La oposición venezolana marchará este miércoles para exigir que cese la «usurpación» del poder al presidente Nicolás Maduro, quien movilizará a sus seguidores contra lo que denuncia como un golpe de Estado en curso orquestado por Washington.
Bajo fuerte tensión tras el fugaz alzamiento de un grupo de militares que desató pequeñas protestas, oficialistas y opositores sostendrán su primer gran pulso en las calles luego de las manifestaciones que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.
Tomando impulso bajo el joven liderazgo del jefe del Parlamento de mayoría opositora, Juan Guaidó, la oposición busca superar sus fracturas y reanimar a sus seguidores, fijando una nueva hoja de ruta: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres».
«Tenemos una cita histórica con nuestro país (…) Vamos a cambiar Venezuela, a conquistar la democracia. ¡Este es el momento!», dijo Guaidó, al llamar a la población a manifestarse en todo el país.
En la otra acera, los chavistas, que también marcharán en varias ciudades, buscan dar un espaldarazo al cuestionado segundo mandato de seis años que inició Maduro el 10 de enero, considerado «ilegítimo» por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos.
La víspera, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, expresó abiertamente su apoyo a las protestas opositoras, tras lo que Maduro ordenó a la cancillería revisar los nexos diplomáticos con ese país.
«Lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, a través del vicepresidente Mike Pence, de dar órdenes de ejecutar un golpe de Estado fascista (…) no tiene parangón en la historia de las relaciones bilaterales», reaccionó el mandatario socialista.
«¡Esto no funciona!»
Las manifestaciones ocurren en medio de la peor crisis en la historia moderna del país petrolero, que sufre escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019.
El colapso económico provocó el éxodo de 2,3 millones de personas desde 2015, según la ONU, el mayor movimiento migratorio en décadas en América Latina que ha dado lugar a brotes de xenofobia en países como Brasil, Colombia y Ecuador.
«Voy a marchar porque esto no funciona, no hay agua, no hay luz, no hay transporte, el dinero no alcanza. Nos engañan con una caja del Clap (alimentos subsidiados) para que estés como una oveja», declaró a AFP Carlos Muñoz, en Cotiza, barriada del norte de Caracas.
Yelitze Pariata, de 47 años y quien vive en una casa que le dio el gobierno en San Martín, centro de Caracas, dijo querer «marchar en paz para apoyar al presidente y demostrarle al mundo que el chavismo está unido».
En vísperas de las marchas, unas 30 pequeñas protestas y disturbios ocurrieron en Caracas y sus cercanías. La noche del martes en los populares barrios Catia y Petare, decenas salieron sonando cacerolas y gritando: «Que se vaya Nicolás». Tanquetas antimotines recorrían sectores de la capital.
El gobierno acusó a Pence de haber ordenado a los militares que se rebelaron el lunes entregar armas a activistas de Voluntad Popular -partido de Guaidó y del encarcelado líder Leopoldo López- para desatar el caos en las marchas.
«La violencia se la dejamos a otros. No caigamos en provocaciones», pidió Guaidó, cuyo llamado a movilizarse se extiende a los migrantes venezolanos en varios países.
Los militares, la clave
Los ánimos se caldearon el lunes cuando, en medio de llamados opositores a la Fuerza Armada para que desconozca a Maduro, 27 militares sublevados -y poco después detenidos-, robaron armas y se atrincheraron en un cuartel de Cotiza, llamando a los venezolanos a salir a las calles.
Según expertos en seguridad, el incidente evidenció el descontento en la Fuerza Armada, considerada el sostén de mandatario socialista.
Para Guaidó, quien se dice dispuesto a presidir un gobierno de transición, la sublevación militar muestra que los llamados a los militares están teniendo eco.
Aunque la justicia lo declaró en desacato y anula todas sus decisiones desde 2016, el Parlamento, que considera a Maduro «usurpador», aprobó el martes dar amnistía a los militares que colaboren con un gobierno de transición.
Si bien la Fuerza Armada dice estar unida, según la ONG Control Ciudadano unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar, unos 10.000 militares pidieron la baja desde 2015 y más de 4.000 desertaron de la Guardia Nacional en 2018.
La Organización de Estados Americanos (OEA), que declaró también la «ilegitimidad» del segundo gobierno de Maduro, analizará el jueves «los recientes acontecimientos en Venezuela».
