porque quieren sacar más plata en un remate. Una cosa increíble. Claramente dos abogaduchos, un estudio jurídico, pone en jaque a la sociedad y eso tiene que terminar”.
