La conmoción por el ataque armado perpetrado por un adolescente de 15 años en la Escuela N° 40 «Mariano Moreno» ha derivado en un fuerte reclamo político y social. El intendente local, Marcelo Andreychuk, rompió el silencio tras el episodio que dejó un saldo de un muerto y ocho heridos, centrando su discurso en una advertencia que, según afirma, las autoridades provinciales han ignorado: el avance imparable de la violencia y el narcotráfico en el ámbito educativo.
Un sistema desbordado por el consumo
Para el jefe comunal, lo ocurrido este lunes no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg de una crisis social profunda. Andreychuk fue categórico al señalar al consumo de sustancias como un factor determinante en la degradación de la convivencia juvenil.
«Venimos pidiendo ayuda a la Provincia hace mucho. Cada vez se consume más joven, sustancias mucho más baratas y más basura, que te comen la cabeza rápidamente», sentenció el mandatario, vinculando directamente la falta de políticas de prevención con el aumento de la agresividad en los menores.
A pesar de contar con equipos interdisciplinarios municipales, el intendente reconoció que las herramientas locales son insuficientes frente a una problemática que calificó como «muy grave» y que requiere de una intervención estatal de mayor escala.
El pedido de auxilio a la Provincia
Andreychuk subrayó que la ciudad de San Cristóbal no es una «isla» y que el clima de inseguridad que azota a Santa Fe se ha filtrado en las aulas. En sus declaraciones, el intendente remarcó que las alertas sobre la violencia en las instituciones escolares han sido constantes por parte de su gestión.
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Falta de efectivos: El mandatario reclamó de manera urgente «más fuerzas de seguridad» y una presencia activa del gobierno provincial para contener un territorio que se siente desamparado.
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Armas en las escuelas: Calificó de «raro y complejo» que un alumno logre ingresar con un arma de fuego a un establecimiento, lo que expone la vulnerabilidad de los controles y la falta de protocolos de seguridad efectivos.
El impacto en la familia municipal
El dolor del intendente también tiene una veta personal y administrativa. Según confirmó, el padre del niño de 13 años asesinado es empleado del municipio, lo que ha sumido a la administración local en un luto directo.
Mientras el fiscal Mauricio Espinoza avanza en la investigación para determinar de dónde provino el arma utilizada por el agresor de 15 años —quien era considerado un «buen alumno»—, la comunidad de San Cristóbal espera respuestas que vayan más allá de las condolencias. El reclamo de Andreychuk es claro: sin una intervención real sobre el consumo y la violencia estructural, las escuelas seguirán siendo escenarios de tragedias evitables.
