Para el gobierno de Omar Perotti, la doble sesión legislativa de este jueves fue como un valioso empate de visitante. Al momento del tratamiento de los vetos introducidos por el Poder Ejecutivo sobre las llamadas leyes “anti Sain”, fue una de cal y una de arena para los intereses de la Casa Gris: ambas cámaras rechazaron el veto a la ley que establece nuevas incompatibilidades en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), por lo tanto, esa normativa quedó firme y será promulgada. En cambio, los diputados del Frente Progresista no juntaron el número necesario para rechazar el veto a la ley de control de gastos reservados. De esa manera, se impuso la voluntad del gobierno –que argumentó sobre el riesgo que implica hacer públicos los gastos reservados que se destinan a investigaciones sensibles sobre delitos complejos– y la norma no entrará en vigencia.
En términos políticos, fue un empate con sabor a triunfo para el gobierno de Perotti. Si bien quedaron firmes las nuevas incompatibilidades para los cargos jerárquicos del MPA –una ley a medida de Marcelo Sain, como la calificaron desde el gobierno–, el nuevo reglamento no se aplica en forma retroactiva y por lo tanto no corre riesgo la continuidad del ex ministro de Seguridad en su cargo al frente del Organismo de Investigaciones, al que accedió por concurso en 2018. La otra norma, que imponía entre otros puntos el control legislativo de los gastos reservados vinculados con las políticas de seguridad, había sido vetada por completo por el Ejecutivo y no será puesta en vigencia ya que la Legislatura no logró la mayoría especial que se requiere para rechazar ese veto.
Más allá de los resultados concretos de este jueves, persisten los problemas políticos para el gobierno de Perotti en la Legislatura. En la Cámara de Diputados el Frente Progresista, que tiene mayoría propia, logró sumar a Cambiemos y los bloques “celestes” al momento de la primera votación, lo que dejó en minoría absoluta al bloque del PJ. En el Senado todo sigue igual: en las dos votaciones el bloque Juan Domingo Perdón, que conduce Armado Traferri, votó junto a los senadores radicales en contra del gobierno. Solo apoyaron a Perotti los seis integrantes del bloque Lealtad, pero no pudieron impedir el doble rechazo al veto del Ejecutivo.
Primer tiempo
En primer lugar, el Senado trató el veto del gobernador a la ley que impone nuevos mecanismos de control sobre los gastos reservados de todos los organismos del Estado –el Ministerio de Seguridad, la Policía, el MPA, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y el Ministerio de Gobierno– vinculados con la política de seguridad.
El resultado: 13 votos por el rechazo del veto y seis a favor. De esa manera, el Senado logró la mayoría especial de dos tercios que impone la Constitución y le dio media sanción al rechazo al veto del gobernador Perotti sobre la ley de control de gastos reservados y giró el proyecto a la Cámara baja.
Casi al mismo tiempo, los diputados trataron el otro veto introducido por Perotti, esta vez sobre la ley que establece incompatibilidades para los funcionarios que hayan tenido cargos en el Poder Ejecutivo, de tal forma que no puedan asumir funciones en el MPA hasta que hayan pasado como mínimo un lapso de dos años.
El resultado en la Cámara baja también fue adverso al gobierno: el veto fue rechazado con 37 votos (Frente Progresista, Cambiemos y los bloques “celestes”), hubo tres abstenciones (Agustina Donnet y Rubén Giustiniani del bloque Igualdad y Ariel Bermúdez del partido Creo) y ocho votos negativos, de los diputados del PJ junto a Carlos Del Frade (Frente Social y Popular). También en ese caso se logró la mayoría de dos tercios que impone la Constitución y el tema fue girado al Senado.
Segundo tiempo
El Senado completó el trámite de la Cámara de Diputados y rechazó por 13 votos contra seis el veto a la ley de incompatibilidades para los cargos del MPA. Se expresaron a favor de la ley los senadores del bloque de la UCR-Frente Progresista y los seis integrantes del bloque Juan Domingo Perón que conduce Armando Traferri. En tanto, votaron a favor del veto del Poder Ejecutivo los seis miembros del bloque Lealtad que preside Alcides Calvo y que responde políticamente a la Casa Gris.
Poco después, tras un cuarto intermedio, la Cámara de Diputados trató el veto a la ley de control de gastos reservados. Ahí la votación fue ajustada y el recuento se dificultó debido a los problemas habituales de la virtualidad (en el recinto sólo se encontraban presentes el presidente de la Cámara Pablo Farías junto a sus secretarios).
Como el tema no estaba entre las preferencias de la sesión, los diputados de la oposición que motorizaban el rechazo al veto de Perotti primero tenían que reunir los dos tercios que se necesitan para tratar el tema sobre tablas. No fue posible: sobre un total de 47 presentes, 29 votaron por el tratamiento sobre tablas mientras que otros 18 diputados se expresaron en contra. De esa manera, directamente no se pudo tratar el tema sobre tablas y por lo tanto la oposición no logró imponer el rechazo al veto del Ejecutivo. Así, la ley se cayó y no será promulgada.
La demora al momento del recuento de votos para conocer si había número suficiente para el tratamiento sobre tablas mereció algunos comentarios irónicos por parte de los diputados y las diputadas, que seguían conectados y con los micrófonos abiertos. “Parece la AFA esto”, bromeó uno, recordando aquella insólita votación que terminó 38-38. “Hay más votos que gente”, intercedió otra legisladora. “Hay que encontrar al Chiqui Tapia de acá”, chicaneó un tercer diputado.
Una sí, la otra no
Tras la doble votación, la ley de incompatibilidades para el MPA quedó firme y ahora el gobierno no tiene otra alternativa que reglamentarla y ponerla en vigencia.
Esa normativa había sido interpretada desde la Casa Gris como una ley “anti Sain”, en referencia al ex ministro de Seguridad que había pedido licencia de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del MPA para asumir en el gabinete de Perotti, hasta su renuncia en marzo de 2021. El gobierno lo leyó de esa manera porque entendió que era una ley promovida por el Frente Progresista a medida de Sain para impedirle su regreso al MPA, cosa que finalmente terminó por concretarse a fines de marzo.
Esa norma modifica la ley 13.013 que regula el funcionamiento del MPA. Fue elaborado por los diputados del Frente Progresista Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Fabián Palo Oliver. La ley declara la incompatibilidad, para acceder al cargo de fiscal general, fiscal regional, fiscal de grado o director de cualquier organismo del MPA, de quienes se hayan desempeñado como funcionarios en el área de seguridad, en los últimos dos años, bajo la dependencia de otro poder del Estado.
En cambio, la otra normativa –sobre gastos reservados– no pudo ser ratificada por la Legislatura y por lo tanto no entrará en vigencia. Esa ley tenía por objeto regular los gastos reservados de todos los organismos del Estado (Ministerio de Seguridad, Policía, MPA y Ministerio de Gobierno) y establecía que tenía que haber una rendición, posterior a la investigación en cuestión, ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. Esa ley era impulsada por los senadores Armando Traferri (PJ), Felipe Michlig (UCR-Frente Progresista) y Hugo Rasetto (UCR-Unión Santafesina).
La ley considera como “reservados o especiales” los gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad física de personas relacionadas a dichas investigaciones. Perotti la vetó en forma integral en diciembre de 2020 y no entrará en vigencia.
