En medio de los lobbies agroindustriales que obtienen enormes ganancias en los mercados externos, ahora más por una guerra que aumenta los precios internacionales e internos, pequeños productores del campo que abastecen las mesas de los argentinos organizaron para este miércoles en todo el país un «verdurazo» para que se debata el proyecto de ley de acceso a la tierra que este año, por cuarta vez, fue presentado en el Congreso. El capítulo rosarino de esa movilización nacional es en el Monumento a la Bandera, donde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se propuso regalar 2 mil kilos de verdura.
Además del tratamiento de la norma, la movida es para exigir políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar. Es el que produce más del 60% de los alimentos para las familias argentinas.
El proyecto de ley de Acceso a la Tierra fue presentado por cuarta vez en este 2022 en el Congreso por la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos Cecilia Moreau, quien también lo había ingresado el año pasado. «Hay que terminar con la especulación del sector privado, el monopolio agroindustrial y comercial que aumenta injustificadamente el precio del alimento. Desde la organizacion, entendemos que es central poner en discusión la matriz agroalimentaria de nuestro país. Hoy, la mitad de la Argentina tiene problemas para comer y las familias productoras no tiene tierra propia para producir», resumió Victoria Escobar, integrante de la UTT Santiago del Estero y de la coordinación nacional de la organización.
«Producimos un alimento en dólar para un pueblo que gana en pesos, la diferencia la ponemos las familias trabajadoras aumentando las horas de trabajo en las chacras y las familias vecinas comprando cada vez menos y de peor calidad. Necesitamos políticas públicas activas para contener el permanente aumento de los costos de producción», agregó Lucas Tedesco, de UTT San Vicente.
Carla Sossa, delegada en Santa Fe de la UTT, explicó que el «verdurazo» busca poner en la agenda mediática al pequeño productor y a los arrendatarios. «Pedimos que se trate la ley, que fue presentada por cuarta vez en 2022 en el Congreso», insistió. «Queremos comprar la tierra, no que nos la regalen. Por eso estamos pidiendo un Procrear rural, para que podamos acceder a las tierras porque somos campesinos y en los bancos no nos dan préstamos», abundó sobre las dificultades del sector agrario, el otro campo que rara vez es escuchado por el Estado y casi nunca tenido en cuenta por los medios de comunicación.
«Hay una contradicción el freno al precio de los alimentos y el impulso a la agroindustria, y tiene que ver con una continuidad del modelo agropecuario y extractivista, en el que entendemos que los gobiernos se alternan pero ven en ese modelo la llegada de dólares que nunca llegan. Las propuestas pueden ser más ecológicas, más o menos amigables con el planeta, pero son espejitos de colores. Los dos modelos de producción no pueden convivir”, había señalado en 2021, a raíz de la tercera presentación del proyecto, el referente de la UTT Agustín Suárez.
Dos campos
Las desigualdades sociales que persisten o se agudizan en el país tienen un anclaje relevante en los ámbitos rurales: sólo el 13% de la tierra productiva está en manos de pequeños productores que producen más de la mitad de los alimentos que circulan en el mercado interno. En contraposición, el 1% de las grandes empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada.
“El proyecto de ley propone un sistema de créditos blandos estilo Procrear, pero para el sector rural, con el cual las familias, pequeñas productoras, puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, remarcaron desde la UTT.
La UTT organiza a más de 22 mil familias generadoras de alimentos con producciones frutihortícolas y de crianza de animales, lácteos y agroindustrias de baja escala. Están estructuradas en grupos de base presentes en 18 provincias. «Somos esclavos y esclavas de un modelo tóxico y por eso vamos aumentando cada día las hectáreas en producción agroecológica, sana para la tierra, para quien produce, para quien consume, y libre de trabajo explotado y de las multinacionales», señalan sobre el contexto y los objetivos.
Qué propone el proyecto tres veces olvidado
La norma propone la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar que permita el acceso a un crédito blando a los pequeños productores que carezcan de tierra propia y estén inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) o sus homólogos provinciales. El dinero es para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas.
La iniciativa también impone criterio de selección en función de la equidad de género, el empleo joven, el arraigo y la transición a un modelo de producción de alimentos sanos. “Las mujeres solteras con hijos, los/ las jóvenes, quienes tengan conocimientos previos de producción agroecológica y quienes tengan residencia en el mismo distrito/municipio del predio a adquirir” figuran como prioritarias en uno de los artículos del proyecto.
La selección estará a cargo de un Comité Ejecutivo, señala el texto, dirigido por los ministerios de Interior, Economía, Ganadería y Desarrollo Territorial y Hábitat, además de representantes de la Ansés, la Administración de Bienes del Estado (ABE) y el Inta.
Para cumplir con los objetivos de la norma, las familias productoras que accedan al crédito deberán cumplir con cinco requisitos: residir en el predio adjudicado, trabajarlo en forma personal y familiar, reducir progresivamente la aplicación de agroquímicos –en caso de que no se trate de un proyecto agroecológico en marcha–, mantener la indivisibilidad del predio y no transferirlo por 20 años.
El crédito no solo podrá ser solicitado como crédito familiar, sino de manera colectiva o grupal para la creación de Colonias Agrícolas en tierras fiscales o privadas.
