El titular de la UATRE, Gerónimo «Momo» Venegas, presentó documentación y pidió varias medidas para evitar ser procesado en la causa por la «mafia de los medicamentos», por la que estuvo detenido por decisión del juez federal Norberto Oyarbide.
No obstante, Oyarbide -quien esta semana recibió un fuerte reproche de la Cámara por la forma en que lleva adelante la megacausa- prosigue con la investigación y ya pidió examinar el registro de llamadas del teléfono celular de Venegas, así como también peritar varias computadoras de la sede central de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores.
En las últimas horas y luego que el equipo de abogados que trabaja para el sindicalista accediera a copias de la causa, pidieron al juez realizar varias medidas de prueba, antes de resolver si procesa a Venegas como acusado de integrar una asociación ilícita y otros delitos, tal cual surge de la causa.
Los abogados de Venegas que formalmente lo asisten, Miguel Ángel Plo y Adrian Castello, pidieron al juez que escuche como testigos a tres personas de la Obra Social del gremio OSPREDA: el encargado de farmacia, un auditor médico y una persona de administración.
El argumento que esgrimen desde la defensa de Venegas es que la UATRE no tiene farmacia propia y muchos de sus servicios están tercerizados.
Además, los abogados ofrecieron prueba documental mediante el acompañamiento de muchos de los expedientes que la UATRE presentó ante la Administración de Programas Especiales (APE) para cobrar el reintegro por presuntos medicamentos complejos que habrían otorgado a afiliados, pero que en realidad se utilizó en la compra de unidades sanitarias móviles.
Esos troqueles que el juez puso en duda es porque se utilizaron con otro fin al que está amparado por la ley.
Por último los abogados pidieron que dos especialistas de parte fuesen aceptados para intervenir en el estudio pericial de las computadoras de la UATRE, ubicada en la calle Reconquista al 600, tal cual una de las medidas que pidió el juez.
Los abogados de Venegas están convencidos que Oyarbide terminará procesando al dirigente sindical, aunque lo que desconocen es si lo hará con o sin prisión preventiva, y en ese sentido sí tienen hasta el momento una señal positiva.
Que el fiscal de la causa Luis Comparatore, al estar a favor de su libertad luego de quedar detenido, expresó que su situación penal no es tan grave como la de otros imputados en la causa, en referencia clara al titular del gremio bancario, Juan José Zanola, preso y acusado de ser el «jefe» de una asociación ilícita.
Entre el equipo de abogados que asiste a Venegas existen diferencias sobre cómo encarar la estrategia defensista, y por ello en los últimos días hubo dimisiones de un grupo de letrados que proponía medidas más duras.
Ese grupo que ya dejó de integrar el equipo, proponía para hacer frente a la causa algún tipo de medida «más dura», como la de recusar al juez.
Esa idea cobró más fuerza cuando esta semana la Sala II de la Cámara Federal dictó un fallo en el que revocó dos procesamientos y aprovechó para realizar «algunas consideraciones» sobre cómo Oyarbide lleva adelante la instrucción de la megacausa que tiene más de 50 imputados y en las que se investigan unas 80 obras sociales.
Concretamente, la Cámara -superior jerárquico de Oyarbide- le criticó la «forma desordenada» con que lleva adelante la causa, y el anexar todas las semanas nuevos hechos a la causa central por la «mafia de los medicamentos».
Por lo pronto, está pendiente que el juez resuelva no sólo si procesa o no a Venegas, sino también a otro grupo de detenidos pocos días atrás, entre ellos el poderoso empresario José Luis Salerno, quien era socio de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
